Colombia se solidarizó por homicidio de la alcaldesa más joven de Ecuador

En la madrugada del domingo 24 de marzo, la Policía de Ecuador halló en el interior de un vehículo el cuerpo sin vida de Brigitte García, la alcaldesa más joven de ese país, junto con el de Jairo Loor, un funcionario de esa entidad de la provincia de Manabí, en el litoral pacífico ecuatoriano, quienes evidenciaban heridas provocadas con arma de fuego.

“Nuestras unidades especializadas actúan en flagrancia para establecer la modalidad y móvil del hecho. Al interior del automotor se realizó el levantamiento de indicios balísticos por parte de Criminalística (sic)”, publicaron en su cuenta oficial de la red social X.

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Preliminarmente, los uniformados establecieron que las víctimas no fueron atacadas fuera del automotor, sino que todo indica que los balearon dentro del mismo.

“Además, en coordinación con @FiscaliaEcuador se analiza la ruta técnica de movilización del GPS del automotor, que consta como alquilado y demás indicios, para poner en conocimiento de las autoridades competentes y continuar con las investigaciones correspondientes (sic)”, anunciaron.

Pese a que desde enero en la nación hermana se encuentran en un estado de excepción por la violencia de grupos narcotraficantes, este nuevo homicidio provocó consternación y la solidaridad de los gobiernos suramericanos, entre ellos el de Colombia.

La joven mandataria local, de 27 años de edad, era militante de movimiento Revolución Ciudadana, del expresidente Rafael Correa y era reconocida por su carisma entre los ciudadanos, algo que recordaron en un mensaje de la alcaldía de esa población ecuatoriana.

“Su liderazgo, dedicación y nobleza dejaron una huella imborrable en esta tierra que amaba y servía con pasión. Aue su legado perdure como inspiración para todos nosotros, y que encuentren consuelo en los recuerdos compartidos y el amor que los rodea”, publicaron en la cuenta de Facebook de la alcaldía.

La espiral de violencia en el país hermano se exacerbó con el magnicidio, en agosto del año pasado, del candidato presidencial Fernando Villavicencio sufrió un ataque armado al salir de un evento con seguidores. Previamente había denunciado amenazas provenientes del líder de un grupo narcotraficante. Meses antes, el alcalde de Manta (suroeste), Agustín Intriago, también fue asesinado a tiros.

Además de políticos, fiscales también han sido blanco de la violencia. El caso más reciente fue el asesinato en Guayaquil de César Suárez, quien investigaba a la esposa del traficante fugitivo Fito.

Desde que se decretó el estado de excepción en enero, las fuerzas de seguridad han llevado a cabo cerca de 165.000 operativos, han realizado más de 12.000 detenciones, han abatido a 15 personas consideradas como “terroristas” y han decomisado unas 65 toneladas de drogas, según informes del Gobierno.

Ecuador, ubicado entre Colombia y Perú, que se consideran como los mayores productores mundiales de cocaína, se ha convertido en un punto clave para el envío de drogas hacia Estados Unidos y Europa.

Bandas criminales ecuatorianas, asociadas con carteles mexicanos y colombianos, disputan a muerte las rutas de tráfico y el control en las cárceles, donde desde 2021 han fallecido unos 460 reclusos.

La tasa de homicidios ha aumentado considerablemente en el país, que anteriormente era considerado una zona relativamente pacífica. La tasa ha pasado de 6 a 46 asesinatos por cada 100.000 habitantes entre 2018 y 2023.

El presidente Daniel Noboa declaró a principios de enero un estado de excepción y de conflicto armado interno para intentar frenar la creciente violencia en cárceles y calles a nivel nacional, atribuida a grupos del crimen organizado.

Al declarar el “conflicto armado interno”, el Gobierno identificó al menos 22 grupos del crimen organizado transnacional como “organizaciones terroristas” y “actores no estatales beligerantes”.

La escalada de violencia se intensificó tras el anuncio del presidente Noboa de implementar su ‘Plan Fénix’ para recuperar el control de las prisiones, muchas de las cuales están dominadas por grupos delictivos cuyas rivalidades han causado la muerte de más de 450 presos en masacres carcelarias desde 2020.

Este crimen tuvo lugar en un momento en que el país se preparaba para una consulta popular y referéndum el próximo 21 de abril. Entre los temas de la consulta se encuentran cuestiones sobre la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado, la extradición de ciudadanos ecuatorianos, la creación de juzgados en materia constitucional, el reconocimiento de arbitrajes internacionales y la flexibilización del mercado laboral con contratos temporales y por horas.