El coronel Carlos Feria irá a juicio: la Fiscalía le imputó oficialmente cargos por el caso del polígrafo a Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia

La Fiscalía ha decidido llevar a juicio al coronel Carlos Alberto Feria, junto con dos policías más, por varios delitos que van desde el peculado por uso hasta el abuso de función pública y constreñimiento ilegal. Esta decisión se produce a pesar de las reivindicaciones de la Justicia Penal Militar, que argumentaba que el caso debería ser de su competencia.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Este proceso pone en el foco no solo a Feria sino también al capitán Elkin Augusto Gómez y al intendente Jhon Alexander Sacristán Bohórquez, quienes han sido formalmente acusados.

El intendente Sacristán Bohórquez enfrenta una acusación adicional, la del delito de acceso abusivo a sistema informático agravado, lo que añade otra capa de gravedad a las acciones por las cuales se les llama a rendir cuentas. Según informó Caracol Radio, fue el 20 de marzo cuando la Fiscalía presentó formalmente el escrito de acusación, asignando el caso al juzgado 14 del Circuito de Conocimiento de Bogotá.

La raíz de estas acusaciones se encuentra en una aplicación indebida de una prueba de polígrafo que se llevó a cabo fuera del alcance de sus funciones normales. De acuerdo con la Fiscalía, este acto de los uniformados implicó un uso irregular de sus cargos y de los bienes del Estado, para someter a esta prueba a una persona cuyas labores se limitaban al ámbito doméstico dentro de la vivienda de Laura Sarabia, quien, en aquel entonces, ocupaba el cargo de jefe de gabinete presidencial.

La justificación de la Fiscalía para proceder con esta acusación, a pesar de la interferencia de la Justicia Penal Militar, resalta un aspecto significativo del caso pues el ente acusador considera que ese proceso nada tiene que ver con sus funciones de servicio y, por el contrario, esos uniformados habrían hecho uso irregular de sus cargos y de los bienes del Estado.

La serie de eventos desencadenados a raíz de la desaparición de una suma de dinero de la residencia de Laura Sarabia, quien fungía como jefa de gabinete presidencial hasta para el 29 de enero de 2023, generó una gran controversia controversia y preguntas sin respuesta sobre la utilización de recursos oficiales en asuntos personales.

En detalle, se acusa al Coronel Feria de ordenar a subalternos la localización de los fondos extraviados. Específicamente, se utilizaron miembros de la seguridad para llevar a cabo una operación de búsqueda, la cual incluyó el transporte de Marelbys Meza, exniñera de Sarabia, desde su hogar en Soacha, Cundinamarca hasta las instalaciones de la Casa de Nariño. Allí, en un espacio designado para pruebas de polígrafo, Meza fue sometida a un interrogatorio que insinuaba su participación en la pérdida del dinero.

“Se dispuso de un vehículo oficial para trasladar a la señora Meza”, destaca la investigación, subrayando el uso potencialmente indebido de recursos del Estado para resolver una disputa privada. Además, el Capitán Gómez y el Intendente Sacristán están implicados en el caso, siendo los responsables de recibir a Meza, confiscar su celular, y someterla a la prueba de polígrafo, según detalla la acusación de la Fiscalía.

Este incidente no solo pone en tela de juicio la integridad de ciertos sectores de las fuerzas armadas, también resalta un posible cruce de líneas entre lo profesional y lo personal, involucrando directamente a funcionarios de alto rango en un asunto de naturaleza privada. “Los interrogatorios sugerían”, según documentos de la Fiscalía, “la responsabilidad de la exniñera en el hurto, lo que plantea serias preocupaciones sobre la presión y el trato dado a los individuos en este contexto”.

Mientras tanto, las investigaciones continúan avanzando, y se espera que en las próximas semanas se puedan esclarecer más detalles sobre este incidente y las consecuencias que podría tener para los involucrados. La atención está puesta en cómo la justicia manejará un caso que mezcla elementos de la vida privada de funcionarios públicos con el uso de recursos estatales, en un país donde la confianza en las instituciones es crucial para la estabilidad y seguridad nacionales.