Escándalo de estafa involucra a Juan Fernando Petro, hermano del presidente, en caso de colombianos presos en Haití

El activista social Juan Fernando Petro, hermano del presidente de la República, Gustavo Petro, se encuentra en medio de una polémica relacionada con una presunta estafa perpetrada por la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos (Cldh). Esta organización, en la que el pariente del mandatario solía trabajar, fue acusada de engañar a familias de militares colombianos encarcelados en Haití por el asesinato del presidente de ese país en 2021, Jovenel Moïse.

Los detalles de este escándalo salieron a la luz tras la revelación de un documento que prometía ser enviado al ex primer ministro de Haití Ariel Henry, fechado el 29 de agosto de 2023. En este escrito, se ofrecían compromisos aparentemente irrealizables, como la formación de cuerpos de paz en Haití con militares sudamericanos para combatir la violencia en el país. Además, se mencionaba a Juan Fernando Petro como “Alto Comisionado de Paz” de Colombia, junto con otros miembros de la Comisión.

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Las familias de los detenidos afirmaron que pagaron seis millones de pesos a la Comisión en busca de ayuda, pero nunca recibieron el apoyo prometido. A pesar de ser una organización sin ánimo de lucro, se descubrió que la Cldh no cumplió con su compromiso de viajar a Haití en representación de los familiares de los detenidos, de acuerdo con el diario El Colombiano.

Las acusaciones de estafa se intensificaron cuando se revelaron conversaciones en las que Rodrigo Ricaurte, director general de la Comisión, en unos chats a los que tuvo acceso el medio en mención, se burlaba de una persona que había realizado un pago y luego desapareció. Estas revelaciones generaron una ola de indignación entre las familias afectadas y la opinión pública en general.

Ante estas acusaciones, Juan Fernando Petro ha negado cualquier implicación en la estafa, señalando que su nombre fue utilizado sin su consentimiento por la Organización No Gubernamental (ONG). Además, cuestionó las prácticas éticas de la organización, sugiriendo que estaban más interesados en obtener beneficios económicos que en ayudar a las familias de los presos.

Este escándalo puso en entredicho la reputación de la Cldh y provocó llamados a una investigación exhaustiva sobre sus actividades. Las autoridades colombianas han sido instadas a tomar medidas para esclarecer este caso y garantizar que se haga justicia para las víctimas de esta presunta estafa.

En medio de este turbio incidente, también surgieron interrogantes sobre la legitimidad y transparencia de la organización. La página web de la Comisión, aun en construcción, levantó sospechas debido a su falta de contenido coherente y a la ausencia de información sobre sus directivos y financiamiento.

De igual manera, el periodista Santiago Ángel reveló un documento firmado por el secretario Ricaurte en donde se señala que: “La conformación del Cuerpo de Paz de esta entidad en la Republica de Haiti, con militares activos de los gobiernos sudamericanos donde esta entidad tiene sedes, con la finalidad de formar e instruir a los militares y policías de su estado y disminuir los indices de violencia que actualmente vive su nación (sic)”.

Evidencia que respalda las afirmaciones del medio de comunicación sobre la presunta estafa a las familias de los exmilitares detenidos.

Además, este escándalo reavivó controversias anteriores relacionadas con Juan Fernando Petro, incluida sus visitas a la cárcel de La Picota en compañía de Danilo Rueda, excomisionado de paz con el Ejército Nacional de Liberación (ELN) durante las cuales se reunieron con internos de alto perfil. Estas visitas fueron objeto de críticas y acusaciones de manipulación política, aunque el hermano del mandatario negó estas afirmaciones e insistió en que su objetivo era puramente humanitario.

Milena Carmona, líder del grupo de familiares de los colombianos presos en Haití por el asesinato del expresidente Jovenel Moïse, denunció a Rodrigo Ricaurte por presunta estafa en sus gestiones para lograr la liberación de los detenidos.

En una entrevista con la revista Semana, de acuerdo con Carmona, Ricaurte se habría acercado a ellos en 2023 ofreciendo contactos en Colombia y Haití que podrían ayudar en la causa jurídica de los detenidos. Prometió la conformación de una comisión liderada por Juan Fernando Petro para viajar a Haití y hablar con las autoridades competentes; sin embargo, tras el pago de una suma considerable de dinero, el director general de la Comisión habría desaparecido y bloqueado a los familiares en las redes de comunicación.

Ante estas acusaciones, la revista en mención se puso en contacto con Rodrigo Ricaurte, que negó rotundamente haber participado en cualquier estafa. Afirmó haber recibido el dinero, pero que por recomendación del primer ministro de Haití, Ariel Henry, no era prudente viajar al país caribeño. Cambiando de estrategia, el director aseguró haber utilizado los fondos para buscar apoyo en la Organización de los Estados Americanos (OEA), con el fin de seguir trabajando en la liberación de los detenidos.

En varios medios de comunicación se revelaron grabaciones de audio en las que exmilitares colombianos implicados en el asesinato de Jovenel Moïse, cuando fungía como presidente de Haití, el 7 de julio de 2021, admitieron su responsabilidad en el crimen. Los testimonios provienen del capitán retirado del Ejército Germán Rivera García, el subteniente retirado Jheyner Carmona, el sargento retirado Ángel Yarce Sierra y el soldado profesional retirado Naiser Franco Castañeda.

Según las grabaciones, Joseph Felix Badio, exfuncionario del Ministerio de Justicia de Haití, dio la orden de la operación que culminó en el asesinato de Moise. Rivera, identificado como Mike en las grabaciones, relató que recibieron órdenes de “matar a todos”, incluido al presidente y a cualquier testigo.

La operación, que duró unos 30 minutos, incluyó un intento de fuga hacia el Palacio presidencial para proteger al nuevo presidente de Haití; sin embargo, el plan fue frustrado por la intervención de la Policía haitiana, lo que resultó en la muerte de varios miembros del grupo, incluido Duberney Capador, coordinador de la retirada.

El asesinato de Moise fue perpetrado por un comando de 26 mercenarios, entre ellos los exmilitares colombianos, que lograron irrumpir en la residencia presidencial sin enfrentar resistencia por parte de las fuerzas de seguridad.