Las autoridades continúan desplegando una investigación de gran calado -llevada a cabo por la Sijín de la Policía y el CTI de la Fiscalía General de Colombia- que ha puesto en evidencia una supuesta red de lavado de activos que presumiblemente vincula al humorista Juan Guillermo Zapata Noreña, conocido como Carroloco, con el presunto narcotraficante Rosemberg Sánchez Ahumada, alias Rodrigo.
De acuerdo con la información publicada por Semana, casa periodística que también reveló la noticia sobre el humorista, las autoridades han señalado que ambos individuos estarían presuntamente vinculados con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el Clan del Golfo, una organización criminal que opera en el departamento de Antioquia, luego de que se conociera la interceptación de una llamada, una pista decisiva, como informó el medio.
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Incluso, información proporcionada por el portal informativo El Frente, ya en 2018 habrían comenzado a tejerse algunas sospechas debido a conversaciones interceptadas que habría confirmado un presunto vínculo amistoso, o una “relación de amistad”, entre el humorista y el presunto traficante de estupefacientes.
El caso de Carroloco y sus aparentes vínculos con la estructura armada
La situación ha captado la atención de la opinión pública, aunque había sospechas desde la década anterior. Sin embargo, en el 2022 estas se agudizaron debido a una detención efectuada al humorista por un episodio de violencia contra un funcionario público, el 17 de junio de ese año. Se conoció que los entes de control no ha sido capturado, está en espera de una audiencia de formulación de acusación, que se llevaría a cabo en junio del periodo en curso.
Por su parte, la reseña del director de la Dijín, (la Dirección de Investigación Criminal e Interpol), el coronel Edwin Urrego, se conoció “se utilizó la estrategia de compra y venta de bienes inmuebles” como camuflaje de las operaciones para esquivar a las autoridades.
Los bienes de Carroloco<i> </i>que fueron embargados
Mientras tanto, las indagaciones sugieren que Carroloco habría servido como testaferro para ocultar bienes de alias Rodrigo, valorados en aproximadamente 12 mil millones de pesos (cerca de 3.2 millones de dólares).
Entre los bienes que quedaron bajo la lupa se encuentran apartamentos en Bogotá, una finca tipo hacienda, un parqueadero, y un depósito, elementos que podrían haber sido utilizados para evitar la extinción de dominio de los activos obtenidos mediante actividades ilícitas, pero que estarían a nombre de Zapata.
Como identificó la Unidad Investigativa de El Tiempo, estos dos apartamentos de Bogotá están localizados, el primero, en el barrio El Country -comprado el 23 de agosto de 2023 por 610 millones de pesos-, y el segundo, ubicado en la carrera 68 con calle 5, adquirido por 300 millones de pesos en 2020.
Pero, además, de estas posesiones, otras que se le conocieron a Zapata Noreña fueron el restaurante ‘Don Sincero Café', una marca de café con su imagen, un depósito, un local en San Andresito de San José y negocios en diferentes sectores que complejizan cada vez más el perfil financiero del humorista. Por ejemplo, en 2017 se supo de la incautación de una mercancía procedente de China que no contaba con la documentación adecuada para su importación legal, que estaba en su bodega del barrio Puerto Príncipe, en el centro de la capital.
Las autoridades vigilan a Carroloco<i> </i>y sus movimientos
A raíz de estas acciones, en un trabajo conjunto con la Dian, se lleva a cabo un minucioso análisis de las finanzas de Noreña Zapata desde el año 2017, que incluye la revisión de sus ingresos, gastos, declaraciones de renta y registros bancarios, con el fin de verificar la coherencia entre sus activos anunciados y su adquisición de propiedades. Este esfuerzo busca arrojar luz sobre posibles inconsistencias que evidencien el presunto lavado de dinero.
Por otro lado, alias Rodrigo continúa bajo investigación por cargos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, aunque actualmente se encuentra en libertad por vencimiento de términos. Esto pone de manifiesto las dificultades para retener bajo custodia a individuos acusados de delitos económicos complejos.