Una grave situación se ha reportado en el Municipio de Maicao, en la frontera con Venezuela, por la llegada masiva de migrantes irregulares, especialmente colombo-venezolanos y pertenecientes a la etnia Wayú.
Se trata de más de 15.000 migrantes que estarían asentados en los que se conoce como la antigua pista del aeropuerto de Maicao, está siendo considerada como la mayor colonia irregular de migrantes en el país.
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Por ello, la Procuraduría General de Nación le ha hecho frente al caso y, con el trabajo articulado de otras entidades, buscan alternativas para atender la emergencia humanitaria que ha provocado este asentamiento en el que conviven adultos mayores, mujeres y niños principalmente.
“La Comisión especial de la Procuraduría logró articulación entre la Cancillería, Migración Colombia, Gestión del Riesgo, ICBF, Súper Servicios, gobernación de La Guajira y administración municipal de Maicao, para resolver la problemática social de más de 15.000 migrantes irregulares asentados en la pista del antiguo aeropuerto de Maicao”, se lee en el comunicado de la Procuraduría publicado el sábado 30 de marzo.
Agregaron que, luego de horas de evaluar la situación con las entidades involucradas, se acordó iniciar con un censo y caracterización de la población, para que de esta forma se logre identificar cuántos hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas de la tercera edad y personas con necesidades especiales se encuentran en el asentamiento irregular, para “implementar con base en dicha información, planes y programas que permitan la pronta llegada de los servicios públicos, atención en salud, educación y primera infancia”.
Uno de los anuncios realizados por el procurador delegado para los Derechos Humanos Javier Sarmiento, es revisar la posibilidad de que los predios invadidos puedan ser escriturados a nombre de estas personas sin hogar. Sin embargo, esta propuesta debe ser consultada con el Ministerio de Vivienda y la Alcaldía del municipio, para definir “la factibilidad jurídica de legalizar los terrenos de La Pista en favor de estas familias o reubicarlos en otro predio y poder así desarrollar planes de vivienda de interés prioritario”.
Cabe recordar que esta problemática se ha venido presentando desde mediados de 2023, donde la misma Procuraduría alertó que este asentamiento, que en ese momento rondaban las 9.722 personas, estaban generando un grave riesgo de seguridad: “Su vulnerabilidad es caldo de cultivo para que mafias y grupos ilegales presentes en la zona los instrumentalicen para realizar actividades de microtráfico, explotación sexual y laboral, como ocurre en otras regiones, donde los más afectados son los menores de edad y las mujeres”.
En ese momento el ente de control ya denunciaba la grave crisis sanitaria a la que se podría enfrentar el mencionado municipio debido a la contaminación indiscriminada con aguas negras, vertederos de basura y aguas estancadas.
De otro lado, La Guajira se ha visto afectada por sonados casos de corrupción por parte de algunos dirigentes políticos, en ese sentido, el viernes 29 de marzo la Procuraduría anunció formulación de cargos contra el exsecretario económico de La Guajira Alberto Carlos Ariza Cujia, por presuntas irregularidades en la supervisión de un convenio de asistencia técnica y desarrollo social.
“Ariza Cujia, al parecer, no ejerció a cabalidad su función como supervisor, pues no habría realizado el seguimiento, control y vigilancia correspondiente al cumplimiento del objeto contractual y, pese a todos los retrasos presentados, permitió seguir con su ejecución”, informó el ministerio público.
El ente de control disciplinario agregó que, según las pruebas recolectadas, se evidenció un bajo nivel de cumplimiento de las metas establecidas en el convenio. Esto llevó a que la interventoría emitiera varios llamados de atención respecto a la supervisión llevada a cabo por el exsecretario, quien aparentemente habría estado ignorado resolver las deficiencias encontradas durante la ejecución del proyecto.