Procuraduría pidió a la Corte Suprema de Justicia acusar a Ciro Ramírez por corrupción

La Procuraduría General de la Nación en un documento que llegó a la Corte Suprema de Justicia solicitó que se emita la resolución de acusación en contra de Ciro Ramírez por su presunta participación en el entramado de corrupción conocido como Las marionetas, en el proceso que adelanta el alto tribunal en contra del exsenador del Centro Democrático, por haber direccionado, aparentemente, al menos 15 contratos, por más de $9.000 millones, en Tolima, Quindió y Valle del Cauca, entre noviembre de 2020 y finales de 2022.

El documento, según información de Semana, llegó al despacho del magistrado Marco Antonio Rueda Soto, pidiéndole que se acuse al exsenador por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos.

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Para el Ministerio Público existen evidencias documentales sobre reuniones injustificadas en la sede del Departamento para la Prosperidad Social, durante la administración de Pierre García, y de encuentros políticos en varios departamentos en los que se condicionaba la entrega de estos contratos a cambio de apoyo electoral.

Hay que recordar que el 19 de febrero de 2024, la Secretaría del Senado firmó la resolución con la que se decretó la silla vacía de Ciro Ramírez, dejando a su partido sin una curul en la cámara alta del Congreso de la República, soportada en la orden de captura proferida por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia el 14 de diciembre y efectuada el 15 de diciembre de 2023, por ser “presunto autor de los delitos de concierto para delinquir agravado (...), en concurso heterogéneo con las conductas punibles de cohecho propio, e interés indebido en la celebración de contratos”.

La captura de Ramírez se dio por las irregularidades en varios contratos suscritos por el Departamento para la Prosperidad Social y la empresa Proyecta Quindío, que según la Corte Suprema de Justicia, tenían como intención fortalecer el capital electoral de Ramírez en varias regiones del país.

Esta red de corrupción es considerada una suerte de secuela del entramado urdido por el fallecido Mario Castaño, toda vez que Alejandro Noreña, señalado por la Fiscalía General de la Nación de ser el reclutador de Castaño, fue el enlace entre Ramírez, Pablo César Herrera, gerente de Proyecta Quindío, y Pierre Eugenio García Jacquier, exdirector del DPS.

Herrera, el principal testigo en contra de Ramírez, aseguró a la Fiscalía que junto al exsenador sostuvieron reuniones en la oficina de García en el DPS para ultimar cómo se direccionaban los contratos y hablaron de crear una gerencia integral para las zonas de influencia del congresista: Boyacá, Cundinamarca, Quindío, Tolima, Valle del Cauca, Caldas y Risaralda, definiendo un presupuesto, cercano a $116.000.000.000, para proyectos de vivienda, vías, construcción de plazas de mercado.

El exsenador del Centro Democrático, desde la cárcel La Picota, en Bogotá, en una entrevista con Focus Noticias, advirtió que las declaraciones de Herrera en su contra no tienen fundamento:

“Volvemos a Pablo Herrera, que dice que escuchó que a mí me habían dado mil millones de pesos; el Magistrado le pregunta, ¿Usted tiene condiciones de tiempo, modo y lugar en donde se entregó? Me dijo, no, no tengo ni idea, a mí no me consta, yo solo le escuché, preguntémosle a quién le escuchó eso; le preguntan a la persona, oiga usted, le dio 1.000 millones a Ciro y a Pierre, el tipo le dice, nunca di un peso”, reparó Ramírez.

También explicó que la visita que hizo a Herrera, en la cárcel, no fue para silenciarlo, como el exgerente de Proyecto Quindío, aseguró ante la Fiscalía General de la Nación en un interrogatorio del 10 de noviembre de 2022, sino porque lo buscaron pidiéndole que lo visitara.

“Un abogado me busca pidiéndome que visite al señor Pablo Herrera porque su novia está angustiada, porque Pablo Herrera tuvo un acoso sexual aquí en el pabellón de máxima seguridad y que él había visto en La Picota cómo los senadores del Pacto Histórico, congresistas del Pacto Histórico, habían visitado a los de la primera línea acá en la cárcel para buscar mejores condiciones carcelarias; que si yo podía hacer eso en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, lo cual le dije, claro que sí, yo conozco a Pablo”.

Sobre los testigos falsos, Ramírez dijo: “El testigo dice que se concertó conmigo y Pierre García, en ese entonces director del DPS, para hacer un nuevo convenio, que es el convenio 670, entre la Gobernación del Quindío y el DPS y que después que hacen ese convenio, yo le dije a Pablo, o que Pierre le dio unas instrucciones a Pablo, que unos contratos eran para mí; ese es todo el caso”.