Registraduría abrió investigación contra funcionarios que estarían involucrados en red de tráfico de personas

El 27 de marzo, la Registraduría Nacional del Estado Civil anunció que abrió una investigación disciplinaria en contra de los funcionarios de la Registraduría Distrital de Bogotá, que estarían involucrados, presuntamente, en una red de trata de personas migrantes y que expedían documentos de identidad falsos.

“Avanzamos con total determinación en estas investigaciones porque no vamos a permitir que unos pocos funcionarios corruptos manchen el buen nombre de la entidad”, advirtió el registrador Nacional, Hernán Penagos, que también señaló que hay otras líneas de investigación en la entidad sobre hechos similares que se vienen presentando desde hace meses.

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La investigación, según la Registraduría, se está haciendo de manera articulada con la Fiscalía General de la Nación y la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía Nacional, que ha prestado acompañamiento técnico.

Hay que recordar que la Policía, con apoyo de la Fiscalía y la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, logró, en cuatro operativos en Bogotá, la captura 11 personas, entre estos seis funcionarios de la Registraduría, uno de Migración Colombia. Entre las cuatro restantes estaba Lucía Parra Rojas, alias Lucy, y tres miembros de su familia, que conformarían la red criminal dedicada al tráfico de personas.

De acuerdo con información de El Tiempo y Caracol Radio, esta red criminal facilitaban, a los migrantes, registros civiles, cédulas de ciudadanía y pasaportes, utilizando la identidad de colombianos muertos, además, falsificaban sellos de cancillerías o consulados, apostillajes y otro tipo de documentación. También coordinaban el desplazamiento aéreo y la salida del país de ciudadanos venezolanos, cubanos y dominicanos, cuyos principales destinos eran España, Estados Unidos y México.

Durante las investigaciones se determinó que la organización criminal expidió más de 20.000 registros civiles de nacimiento, de los que 900, con corte al 26 de marzo y tras análisis exhaustivos, fueron clasificados como ilegales. La red criminal pedía, según información de El Tiempo, entre $30 y $35 millones, a cada migrante que acudiera a ellos para garantizar la salida segura de Colombia, que podía tardar unos 45 días, aproximadamente.

Fue esta velocidad en los trámites, lo que llamó la atención de las autoridades, pues en poco más de un mes la red criminal expedía registros civiles de nacimiento, cédulas de ciudadanía y pasaportes, que se explicaría por la participación de funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil y de Migración Colombia.

Durante los operativos que llevaron a la desarticulación de la red de tráfico de personas, también se realizaron diligencias de extinción de dominio a cuatro inmuebles, un vehículo y una empresa que pertenecía a alias Lucy, la líder de la organización, y su entorno familiar. Estos bien están avaluados en cerca de $3.000 millones. Las 11 personas que fueron aprehendidas por las autoridades tendrán que responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico de migrantes agravado, falsedad ideológica en documento público agravada, falsedad material en documento público y prevaricato por omisión.

El director de la Dijín, el coronel Edwin Masleider así reportó los resultados del operativo: “La Dijín no ceso sus actividades judiciales y direccionó la investigación tras la pista de los bienes adquiridos de forma ilegal por parte de los integrantes de la organización, donde se detectó un incremento patrimonial injustificado y se realizó extinción del derecho de dominio a cuatro inmuebles, un vehículo y una empresa”.