Defensores públicos en Colombia tendrán un incremento del 5.38% en sus honorarios

La medida, anunciada por la Defensoría del Pueblo, empezará a regir a partir del 1 de julio de 2024

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Defensores públicos prestan en todo el territorio nacional asistencia técnica y representación judicial y extrajudicial a las personas que tienen imposibilidad social o económica de acceder a esos servicios - crédito Defensoría del Pueblo
Defensores públicos prestan en todo el territorio nacional asistencia técnica y representación judicial y extrajudicial a las personas que tienen imposibilidad social o económica de acceder a esos servicios - crédito Defensoría del Pueblo

El defensor del Pueblo, Carlos Carmargo Assis, hizo un anuncio importante que beneficiará a los más de 4.000 defensores públicos que ejercen su labor en el país. Se trata de un incremento en los honorarios de estos funcionarios, con el fin de incentivar la labor de quienes se encargan de divulgar los derechos humanos y promover políticas públicas encaminadas a defenderlos.

Así las cosas, el incremento anunciado será del 5.38%, medida que empezará a regir desde el primero de julio de 2024.

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“Cumpliendo nuestro compromiso con la dignificación de las defensoras y los defensores públicos que desempeñan diariamente su labor en beneficio de la justicia y los derechos de los colombianos más vulnerables, anunciamos el incremento del 5.38% en sus honorarios a partir del próximo 1 de julio y hasta el 31 de diciembre del 2024″, informó Carlos Camargo Assis, en la clausura del Segundo Encuentro Nacional de Defensoras y Defensores Públicos.

Desde Paipa (Boyacá), una de las seis ciudades donde tuvo lugar en simultánea el gran evento, el funcionario destacó que la labor en la defensa de los derechos humanos es esencial para la construcción de un país más justo y equitativo, la misma que ejercen las defensoras y los defensores públicos.

“Proveeremos a nuestras defensoras y nuestros defensores públicos las herramientas necesarias para que sea incorporado el enfoque de género en todas sus acciones”, detalló Carlos Camargo Assis - crédito Defensoría del Pueblo
“Proveeremos a nuestras defensoras y nuestros defensores públicos las herramientas necesarias para que sea incorporado el enfoque de género en todas sus acciones”, detalló Carlos Camargo Assis - crédito Defensoría del Pueblo

“Durante estos tres años y medio de gestión hemos realizado acciones para fortalecer el importante trabajo hecho por nuestros defensores públicos, entre las que destacamos los espacios académicos, como el encuentro nacional (...), con el fin de debatir temas de actualidad jurídico-procesal que hagan más fuerte, cada día, la defensa técnica de los más necesitados en el territorio colombiano”, indicó Camargo Assis.

Adicionalmente, mencionó la ampliación de la capacidad instalada en cada una de las 42 Regionales de la entidad, pasando de 3.853 defensoras y defensores públicos que se recibieron en el 2020, a su pico más alto a finales de 2023 con 4.262. Es decir, el incremento fue del 10.6%.

De acuerdo con la entidad, los defensores públicos prestan asistencia técnica y representación judicial y extrajudicial a las personas que tienen imposibilidad social o económica de acceder a esos servicios. Tienen a su cargo poco más 252.000 procesos penales y cerca de 403.000 procesos en representación judicial de colombianos y quienes habitan el país en lo relacionado con Justicia y Paz, infancia y adolescencia, género, restitución de tierras, conflicto armado interno, feminicidio, otras formas de violencias contra las mujeres, entre otros temas.

“Es necesario adoptar el enfoque de género para asegurar el acceso equitativo a la justicia”: Defensoría

Para el defensor del Pueblo, es importante que sean reconocidas las diversas realidades a las que se enfrentan las mujeres y aseguradas tanto las respuestas judiciales que atiendan la violencia visible como otra serie de dinámicas que originan desigualdad e injusticia en el país - crédito Defensoría del Pueblo
Para el defensor del Pueblo, es importante que sean reconocidas las diversas realidades a las que se enfrentan las mujeres y aseguradas tanto las respuestas judiciales que atiendan la violencia visible como otra serie de dinámicas que originan desigualdad e injusticia en el país - crédito Defensoría del Pueblo

Durante ese mismo evento, Carlos Camargo Assis resaltó la deliberación, aprendizaje e intercambio de experiencias sobre importantes temas que gravitan en torno a la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas y la inclusión de la perspectiva de género en la administración de justicia.

“Es necesario adoptar el enfoque de género para asegurar el acceso equitativo a la justicia. ¿Por qué? Porque el fin es que sean reconocidas las diversas realidades que enfrentan las mujeres y se aseguren no solo respuestas judiciales que atiendan la violencia visible, sino también otras dinámicas que originan desigualdad e injusticia”, aseguró.

El defensor también aprovechó el espacio para decir cómo, en un esfuerzo institucional, fue consolidada la estrategia de los laboratorios forenses de evidencia digital en siete ciudades del país, “lo que permite contar con las herramientas eficientes e idóneas para garantizar el pleno e igual acceso a la administración de justicia en materia penal”.

Los defensores públicos en Colombia tienen actualmente a su cargo 252.300 procesos penales y 402.656 procesos en representación judicial de víctimas en lo relacionado con Justicia y Paz, infancia y adolescencia, víctimas de género, restitución de tierras, víctimas del conflicto armado interno, feminicidio, entre otros - crédito Defensoría del Pueblo
Los defensores públicos en Colombia tienen actualmente a su cargo 252.300 procesos penales y 402.656 procesos en representación judicial de víctimas en lo relacionado con Justicia y Paz, infancia y adolescencia, víctimas de género, restitución de tierras, víctimas del conflicto armado interno, feminicidio, entre otros - crédito Defensoría del Pueblo

Camargo Assis finalizó señalando que reconocer la importancia de la labor de las mujeres en la justicia, “permite afianzar los instrumentos legales y jurisprudenciales que incorporan a la práctica judicial una sólida perspectiva de género; además, tiene presente las especiales condiciones de riesgo o vulnerabilidad de las víctimas de violencia”.

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