En el norte del Cauca, Colombia, la comunidad indígena enfrenta nuevamente olas de violencia tras el incumplimiento de un acuerdo de no agresión por parte de las disidencias de las Farc, específicamente la columna Dagoberto Ramos liderada por Iván Mordisco. Este grupo ha reanudado actividades criminales, incluyendo el reclutamiento forzado de jóvenes y ataques contra líderes comunitarios, como el asesinato de Carmelina Yule, una guardiana indígena.
En 2019, tras el asesinato de la gobernadora indígena Cristina Bautista y cuatro comuneros más, se había establecido un pacto con las disidencias para pacificar la región. Los indígenas, a cambio, habían retirado las tropas del Ejército de la zona, buscando un territorio de paz y la desescalada del conflicto armado, según lo informó Semana, en su investigación.
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“A la gente que le hizo esto les digo que son unos cobardes al dispararnos a nosotros, que no teníamos armas. Son unos simples señores que dicen ser nuestros cuidadores, pero mentiras, ellos no son familia, no estoy de acuerdo con la guerra que ellos han ocasionado contra nosotros... Mataron a mi abuela, pero hoy nacen muchos más guardias indígenas, ella nos encaminó a este proceso y ahora más que nunca vamos a seguir adelante. Y así nos amenacen de que si nos ven con chalecos y pañoletas de la guardia nos van a matar, pues bien puedan, vengan y mátennos a todos, pero nosotros vamos a seguir luchando”, dijo Francy Liliana Ascué, nieta de Carmelina Yule, que fue asesinada por disidentes de las Farc el pasado 16 de marzo, según informó el rotativo bogotano.
Sin embargo, este acuerdo se ha visto violado reiteradamente por los disidentes guerrilleros, que no solo continuaron con sus operaciones en la sombra, sino que recientemente incursionaron en la vereda La Bodega para el reclutamiento forzoso de un adolescente, enfrentándose a la resistencia de la comunidad y la captura de algunos guerrilleros por parte de la guardia indígena.
La violencia recrudecida ha llevado a la comunidad a declarar su disposición a enfrentar a los disidentes, incluso exigiendo la liberación inmediata de dos menores reclutados recientemente. La ausencia de la fuerza pública en la región, resultado de decisiones tomadas hace más de tres años con el objetivo de proteger a los civiles, ha dejado el control en manos de las comunidades indígenas y las disidencias, complicando aún más el panorama de seguridad.
“Aquí nadie actuó de mala fe, lo que hicimos fue pensando en el bienestar de nuestros jóvenes, mujeres y ancianos. Queríamos un territorio de paz y trabajamos por eso, sin ningún actor armado. A eso nos comprometimos con las disidencias y nosotros cumplimos”, mencionó Francy Liliana Ascué al medio mencionado anteriormente.
La situación ha escalado a punto tal que incluso el presidente de la República, Gustavo Petro, suspendió el cese al fuego con el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc y criticó duramente a Iván Mordisco en discursos públicos, a lo que el líder disidente respondió, tensionando aún más las relaciones y poniendo en duda el futuro de la llamada paz total.
La comunidad indígena, ahora liderada por voces como la de Francy Liliana Ascué, nieta de Carmelina Yule, se encuentra determinada a continuar su lucha por la paz y la protección del territorio, a pesar de las amenazas y el aumento del poder de las estructuras criminales en la región.
“Nosotros hemos cumplido, pacificamos el territorio, sacamos a las tropas del Ejército y hubo un compromiso de desescalar la cruzada armada que ellos habían emprendido contra nosotros como organización indígena. Ellos se comprometieron a mantener un territorio en paz y a no reclutar a nuestros jóvenes, pero hoy vemos que incumplieron una vez más”, sostuvo Francy Liliana Ascué.