Álvaro Uribe: el efecto ‘bumerán’ que llevó al expresidente de denunciante a denunciado y acusado

En el que es considerado el más duro revés en su lucha en los tribunales, el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez irá a juicio, luego de que el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia Gilberto Iván Villarreal radicó escrito de acusación en contra del exmandatario. Se trata de un caso en el que será imputado con los delitos de fraude procesal y manipulación de testigos, luego de dos intentos por parte de la defensa del político para que precluyera el caso, apoyados en su momento por la Fiscalía.

“A partir de la evidencia física y los elementos materiales probatorios recaudados y estudiados por el despacho al cual correspondió este expediente por reparto hace tres meses, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia radicó escrito de acusación contra el exsenador Uribe Vélez, como presunto determinador de los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal”, se leyó en el comunicado emitido por el ente investigador.

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Es una especie de “efecto bumerán” en el que sus señalamientos se devolvieron en su contra y lo tienen hoy al borde de una determinación judicial posterior, que podría ponerlo en riesgo de sufrir una condena en caso de ser hallado culpable. Toda vez que ambos delitos ameritan, de acuerdo con el Código Penal Colombiano, penas severas que oscilan entre los 6 y 12 años de cárcel; además de multas e inhabilidades para ejercer cargos públicos.

Según explicó la entidad, la decisión del fiscal delegado Villarreal fue adoptada luego de dos solicitudes de preclusión de fiscales diferentes, “que resultaron desestimadas por las jueces penales del circuito competentes”. Estos son Gabriel Jaimes y Javier Cárdenas, que apoyaron la tesis de la defensa del exgobernante, enfocada a que el proceso se desestimara, según se supo, ante la falta de elementos probatorios que relacionaran a Uribe con los referidos punibles.

Con este anuncio, se dio un viraje en las decisiones previas del organismo de investigación, que pasó de respaldar la solicitud de preclusión a vincular a juicio al expresidente: que será el primero que sea llevado ante este tipo de instancias; aunque es válido destacar que, entre 1995 y 1996, el entonces mandatario Ernesto Samper afrontó juicio ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara, por el conocido Proceso 8.000.

“El doctor Álvaro Uribe Vélez, expresidente de la República, contando con apoyo consciente, deliberado y sistemático de múltiples personas, bajo la coordinación, la dirección y con el beneplácito, patrocinio o aval suyo, materializó la estrategia que idearon para lograr testimonios, documentos, y/u otros medios probatorios que dieran cuenta de hechos o situaciones parcialmente cierto(a)s o que no correspondían a la realidad”, se leyó en el documento de acusación.

Pero lo que poco se recuerda a través en las redes sociales, es que este mediático proceso inició, justamente, cuando Uribe Vélez fue en un inicio demandante y no imputado, y denunció al hoy senador del Pacto Histórico Iván Cepeda, al que señaló de estar recogiendo testimonios en su contra para involucrarlo con posibles nexos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), durante su visita a las cárceles de Colombia y Estados Unidos, que generaron alerta en el exmandatario.

Todo empezó el 11 de abril de 2012, día en el que Cepeda –siendo entonces representante a la Cámara– pidió en un debate de control político en la corporación que se investigara al ex jefe de Estado, al igual que a su hermano, Santiago Uribe Vélez, debido a lo que consideraba eran los nexos del expresidente y algunos de sus familiares con el Bloque Metro de las autodefensas; y las reuniones que, según el congresista, se llevaban a cabo en la hacienda Guacharacas.

Estas acusaciones, que fueron alimentadas por parte de Cepeda con testimonios en contra del exmandatario, como el del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, y Pablo Hernán Sierra García, llevaron a Uribe a denunciar el 17 de septiembre de 2014 al representante por manipulación de testigos. Sin embargo, luego de casi cuatro años, el caso cambió de forma radical su curso y el 6 de febrero de 2018 Uribe –en aquella época senador– pasó a ser de denunciante a denunciado.

La determinación tuvo su origen en que, a juicio de la corte, no era Cepeda el que presuntamente estaba manipulando testimonios en el proceso, sino el propio Uribe Vélez, por intermedio de su abogado Diego Cadena, habría ofrecido prebendas para, presuntamente, obtener declaraciones que favorecieran a Uribe. Un año y ocho meses después, el 8 de octubre de 2019, la Corte Suprema vinculó formalmente al expresidente, luego de que este rindiera indagatoria.

No obstante, el episodio determinante en el caso se registró el 4 de agosto de 2020, cuando la Sala de Instrucción de la Corte ordenó medida de aseguramiento domiciliaria, en carácter preventivo, contra Uribe. “La providencia fue adoptada con base en un riguroso estudio jurídico sobre la realidad procesal, que indica posibles riesgos de obstrucción a la justicia”, se alegó en el escrito con el que soportó la decisión, siendo en ese entonces Uribe aun senador de la República.

El proceso en contra de Álvaro Uribe Vélez ha estado marcado por múltiples decisiones y cambios de fiscales a lo largo del tiempo. Luego de que el expresidente renunciara al Congreso, y por ende a su fuero como senador, el caso pasó en septiembre de 2020 a la Fiscalía General de la Nación. En primer lugar, fue asignado a Gabriel Jaimes: un funcionario cuestionado por su supuesta parcialidad debido a conexiones políticas con el uribismo.

Aunque Jaimes intentó cerrar el caso, no logró hacerlo; pues la decisión fue revocada el 10 de octubre de 2020 por la jueza 30 de Garantías, Clara Ximena Salcedo, que criticó en el intento de desviar la atención del proceso. Un capítulo especial en este proceso fue el del el 27 de abril de 2022, día en el que la jueza 28 Penal del circuito judicial de Bogotá, Carmen Helena Ortiz, desestimó la solicitud de preclusión a Jaimes y dijo que la Fiscalía “no ahondó lo suficiente” para esta conclusión.

Posteriormente, Javier Cárdenas, el fiscal tercero delegado ante la Corte y sucesor de Jaimes, también propuso la preclusión del caso, el 10 de octubre: siendo esta propuesta denegada por la jueza Laura Barrera, que el 24 mayo de 2023, quien alegó la existencia de argumentos suficientes para llevar a Uribe a juicio. Pese a la apelación del exmandatario, el Tribunal Superior de Bogotá, el 6 de octubre de 2023, ratificó la decisión de la togada y negó la petición de precluir el proceso.

El caso se ha visto envuelto en controversias relacionadas con la independencia y la imparcialidad de quienes han intervenido en él. Las supuestas conexiones de Jaimes con figuras políticas cercanas a Uribe, como el exprocurador Alejandro Ordóñez y el expresidente Iván Duque, generaron dudas en el manejo del proceso por parte de la Fiscalía; al igual que Cárdenas, al que señalaron de ser ficha del anterior fiscal Francisco Barbosa Delgado.