Así será batalla jurídica que libraría Sanitas tras la intervención de la Superintendencia de Salud

El Grupo Keralty, dueño de Sanitas, podría recurrir a la protección de un acuerdo entre España y Colombia para la protección y promoción de inversiones

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Joseba Grajales el dueño de Keralty - crédito Colsanitas
Joseba Grajales el dueño de Keralty - crédito Colsanitas

El Grupo Keralty, la casa matriz de la EPS Sanitas, no quedó nada contento con la intervención de la Superintendencia de Salud y anunció a través de un comunicado que está analizando las acciones legales a tomar frente a lo que considera una arbitrariedad.

“Estamos analizando las acciones a tomar para hacer cesar la arbitrariedad del acto de intervención, recuperando la administración de EPS Sanitas en beneficio de nuestros afiliados, colaboradores y del país”, se puede leer en la comunicación del grupo español.

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Sanitas fue intervenida de manera sorpresiva ante las deudas que mantiene - crédito EFE
Sanitas fue intervenida de manera sorpresiva ante las deudas que mantiene - crédito EFE

De tal manera que lo que le esperaría a la Superintendencia sería toda una batalla jurídica que pasaría a los estrados internacionales. Así se lo explicó David Araque, socio de la firma Gómez Pinzón, a Semana. “Al final del día estas medidas que toma el Gobierno son expropiatorias, le impiden disfrutar de su inversión y obtener los réditos que estaba esperando por una medida que podría considerarse arbitraria de parte del Ejecutivo”, señaló el experto.

Araque explicó que Colombia tiene un acuerdo con España para la promoción y protección de inversiones, por lo que los socios de Keralty podrían iniciar una acción derivada de la violación de ese acuerdo y activar esas protecciones bajo el amparo del tratado.

Esa demanda de arbitraje internacional tendría que ser instaurada ante la Uncitral (de Naciones Unidas) o el Ciadi. Pero ese proceso duraría alrededor de cuatro años y exige una etapa inicial de seis meses para que las partes lleguen a un acuerdo. De no lograrlo, se acudiría a un arbitraje de inversiones. “Ese tribunal internacional no le va a impedir al Gobierno hacer lo que está haciendo. Lo que sí va a lograr es que se le compensen a los afectados todos los daños y perjuicios ocasionados con ese tipo de medidas”, indicó Araque.

El Grupo Keralty es el dueño de Sanitas - crédito REUTERS
El Grupo Keralty es el dueño de Sanitas - crédito REUTERS

El español Joseba Grajales, presidente global de Keralty, expresó por medio de un video compartido en redes sociales y a los trabajadores de Sanitas su descontento por la medida de la Superintendencia de Salud colombiana.

“Quiero expresar mi profunda consternación por la injusta intervención a la que nos estamos enfrentando debido a la actuación del Gobierno contra nuestra querida EPS Sanitas”, dice en el corto y añade: “En estos momentos de incertidumbre quiero recordarles que ustedes son parte inseparable de nuestra familia, es por eso que la situación nos duele profundamente, ya que sabemos que nunca debían haber sido sacados de nuestro hogar, o sea de nuestra familia Keralty”.

Prosigue el empresario vasco manifestando: “Quiero que sepan que nuestro principal objetivo en este momento es revertir esta situación injusta y devolverlos a casa, donde siempre han pertenecido y de donde nunca debieron ser separados”.

Por lo cual, aseguró que en el Grupo Keralty “estamos trabajando incansablemente para resolver este desafío y conseguir que se aplique la ley por todas las instituciones del país, cosa que confiamos”.

Joseba Grajales

KPMG Law Colombia le explicaron al medio mencionado que los acuerdos de inversión que el país ha firmado, incluyendo tratados de libre comercio y tratados bilaterales de inversión, establecen estándares para la protección de los inversores y sus inversiones en Colombia, tales como las obligaciones de otorgar un trato justo y equitativo, además de la prohibición de expropiar (ya sea de manera directa o indirecta) sus bienes.

“En este sentido, es sensato considerar que inversionistas inicien los procesos de reclamación ante los distintos foros internacionales competentes como el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) en el que se alegue el desconocimiento o quebrantamiento a los estándares de protección de inversiones derivados de la imposición de medidas que puedan llegar a ser discriminatorias, arbitrarias e irrazonables”, le dijeron a Semana en una comunicación.

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