Él es Duver Dicson Vargas, el interventor designado por la Superintendencia de Salud para administrar Sanitas

Ante las grandes deudas que acumula la EPS Sanitas, que ya superan los dos billones de pesos, y debido a la crisis financiera por la que atraviesa, la Superintendencia de Salud tomó la decisión el martes 2 de abril de llevar a cabo una intervención forzosa administrativa.

Eso significa que el presidente de la entidad, Juan Pablo Rueda, su revisor fiscal y la junta directiva, fueron suspendidos. Quien tomará las riendas será el interventor independiente designado por la Superintendencia, Duver Dicson Vargas Rojas.

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“Hemos designado un agente interventor que, entre otras cosas, es importante destacar que ha tenido intervenciones previas de manera exitosa y que viene de recuperar hospitales públicos que hoy prestan un servicio de calidad a la ciudadanía”, dijo el superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, sobre el interventor.

El superintendente aseguró que la medida regirá por un año con el fin de corregir los problemas administrativos de la entidad, asegurando que el servicio para los 5,7 millones de usuarios en ningún momento se verá interrumpido.

Actualmente y desde 2022, Vargas se viene desempeñando como agente especial en el proceso de intervención del hospital Rosario Pumarejo de López en la ciudad de Valledupar. También fue interventor del hospital regional de San Marcos, que es de segundo nivel, y pasó por las subgerencias administrativas de los hospitales de Villavicencio y San José del Guaviare.

De acuerdo con el portal Cambio, su nombre aparece en el registro de agentes interventores, liquidadores y controladores desde hace varios años, incluso, desde antes de la presidencia de Gustavo Petro.

Vargas Rojas es economista y especialista en administración en salud. Tendrá la responsabilidad de administrar los bienes, haberes y negocios de Sanitas durante el año que dure la intervención. La EPS no solo tiene serios problemas financieros, sino que es líder en quejas por déficit de atención.

Para tan importante tarea no estará solo, pues contará con el acompañamiento de una junta del agente interventor que estará conformada por los cinco principales acreedores de la EPS Sanitas. “Esto nos va a permitir tender una comunicación entre las aseguradoras y los agentes prestadores de la salud con el ánimo de proteger el derecho fundamental a la salud”, explicó el superintendente sobre la junta.

El interventor tendrá un examen el próximo 14 de abril, en el que deberá rendir cuentas de su labor administrativa en el Hospital Rosario Pumarejo de López. El propio agente destacó que bajo la gestión de Vargas la institución se recuperó financieramente, pagó su deuda, logró estabilidad laboral y mejoró su infraestructura.

Tras completar el año de intervención sobre Sanitas, la Superintendencia evaluará si se han superado los hallazgos identificados. Si la respuesta es afirmativa, se finalizará la medida y la administración será devuelta a la EPS. De no ser así, el organismo regulador procederá con la liquidación.

La Superintendencia de Salud ha tomado una medida decisiva para garantizar el bienestar y proteger los derechos de atención médica de más de cinco millones de ciudadanos afiliados a EPS Sanitas. En este sentido, Luis Carlos Leal, director de la entidad, enfatizó que la implementación de una intervención administrativa no significa la interrupción de los servicios de salud ni exige a los afiliados realizar trámites adicionales. “Deben tener la certeza de que las funciones de la EPS van a continuar y no tienen que incurrir en ningún trámite administrativo o burocrático”, comunicó Leal.

Subrayando la importancia de esta intervención, el Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, destacó el propósito de la medida: “La intervención tiene como fin atender lo más pronto posible los problemas de la EPS, especialmente para beneficio de los más de cinco millones de mujeres, hombres, adolescentes, niños y adultos mayores afiliados”. Se asegura así a los afiliados que, tanto los servicios prepagados como los de la EPS, seguirán disponibles sin interrupción, priorizando una pronta solución a los inconvenientes internos de la entidad.

El proceso de intervención administrativa, lejos de significar una liquidación de EPS Sanitas, busca corregir ciertas deficiencias administrativas internas para continuar garantizando la calidad del servicio de salud. Según palabras de Leal, “No se está acabando la entidad, lo único es que se tomará el control de la EPS para corregir algunos errores administrativos al interior de la misma y poder garantizar el servicio y la salud de todas las personas en el territorio nacional”. Este proceso se ejecuta con el ánimo de salvaguardar los intereses y la salud de la población, proporcionando un mensaje de tranquilidad a todos los implicados.

Desde el Gobierno, se mantendrá un monitoreo constante de la situación para asegurar la continuidad y la calidad del servicio de salud, enfocándose en resolver de manera eficiente los problemas internos detectados. La intervención administrativa se plantea entonces no como un final, sino como una medida proactiva para fortalecer la operatividad y la eficacia de los servicios de salud ofrecidos por EPS Sanitas a la población colombiana.