Gobierno Petro sigue incrementando la deuda externa de Colombia: en 2024 ya equivale al 54,1% del PIB

La deuda externa comprende los préstamos y obligaciones financieras adquiridas por tanto el sector público como el privado de un país a nivel internacional, destinados generalmente a financiar diversos proyectos y actividades económicas. Dicha deuda se convirtió en un indicador crucial para analizar la salud económica y la sostenibilidad fiscal de las naciones.

Al iniciar el 2024, Colombia vio un notable incremento en esta. Según informó el Banco de la República, alcanzó la cifra de USD198.034 millones, lo que representa un crecimiento del 5,98% en comparación con el mismo período de 2023, cuando se reportaron USD186.854 millones. Este crecimiento resalta la magnitud de los compromisos financieros internacionales del país al comienzo de este año.

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En enero de 2024, el sector público colombiano registró deudas que sumaron USD114.137 millones, lo que equivale a un 31,2% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Por otro lado, el sector privado contabilizó una deuda de USD83.897 millones, representando el 22,9% del PIB. Este último porcentaje mostró una leve disminución comparado con el 23,2% registrado en enero del año previo, lo que evidenció un ligero cambio en la estructura de la deuda externa del país.

Aunque el incremento absoluto en la deuda externa puede parecer alarmante, es importante destacar que, en términos relativos al tamaño de la economía, el aumento ha sido bastante moderado.

Sólo se observó un ligero ascenso de 0,1 puntos porcentuales en la proporción de la deuda externa respecto al PIB, pasando de 54% a 54,1%. Este detalle resalta la importancia de considerar tanto los valores absolutos como los relativos al evaluar la sostenibilidad de la deuda de un país.

Comparando con los datos de cierre del año 2023, donde la deuda externa se situó en USD196.360 millones (el 53,7% del PIB), se aprecia un crecimiento interanual de 0,85%. Este aumento destaca una continua tendencia al alza en los compromisos financieros internacionales de Colombia, pero también una gestión que busca mantener un equilibrio sostenible respecto al tamaño de su economía.

La evolución de la deuda externa de Colombia, con sus implicaciones para el financiamiento del desarrollo y la sostenibilidad fiscal, sigue siendo un tema clave para analistas y responsables de la política económica. La capacidad del país para gestionar estos compromisos, en el contexto de sus necesidades de desarrollo y estabilidad económica, será crucial para su futuro financiero y económico.

Es de anotar que el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo, en el reciente Foro: Presupuesto en Perspectiva, organizado por la Universidad Javeriana, afirmó que “el incumpliendo de la regla fiscal retrasaría aún más la posibilidad de recuperar el grado de inversión. La deuda pública de Colombia aún es muy alta”.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia radicó en el Congreso de la República una solicitud significativa que busca la ampliación del límite de endeudamiento del país hasta por USD17.607 millones. Esta decisión resalta la continuidad de una política de endeudamiento que, desde 1999, ha sumado autorizaciones que alcanzan un monto acumulado de USD70.000 millones (cerca de $271,2 billones de pesos colombianos) hasta la fecha.

“El cupo de endeudamiento actúa como un sistema rotativo”, explicó el ministerio, lo que sugiere que los nuevos desembolsos usarán el espacio disponible dentro del límite previamente autorizado por el Congreso.

Así las cosas, las amortizaciones no solo reducirán el endeudamiento existente sino que también liberarán espacio para futuros préstamos. Este mecanismo rotativo asegura una gestión financiera flexible que se adapta a las necesidades y obligaciones del país.

Dicho pedido de ampliación de endeudamiento es una muestra de la estrategia financiera del país por asegurar los recursos necesarios para impulsar su desarrollo y enfrentar desafíos futuros. Al mismo tiempo, esta solicitud implica un examen detallado del Congreso para evaluar también las condiciones bajo las que se hará este proceso, siempre con el objetivo de preservar la estabilidad económica y financiera de Colombia.