Por qué el Gobierno Petro intervino la EPS Sanitas: esto dice la resolución

La Superintendencia de Salud tomó el control administrativo de los bienes, haberes y negocios de Sanitas EPS a partir del 2 de abril de 2024. Según la resolución en la que se ordenó la intervención forzosa hubo varias razones detrás de la decisión, entre ellas el incumplimiento de las reservas técnicas y la insatisfacción de los pacientes.

El documento expedido por la entidad señala que de acuerdo con el Decreto 780 de 2016, la Superintendencia podrá tomar medidas sobre las empresas vigiladas ante el “incumplimiento de las condiciones financieras y de solvencia allí previstas”.

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En ese sentido, según dice el documento, la Delegada para las Entidades de Aseguramiento en Salud presentó un informe el 2 de abril de 2024 respecto al concepto técnico de EPS Sanitas en el que se establecieron varias conclusiones que llevaron a ordenar la intervención forzosa de la entidad.

“En cuanto a los tres indicadores de condiciones financieras y de solvencia evaluados se identifica que la EPS únicamente presenta incumplimiento del indicador de Patrimonio Adecuado para el cierre de la vigencia 2023. Frente al Capital Mínimo, Sanitas cumple este indicador en todas las vigencias evaluadas. Finalmente, respecto del indicador de Régimen de Inversiones de la Reserva Técnica, la entidad no cumple desde el cierre de la vigencia 2020 a 2023″, dice la resolución.

De acuerdo con el documento, la misma funcionaria había recomendado el día anterior, en la sesión del Comité de Medidas Especiales, que se tomara la posesión inmediata a de la EPS, debido a que lo encontrado en el informe técnico ponía en riesgo la prestación de servicios a los usuarios.

“Los resultados del indicador de siniestralidad PBS financiada con la UPC del Régimen Contributivo y la Movilidad del Régimen Subsidiado entre el cierre de la vigencia 2019 a 2023 aumentó en 11%, pasando del 92,9% al 103,9%”, señaló ese informe. Es decir que se encontraba en déficit para cumplir con la atención de los pacientes.

A esto, el informe técnico agregó que con corte a enero de 2024 se registró un aumento de reclamaciones por parte de los usuarios que registró 15.070 quejas únicamente en ese periodo, por lo que la EPS alcanzó una tasa de 26.07. Sin embargo, en el comunicado oficial señalaron que la tasa de incidencia de 321.25 por cada 10.000 afiliados.

“Dichas situaciones se ven directamente reflejadas en la vulneración de los derechos de los afiliados y en el incumplimiento de las funciones indelegables de aseguramiento, lo cual tiene incidencia en la facultad que tiene la Superintendencia Nacional de Salud de ordenar la toma de posesión a los sujetos vigilados, de acuerdo con lo establecido en el régimen del EOSF”, dice la resolución.

De acuerdo con el documento, el informe técnico con las conclusiones señaladas reveló una “debilidad en el cumplimiento de los estatutos y la organización de la entidad”, debido a que se estableció que solo ejecutó el 28.6% de los estándares evaluados.

“La prestación efectiva de servicios y tecnologías en salud muestra solo un 25% de cumplimiento y la red de prestadores de servicios de salud muestra un 0%”, se lee en el documento de la Superintendencia, por lo que se concluye que “hay deficiencias significativas en la cobertura o en la calidad de la red”, que de continuar implicarían la afectación grave para la atención de los usuarios.

Así mismo, en la resolución se establece que Sanitas faltó a la obligación de pago de la red prestadora y proveedora de servicios y tecnologías en salud. La Superintendencia sostiene que la EPS tiene, a diciembre de 2023, una deuda de más de dos billones de pesos con las IPS.

Para la entidad de vigilancia, esa deuda no solamente pone en riesgo la sostenibilidad de Sanitas, sino de las otras entidades acreedoras. A estos se suma que el índice de siniestralidad se ha mantenido por encima del 100%, por lo que costos de salud de la EPS, frente a los ingresos operacionales, no son equilibrados.

Durante un año, la Superintendencia asumirá la dirección administrativa de la entidad para buscar corregir los errores que ocasionaron la crisis de la entidad, sin embargo la resolución señala que al terminar ese plazo, de no subsanarse las dificultades, deberá ordenarse su liquidación.