En una decisión de apelación, la sanción inicial ha sido ratificada por la Procuraduría General de la Nación contra el ex magistrado auxiliar de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, identificado como Camilo Andrés Ruiz. Esta consiste en su destitución e imposición de una inhabilidad para ocupar cargos públicos durante un periodo de 18 años.
La razón detrás de esta severa medida es la implicación de Ruiz en la controversial red conocida como el ‘cartel de la toga’, mediante la cual se comprobó que recibió remuneraciones económicas con el fin de obstruir y prolongar indebidamente procesos judiciales durante el lapso de dos años, específicamente de 2015 a 2017.
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Sobre este caso el Ministerio Público de igual manera confirmó que, la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento confirmó que el funcionario en cuestión aceptó pagos a cambio de actuar de forma indebida, ejecutando acciones opuestas a sus responsabilidades profesionales como el retraso de trámites, la gestión de postergaciones en la ejecución de pruebas y el impedimento de la toma de decisiones desfavorables hacia los sujetos bajo investigación.
Es por ese motivo que, la entidad fiscalizadora estableció como verídicos los cargos, evidenciando que el comportamiento del sujeto disciplinado violó el principio de probidad inherente a la función pública, al inmiscuirse de manera ilegal en indagaciones penales, entre ellas, las llevadas a cabo contra los excongresistas Argenis Velásquez Ramírez y Milton Córdoba Manyoma.
En este momento del proceso, el Ministerio Público desestimó las solicitudes de nulidad introducidas y, en su lugar, ratificó íntegramente la sentencia dictada en primera instancia. Así, las infracciones imputadas al exmagistrado auxiliar se determinaron de forma definitiva como extremadamente graves y realizadas de manera intencional.
El antiguo colaborador cercano del magistrado Gustavo Malo, selló un preacuerdo en 2020 con la entidad acusatoria para aceptar una pena de cinco años de prisión por su implicación en la red de corrupción. Ruiz obtuvo un soborno de $200 millones de parte del exfiscal Moreno, en su etapa como abogado defensor del exlegislador del Chocó, Nilton Córdoba.
Estos fondos buscaban que Ruiz manipulara el proceso en la Corte, “demorando el avance de dos expedientes que estaban bajo su responsabilidad, posponiendo pruebas sin justificación, y alargando el proceso de los casos contra su cliente”, según lo declarado por la Procuraduría.
Por otro lado, en relación con el caso del “cartel de la toga” la Corte Suprema de Justicia resolvió que cuatro de sus jueces se encuentran inhibidos para conocer y emitir fallos sobre los recursos de casación presentados por la defensa de Francisco Ricaurte, quien busca modificar la sentencia recibida en primera instancia. Esta decisión se da dentro del marco del proceso judicial que se lleva a cabo en su contra, por las acusaciones de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer y manejo indebido de información oficial privilegiada.
Durante su periodo como magistrado de la Corte Suprema entre 2013 y 2016, Ricaurte se vio involucrado en un caso que implicaba manipulación de expedientes judiciales relacionados con los excongresistas Álvaro Ashton y Musa Besaile, así como el exgobernador del Valle, Juan Carlos Abadía. Este conjunto de actos corruptos fue denominado como el Cartel de la Toga.
La Corte Suprema detalló que la organización delictiva buscaba y empleaba datos confidenciales, retrasaba procedimientos y manipulaba pruebas para lograr fallos que parecieran legales, beneficiando así a sus “clientes” y a aquellos que se beneficiaban del tráfico de influencias.
El 15 de diciembre de 2021, Ricaurte recibió una condena de 16 años de prisión. Actualmente, el fiscal 3 delegado ante la Sala Plena de la Corte y el abogado del exmagistrado han presentado un recurso de casación contra esta sentencia, el cual está siendo procesado.
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