En la tarde del sábado 6 de abril, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC) emitió un comunicado con el que se pronunció sobre la actual crisis que enfrenta el sistema de salud por cuenta de las recientes decisiones del Gobierno, entre ellas, la imposición de medidas administrativas forzosas de intervención a Sanitas y Nueva EPS.
El gremio científico, que agrupa 69 asociaciones, sociedades y colegios de especialistas médicos del país, expresó su preocupación al respecto, asegurando que estas medidas afectan de manera directa el derecho fundamental de la salud, los derechos laborales y el ejercicio de sus profesiones.
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El presidente de la Asociación Científica, Guillermo Agamenón Quintero, aseguró que desde antes de la radicación de la reforma a la salud que fuera archivado recientemente, la ACSC ha venido advirtiendo que, aunque es necesaria la reforma del sistema de salud colombiano, “esta debe reconocer y conservar las bondades del actual sistema, por lo cual a través del presente escrito invitamos al Gobierno nacional a trabajar sobre esta estructura, la cual se ha reconocido como su columna vertebral”.
Sobre la decisión del Gobierno de intervenir las Entidades Promotoras de Salud (EPS), la asociación consideró que, “en los actos administrativos emitidos (...) se evidencian posibles vacíos jurídicos que, eventualmente, pueden traer consecuencias jurídicas (...) y que afectan de manera seria el sistema de salud y la prestación del servicio”.
Además, asegura que los pronunciamientos que ha utilizado el Gobierno para argumentar sis decisiones sobre el sistema de salud y la prestación del servicio, “lejos de dar esa seguridad jurídica, nos dejan inquietudes que requieren ser resueltas de manera inmediata”. La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas estima que no existe claridad de como el Estado va asumir la prestación de servicios en los distintos niveles de atención, pues las decisiones del Gobierno “no entregan la seguridad que se requiere con relación a la prestación continua y oportuna para los pacientes a quienes no se les deben interrumpir sus tratamientos y menos a aquellos pacientes con enfermedades ruinosas”.
El otro actor del sistema que exige claridad en sus condiciones es el talento humano en salud, como fue advertido, a través de un derecho de petición enviado al superintendente de Salud Luis Carlos Leal, el pasado 3 de abril. Lo anterior, ante la preocupación del gremio que ha evidenciado que la primer medida que se toma en las intervenciones y posteriores liquidaciones de las EPS, es la terminación de los convenios con los prestadores y consecuentemente la terminación de los contratos laborales y de prestación de servicios, con el talento humano en salud.
La anterior situación se agrava teniendo en cuenta el hecho de que, cuando se toman este tipo de medidas, las deudas con el talento humano en salud son las últimas es pagarse, “desconociendo la obligación inmediata que tienen los pagos laborales y la puesta en riesgo de los derechos fundamentales y laborales de los trabajadores de la salud”, señaló la ACSC.
La falta de atención en este punto asegura la asociación “generará no solo la puesta en peligro de nuestro derecho a la vida digna, sino que ahondará la crisis generando un espiral de decadencia que afectará, por obvias razones, al sistema de salud, sus actores y el correcto ejercicio del derecho fundamental a la salud”.
Por último, para la ACSC se tiene de establecer una UPC producto de análisis juiciosos y que obedezca a las necesidades del sistema, sin ser sometidas a especulaciones. De igual manera, se requiere una manual tarifario actualizado y que el Gobierno comprenda la necesidad que las sociedades científicas participen de manera efectiva en la elaboración de este manual, lo cual lo hemos expuesto en distintos escenarios.