La Comisión Sexta del Senado de la República aprobó por unanimidad en tercer debate el proyecto de ley que cambiará las reglas del juego en cuanto a las sanciones de tránsito se refiere. El proyecto, impulsado por el senador Alejandro Vega, tiene como objetivo principal eliminar las medidas de inmovilización que actualmente se aplican exclusivamente a las motocicletas en caso de infracciones de tránsito.
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Según palabras de Vega, esta medida busca instaurar un escenario de “equidad” en el tratamiento de las sanciones, liberando a los motociclistas de una “trampa de pobreza” que significaba la doble penalidad de multa más inmovilización.
“Esto no es un mensaje de impunidad, es un mensaje de equidad,” destacó el senador Vega para enfatizar que, bajo la nueva legislación, las multas pecuniarias seguirán vigentes, pero se eliminará la práctica de retener vehículos como parte de la sanción. Esta decisión, de ser finalmente promulgada, podría transformar significativamente el enfoque hacia la regulación del tránsito para motociclistas, que han sido sujetos a un régimen sancionatorio percibido como desproporcionado en comparación con otros vehículos.
La medida, tal como se encuentra formulada, pretende aliviar la carga económica y logística que representaba para los motociclistas la inmovilización de sus vehículos. Se argumenta que esta acción legislativa podría reducir las repercusiones económicas adversas para un grupo significativo de ciudadanos que dependen de sus motocicletas para el trabajo y la movilidad diaria, evitando así que una infracción se convierta en un obstáculo económico insuperable.
Aunque el proyecto ha sido aprobado en la Comisión Sexta, su tránsito por las instancias legislativas restantes será crucial para determinar si esta visión más equitativa y justa se convertirá en ley. El debate público y legislativo que rodea esta medida es un claro indicativo de la necesidad de modernizar y hacer más justas las regulaciones de tránsito, buscando siempre el equilibrio entre la seguridad vial y los derechos de los ciudadanos.
El senador Gustavo Moreno, presidente de la Comisión Sexta y coordinador ponente de la iniciativa, busca poner fin a un modelo de negocio que, según él, se beneficia de la inmovilización de motocicletas basado en infracciones menores. Moreno argumentó que “unos operadores buscan cualquier excusa para inmovilizar las motocicletas porque el negocio no está en el comparendo sino en la inmovilización, la grúa y los patios”, un ciclo que considera perjudicial y al que el Congreso debe poner fin.
Lo que modifica
El punto central de esta propuesta legislativa radica en modificar el Código Nacional de Tránsito, específicamente los numerales D3 al D7 del artículo 121, que actualmente estipulan diversas causales para la inmovilización de vehículos. Entre las conductas que dejarían de ser motivo suficiente para dicha medida se encuentran: transitar en sentido contrario al estipulado para la vía; no detenerse ante una luz roja o amarilla de semáforo o señal de pare; conducir sobre aceras, plazas, vías peatonales, separadores o bermas; adelantar en lugares prohibidos como bermas, túneles, puentes, curvas o pasos a nivel; y la realización de maniobras peligrosas o irresponsables.
Moreno enfatizó la importancia de esta reforma tanto para los conductores afectados como para la sociedad en general, argumentando que “está acabando con un negocio” parasitario que afecta a civiles inocentes y desincentiva el uso responsable de los vehículos.
La iniciativa ha suscitado un amplio debate dentro del Congreso, con opinadores tanto a favor como en contra de la reforma propuesta. Mientras que algunos legisladores y ciudadanos ven en esta medida un paso hacia una regulación más justa que pondría freno a abusos por parte de operadores de grúas y patios de vehículos inmovilizados, otros expresan preocupaciones sobre si la flexibilización de estas normas podría comprometer la seguridad vial o fomentar comportamientos irresponsables en las carreteras.
En el contexto de este debate, es crucial considerar el impacto de la propuesta más allá de las implicaciones inmediatas en la inmovilización de vehículos. Algunos sugieren que una revisión profunda de las políticas de tránsito que equilibre la necesidad de mantener el orden y la seguridad en las vías con los derechos y libertades de los conductores, será esencial para asegurar que la legislación refleje de manera adecuada las necesidades de la sociedad colombiana.
Queda por ver cómo esta discusión se desarrollará en el Senado y qué efectos tendría la aprobación de este proyecto en la práctica diaria de la gestión del tránsito en Colombia. Sin duda, la iniciativa abre un importante espacio de diálogo sobre cómo las leyes de tránsito pueden adaptarse mejor a los tiempos actuales y servir efectivamente a los intereses de la población, garantizando al mismo tiempo la seguridad y el orden en las calles y carreteras del país.