Desde hace varios días, el Instituto de Medicina Legal está a la espera de que familiares o conocidos se presenten para reclamar el cuerpo de una mujer que fue ingresado el 27 de abril. Este fue hallado el martes 26 en una zona rural de la vereda El Tunal, en el municipio de Santa Fe de Antioquia, presentando múltiples heridas por arma de fuego, incluyendo disparos en el rostro.
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La identificación del cadáver la mujer rubia de ojos claros, de aproximadamente 50 años, representó un desafío significativo para las autoridades debido a la ausencia de documentos identificativos y al hecho de que la víctima tenía un disparo en el rostro, lo que complicaba aún más el proceso.
Pero no fue hasta que se examinaron los tatuajes que tenía para definir que era el cuerpo de una importante exparamilitar. Se trata de Marlevis de la Cruz Reyes Castillo, mejor conocida con los alias de ‘Sandra’ o ‘La Mona’, una ficha clave de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC.
La mujer que integró el Bloque Mineros de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) fue comandada por alias Cuco Vanoy, hasta que finalmente se desmovilizó en el 2006. Pese haberse sometido al modelo de Justicia y Paz continuó delinquiendo hasta que en el 2010 fue nuevamente capturada en medio de la operación ‘Florero’ en contra de una banda criminal que tenía azotado el Urabá antioqueño.
Vale resaltar que cuando un cadáver no es reclamado el proceso a seguir está estipulado por normativas legales y sanitarias que priorizan el respeto y la dignidad hacia los restos humanos. Medicina Legal realiza esfuerzos por identificar a la persona fallecida a través de exámenes físicos, dactiloscópicos (huellas dactilares) y odontológicos, entre otros métodos. Si tras un período determinado, que puede variar según la normativa local y la capacidad de almacenamiento de las instalaciones forenses, no se logra la identificación o no aparecen reclamantes, se procede al entierro del cuerpo en una fosa común.
Qué fue el modelo de Justicia y Paz
El modelo de Justicia y Paz en Colombia se refiere a la Ley 975, aprobada en 2005, conocida como la Ley de Justicia y Paz. Este marco legal fue diseñado para facilitar el proceso de desmovilización, desarme y reintegración a la vida civil de los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, especialmente dirigido a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un grupo paramilitar. La ley buscaba equilibrar la necesidad de justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, con incentivos para la desmovilización de combatientes.
La Ley de Justicia y Paz establecía el marco para que los excombatientes que se acogieran a ella confesaran sus crímenes, repararan a las víctimas y entregaran información relevante sobre las estructuras y operaciones de sus grupos armados. A cambio, recibirían beneficios judiciales, como reducciones significativas en sus condenas, que podían ir de 5 a 8 años de prisión, en contraposición a las penas que enfrentarían en la justicia ordinaria.
Este modelo introdujo procedimientos judiciales especiales, incluyendo la creación de unidades de fiscalía y salas de justicia dedicadas a los casos de Justicia y Paz, encargadas de verificar la veracidad de las confesiones y la adecuación de las reparaciones ofrecidas a las víctimas. Uno de los elementos centrales de este proceso era el principio de contribuir a la verdad histórica, brindando a las víctimas y a la sociedad una comprensión más clara de los conflictos y atrocidades vividas.
A pesar de sus objetivos, la implementación de la Ley de Justicia y Paz enfrentó críticas y desafíos, entre ellos, la lentitud de los procesos, limitaciones en la capacidad del Estado para llevar a cabo las investigaciones y juzgamientos, así como en la verificación de la información proporcionada por los desmovilizados. También se cuestionó la eficacia en la reparación integral a las víctimas y la persistencia de estructuras armadas ilegales en algunas regiones del país.
*Esta nota fue hecha con ayuda de inteligencia artificial
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