A través de la Resolución número 11458 de 2024, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso una sanción a 20 empresas que prestan servicios de transporte especial a diferentes entidades del Estado.
La entidad encontró varias irregularidades relacionadas con la obtención de ventajas competitivas ilegales ante personas vinculadas a la Superintendencia de Transporte y el Ministerio de Transporte, el direccionamiento de procesos de selección contractual y colusión en procesos de contratación estatal.
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De igual manera, la SIC sancionó a 26 personas naturales que actuaron como facilitadoras de la conducta. Las y los sancionados se vieron favorecidos en más de 33 procesos de contratación adelantados por distintas entidades del Estado.
La pruebas que encontró la SIC
En relación con las ventajas competitivas ilegales, la entidad halló una serie de chats entre algunos investigados y personas vinculadas a la Superintendencia de Transporte y el Ministerio de Transporte.
En las conversaciones la entidad evidenció que “se tramitaron de forma preferente distintos documentos que eran requeridos para participar en procesos de contratación estatal”, lo cual permitió que algunas empresas obtuvieran una serie de ventajas competitivas ilegales, “frente a otros agentes del mercado que no contaban con ese tipo de privilegios”, señaló la Superintendencia.
Por otra parte, la SIC conoció una serie de pruebas que vinculan al direccionamiento de procesos de contratación a algunas empresas que prestan el servicio de transporte especial y personas vinculadas a:
- Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac)
- Alcaldía de Barranquilla
- Secretaría Distrital de Gobierno de la Alcaldía de Bogotá
- Corporación Autónoma Regional de Boyacá
- Agencia Nacional del Espectro
- Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
De acuerdo con la entidad, algunas de las empresas sancionadas habrían sido favorecidas por las personas vinculadas a dichas entidades estatales ya mencionadas en al menos ocho procesos de selección.
Finalmente, en lo relacionado con el delito de colusión, que es un acuerdo –generalmente secreto y a menudo ilegal– entre dos o más partes para limitar la competencia abierta manipulando el mercado a su favor, la SIC encontró que las 20 empresas prestadoras del servicio de transporte especial habrían llevado a cabo este tipo de actos con aproximadamente 18 entidades del Estado, entre las que se destacan:
- Ministerio de Transporte
- Unidad de Restitución de Tierras (URT)
- Bienestar Familiar, Fonade (hoy Enterritorio)
- Alcaldías de Bogotá, Envigado y Armenia, entre otras.
Las multas impuestas a las empresas de transporte especial
La Superintendencia de Industria y Comercio recaudó elementos probatorios de equipos de cómputo, celulares y correos electrónicos que permitieron a la autoridad de competencia comprobar la existencia de la conducta anticompetitiva, la forma en que las empresas investigadas ejecutaron su actuar ilegal y los mecanismos de seguimiento que adoptaron para vigilar el cumplimiento de su comportamiento anticompetitivo.
Según la entidad, la investigación pudo determinar que varios de los investigados se comunicaban a través de los dispositivos móviles, con el fin de llevar a cabo acciones irregulares y materializar la conducta anticompetitiva.
Asimismo, se estableció que las prácticas anticompetitivas se habrían efectuado en cuatro momentos: primero, con la coordinación de múltiples cotizaciones con el propósito de alterar el presupuesto oficial de los procesos de selección; segundo, la abstención de competir durante los procesos de contratación y; tercero, haber presentado varias ofertas en un mismo proceso contractual, para luego, repartirse la ejecución y ganancias del mismo.
Las multas impuestas por la SIC ascienden a $28.264.467.484. De ese monto, las 20 empresas sancionadas tendrán que pagar un total de $21.449.361.879, en multas que oscilaron entre $62.372.516 y $5.748.357.744.
Por su parte, para las 26 personas naturales que colaboraron, facilitaron, autorizaron, ejecutaron o toleraron las conductas anticompetitivas, los castigos económicos están por el orden de $6.815.105.605 y se fijaron entre $304.876 y $3.317.874.845.
La entidad anunció que contra el acto administrativo sancionatorio procede recurso de reposición ante la superintendente de Industria y Comercio.
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