Contraloría lanzó fuerte alerta por mala ejecución de recursos en la administración de Claudia López

Tras culminar sesenta ejercicios de control fiscal —entre actuaciones especiales de fiscalización, auditorías de desempeño y auditorías financieras—, la Contraloría de Bogotá configuró cuarenta hallazgos con presunta incidencia fiscal en los Fondos de Desarrollo Local (FDL) en las 20 alcaldías por un valor de $11.200 millones.

Los cuarenta hallazgos tienen que ver, principalmente, con irregularidades en el manejo y ejecución de recursos públicos, incluyendo pagos excesivos, reconocimientos indebidos y sobrecostos en la contratación de bienes y servicios, además de deficiencias en la justificación técnica y financiera de adiciones presupuestales y reconocimientos de mayores valores pagados.

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Adicionalmente, dentro de los hallazgos en los 20 Fondos de Desarrollo Local, la Contraloría estableció entre otras situaciones:

• Pagos indebidos en convenios interadministrativos y contratos de obra, sin el cumplimiento de las obligaciones contractuales correspondientes.
• Deficiencias en la planificación y supervisión de obras, resultando en la no terminación o puesta en funcionamiento de infraestructuras ejecutadas.
• Deficiencias en la calidad de las obras ejecutadas, manifestadas en patologías y problemas estructurales que comprometen la durabilidad y funcionalidad de la infraestructura pública.
• Incumplimiento de especificaciones técnicas y requisitos de calidad en la prestación de servicios contratados.

El director de la Oficina de Apoyo al Despacho del Contralor de Bogotá, Juan Carlos Gualdrón, señaló que “fundamentalmente se están encontrando problemas en la planeación de obras de infraestructura, puede ser de malla vial, los andenes y las vías terciarias que están dentro de los barrios por donde caminamos todos los ciudadanos”. Y agregó que se observaron otros asuntos relacionados con los temas del adulto mayor, y con el acompañamiento o desarrollo de las minipymes.

El director explicó también que los hallazgos ya fueron remitidos al Dirección de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría, donde se abrirá el proceso correspondiente: “(...) Esperamos que sea lo más expedito posible, ahora comienzan las versiones libres de las personas que fueron o están relacionadas con los hallazgos, por supuesto de los alcaldes locales y los contratistas”.

Así mismo, en las 20 localidades la Dirección de Participación Ciudadana y de Desarrollo Local de la Contraloría mediante su estrategia Localidades al Tablero vigiló durante 2023 la ejecución de setenta obras públicas, lo que permitió que hoy la ciudad cuente con 44 obras terminadas y entregadas a la comunidad, donde la ciudad invirtió más de $143 mil millones.

Los hallazgos de la Contraloría de Bogotá se suman a 110 hallazgos que encontró la Personería de Bogotá: 53 con presunta incidencia disciplinaria, 17 con presunta incidencia fiscal, 3 con presunta incidencia penal y 37 administrativos en la intervención de la malla vial local realizada en 2021 y 2022, que tuvo un presupuesto, en este periodo de $350.000 millones.

Lo anterior, corresponde a una posible falta de planeación en los procesos contractuales en la mayoría de las localidades, lo que generó grandes retrasos en las obras, suspensiones, adiciones, prórrogas, exclusión o inclusión de segmentos viales a intervenir, mayores costos, cobro de sectores sin terminar y deficiente calidad en varios tramos entregados, entre otras.

La Personería realizó una muestra aleatoria visitando cerca de 255 segmentos viales, de los 1.803 contratados, encontrando graves retrasos en su ejecución en especial en las localidades de Antonio Nariño, Chapinero, Puente Aranda y Kennedy. También fisuras, empozamientos, mal estado o deterioro de algunos sectores intervenidos, como se observó en Barrios Unidos, Engativá y Rafael Uribe, entre otros, que dieron lugar a hallazgos disciplinarios y fiscales.

Se observaron deficiencias en el desarrollo de la política pública dirigida a mejorar la malla vial local e intermedia, situación que, posiblemente, lesiona el patrimonio público, pero también afecta a los capitalinos quienes ven limitada su movilidad, el acceso a sus casas o negocios, la calidad de vida y la efectividad y garantía de sus derechos.

Los resultados de estas acciones de prevención y control fueron trasladados internamente al eje disciplinario de la Personería, así como a la Contraloría de Bogotá y a la Fiscalía General de la Nación, para que de acuerdo a sus competencias, inicien los procesos que consideren procedentes.