La concejala de Bogotá Diana Diago (Centro Democrático) envió una queja formal ante la Procuraduría de la Nación en contra del director del Departamento para la Prosperidad, Gustavo Bolívar, por presuntamente haber participado en política, por una publicación que hizo en redes sociales, en la que respaldó la propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.
“Los recursos y las instituciones de los colombianos se respetan. Solicité a la procuradora Margarita Cabello que comiencen las investigaciones pertinentes para sancionar, si así lo considera, al director del DPS, quien presuntamente participó en política” advirtió Diago.
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Según la concejala del Centro Democrático, Bolívar habría violado el artículo 60 de la Ley 1952 de 2019, sobre las faltas relacionadas con la intervención en política: “Utilizar el cargo para participar en las actividades de los partidos y movimientos políticos y en las controversias políticas, sin perjuicio de los derechos previstos en la Constitución y la ley, y utilizar el empleo para presionar a particulares o subalternos a respaldar una causa o campaña política o influir en procesos electorales de carácter político partidista”.
Es por esto por lo que la concejala Diago, en su queja, escribió: “Quiero expresar mi profunda preocupación y descontento ante la presunta participación en política del Director del Departamento Administrativo de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, a raíz de tweet publicado en su cuenta de X el día 16 de marzo de 2024″.
La publicación, en X, por al que la concejala Diago interpuso la queja formal en contra de Bolívar, es del 16 de marzo de 2024 —horas después de que el presidente Gustavo Petro propusiera convocar a una Asamblea Nacional Constituyente— respaldando esta idea.
Según el funcionario, para poder acabar con la “corrupción” que hay en los entes de control y de justicia en Colombia, así como con el “chantaje” del Congreso de la República, donde se debaten las reformas del Gobierno Petro, únicamente hay dos opciones viables.
La primera, que el “pueblo progresista” escoja a 55 senadores y 86 representantes a la Cámara en 2026. La segunda, que ese mismo pueblo elija a un candidato o candidata presidencial del Pacto Histórico que haya propuesto en campaña hacer una Asamblea Nacional Constituyente.
“Sin mayorías en el Congreso, o sin un mandato popular contundente, esta oligarquía corrupta, amangualada con un sector de la prensa y amparada en la impunidad comprada con votos y negocios, jamás permitirá un cambio”, concluyó el director del DPS.
Diago, al momento, le contestó a Bolívar, cuestionándole, porque, siendo el director de una entidad estatal, esté dando opiniones que, al parecer, tienen un sesgo político.
“Señor Bolívar. Esta es una clara participación en Política. Usted maneja 10 billones. Debe abstenerse de este tipo de comentarios que permiten poner en duda la idoneidad con la que se están manejando los recursos. No se participe en política, y evite que pensemos que pondrá la institución al servicio de la politiquería”.
Contraloría lanzó fuerte alerta por pérdida de recursos públicos en Prosperidad Social
La Contraloría General de la República alertó un posible riesgo de malversación de fondos públicos valorados en $1,92 billones dentro del programa nacional de Fortalecimiento para el Desarrollo de Infraestructura Social y Hábitat. Este programa, operado por el Departamento para la Prosperidad Social, busca atenuar las disparidades sociales asistiendo a comunidades en condición de pobreza y vulnerabilidad a través de la mejora de infraestructuras.
En el análisis detallado de 1.301 contratos establecidos entre el Departamento y diversas entidades territoriales, se ha identificado una serie de irregularidades y falencias en el proceso de asignación de recursos y ejecución de proyectos, desde el 2019 hasta el 2022.
El ente de control instó al DPS a tomar medidas inmediatas para optimizar los procesos de supervisión y garantizar que los objetivos del programa se cumplan de manera efectiva y transparente. Respuestas y acciones concretas son esperadas por parte de los involucrados para mitigar los riesgos señalados y asegurar el adecuado progreso de los proyectos infraestructurales que buscan incentivar la inclusión social y reducir la brecha de desigualdad en el país.
*Esta nota fue hecha con ayuda de inteligencia artificial.