Las tensiones en Colombia vuelven a aumentar tras el reciente comunicado difundido en redes sociales por las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), donde anuncian su intención de atacar nuevamente a la fuerza pública y a las Fuerzas Militares. Este comunicado, cargado de reproches y acusaciones, advierte a la población civil que se mantenga alejada de patrullas, batallones y estaciones de policía para evitar ser blanco de posibles enfrentamientos.
“Con profundo dolor de patria debemos informar al pueblo de Colombia que, dadas las condiciones actuales en que el gobierno ha priorizado las acciones militares en contravía del diálogo civilizado, nos vemos en la obligación de tomar medidas para proteger a nuestras unidades y al pueblo colombiano”, se lee en el comunicado de las disidencias.
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Las palabras de las disidencias denuncian lo que perciben como una escalada de agresiones por parte de las Fuerzas Militares colombianas, acusándolas de coordinar operativos con fuerzas paramilitares y de haber violado el cese de fuego pactado anteriormente. Según el comunicado, estos ataques resultaron en bajas y heridos entre sus filas, lo que llevó a la toma de acciones defensivas por parte de las disidencias.
“Incluso después de hacer las denuncias correspondientes ante un Gobierno con oídos sordos, y frente al clamor de la población civil, nos ha tocado proceder a dar golpes contundentes a las Fuerzas Paramilitares, como sucedió en el departamento de Nariño”, continúa el comunicado. “Tarea que deberían estar haciendo las Fuerzas Militares”.
En el texto, las disidencias también arremeten contra el Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, acusándolo de perpetuar la guerra y de no priorizar el diálogo como vía para resolver los conflictos. Las disidencias señalan que, a pesar de sus esfuerzos por construir una paz con justicia social, la respuesta del Gobierno ha sido la agresión militar, lo que cerró las puertas al diálogo.
“Por parte del Gobierno, debería terminar con los ataques, no dar la oportunidad a los enemigos de la paz y de su gobierno para agudizar la guerra”, declaran las disidencias en su comunicado. “Pero en contra de toda lógica, no solo han seguido con los ataques generalizados, insultos a la comandancia; además, ordena operativos contra el área del Bloque Occidental Jacobo Arenas y Bloque Central Isaías Pardo y demás unidades a nivel nacional”.
Ante la escalada de tensiones, las disidencias hacen un llamado a la solidaridad y piden a la población civil que se mantenga alejada de las instalaciones militares y de la fuerza pública para evitar ser involucrados en posibles enfrentamientos.
“Les pedimos a los ciudadanos en territorio nacional que no estén cerca de patrullas militares, batallones, estaciones de policía o cualquier otra unidad armada del Gobierno”, advierten las disidencias. “Lo que menos queremos es que en esta guerra fratricida que nos han impuesto caigan civiles”.
Asimismo, las disidencias comunicaron al presidente de la República la importancia de reinstaurar el acuerdo de cese al fuego bilateral.
“A Petro le decimos que solo con el silencio de las armas nos podemos escuchar y para esto es necesario restablecer el cese de fuego bilateral temporal y de carácter nacional”, se lee en el comunicado difundido en redes sociales por las disidencias de las Farc.
Suspensión del cese al fuego bilateral por parte del Gobierno con las disidencias de las Farc
El 18 de marzo de 2024, el Gobierno de Colombia anunció la suspensión del cese del fuego bilateral en tres departamentos del país en respuesta a un ataque perpetrado el sábado por presuntos miembros del grupo disidente conocido como Estado Mayor Central (EMC), una facción disidente de las desmovilizadas Farc, según informó la Presidencia en un decreto.
La decisión gubernamental llega después de un violento incidente contra una comunidad indígena en el departamento del Cauca, ubicado en el suroeste del país, donde resultó fallecida una persona identificada como Carmelita Yule Pavi y varios individuos resultaron heridos, según reportes de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario de Colombia.
El presidente Gustavo Petro expresó su condena ante el ataque a través de sus redes sociales, al señalar que el EMC no mostró interés en un proceso serio de paz desde el inicio. “Debí reconocer que diferentes frentes del EMC en otras partes del país fueron más respetuosos con hacer el proceso de paz”, añadió Petro.
El mandatario colombiano calificó el ataque armado como un “crimen contra la humanidad” que debe ser juzgado como tal. El acuerdo de cese del fuego entre el Gobierno y el EMC fue anunciado en octubre de 2023, pero la escalada de violencia llevó a la suspensión de esta medida en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca.