La procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco, cuestionó las decisiones que ha tomado el Gobierno nacional respecto a las EPS, entidades encargadas del aseguramiento en salud en Colombia. La jefa del ente disciplinario sostiene que no se han articulado las acciones entre las instituciones y que podría generarse una crisis.
Una de las preocupaciones que han encendido las alertas de la Procuraduría es que, en concepto de Cabello, las intervenciones de EPS no habrían tenido la preparación institucional necesaria para evitar afectaciones en la prestación de los servicios.
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La procuradora reconoce que estas acciones se han adelantado en todos los gobiernos anteriores, pero señala que en esas ocasiones había un proceso previo en el que se articulaban las instituciones para garantizar los derechos de los usuarios, una diferencia con la actual administración de Gustavo Petro.
“No solo en el gobierno de Duque, sino en otros gobiernos también existieron intervenciones y vigilancia de la Procuraduría General. La diferencia es que se trabajó con el apoyo coordinado de la Supersalud. Las medidas no fueron intempestivas, estaban precedidas de medidas previas, planes de acompañamiento, vigilancia, debido proceso y garantías”, aseguró Cabello a El Tiempo.
Luego de las intervenciones de Nueva EPS y Sanitas, esta última que radicó una queja ante el ente disciplinario, desde la Procuraduría se dispuso a crear una agencia especial de intervención preventiva que hará seguimiento a las evaluaciones técnicas, jurídicas y financieras para que la Superintendencia de Salud tome el control de sus entidades vigiladas.
Para Cabello, el Gobierno nacional ha tomado medidas que han deteriorado el sistema, debido a que en los últimos dos años han registrado un incremento de tutelas, quejas de todos los actores que han prendido alertas sobre la salud de los afiliados.
“Con estas medidas y con lo que ha venido ocurriendo desde finales de 2022, todo el 2023 y lo que va de este año –por ejemplo, con el no pago de los presupuestos máximos, el no atender las solicitudes de los diferentes actores, entre otras decisiones– se viene poniendo en riesgo la garantía de los derechos fundamentales a la salud de los colombianos”, agregó la procuradora.
Según Cabello, desde el Ministerio Público han tenido que hacer varios esfuerzos para que el sistema de salud no colapse, por lo que reiteran los llamados de la Corte Constitucional para que el Gobierno nacional mejore las condiciones y garantice la sostenibilidad financiera de los prestadores de salud. De lo contrario, advierte la procuradora, “podríamos estar en una crisis más grave que la del 2008″.
Para la jefa del ente disciplinario, las dificultades de las EPS responden a “fallas estructurales del sistema”, principalmente a causa de pagos no oportunos. Sostiene que esas entidades, incluso Nueva EPS y Sanitas, han cumplido con sus funciones y han respondido positivamente ante las quejas que ha recibido la Procuraduría.
A raíz de la intervención de Sanitas, la Procuraduría abrió una investigación en contra del superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, para evaluar todas las razones por las que decidió tomar el control administrativo de la entidad “de manera inmediata” y verificar que cumplan con los requisitos de la normativa.
“La preocupación de la Procuraduría es que la experiencia de años anteriores nos da como resultados es que las EPS intervenidas, el paso siguiente ha sido su liquidación. Por tanto, no queremos que, si llegara a ser adecuado el acto administrativo de intervención forzosa, vayamos a ese camino porque son 17 millones de afiliados los que están en juego, es la salud de los colombianos”, afirmó Cabello a Caracol Radio.
La procuradora advirtió que el agente interventor nombrado en cada EPS no es subordinado del ministro de Salud ni del superintendente. Ese funcionario, sostuvo, debe trabajar “con la misma línea” que traía la entidad para superar las razones de su intervención y tratar de salvarla.