La muerte del empresario Hernán Roberto Franco Charry sigue siendo una prioridad para los investigadores, pues detrás de su asesinato habría una compleja relación entre herederos de una empresa arrocera, además de disputas por poder entre hermanos.
De hecho, los investigadores ahora tienen en su poder un video que estaría relacionado con una presunta toma hostil de un valioso lote y una lucha por el control de la empresa El Arrozal y CIA S.C.A., propietaria de los conocidos Supermercados Líder, y que fue revelado en las últimas horas por El Tiempo.
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Este conflicto involucra a varios herederos de la familia Romero, entre ellos Jonathan Romero, sospechoso de buscar apropiarse de bienes familiares, después de la muerte del principal propietario de esa compañía, Roberto Romero Liévano.
De hecho, en las imágenes difundidas por el medio, se observa el momento en el que un vehículo de carga pesada intentó arrollar a una de las herederas de don Roberto Romero, al parecer, bajo órdenes de Jonathan Romero, quien habría intentado quedarse con los predios que para ese momento se encontraban en proceso de sucesión entre, al menos, once herederos.
Incluso, existe una carta que llegó hasta la Superintendencia de Sociedades en la que se menciona una “capitalización ilegal” orquestada por herederos cercanos a Franco Charry, que habría facilitado la entrada de un nuevo accionista en momentos críticos para la familia Romero.
Una fuente cercana a la investigación indicó a El Tiempo que “se ejecutaron jugadas societarias aprovechando la hospitalización de don Roberto Liévano, incluso, haciéndole firmar documentos poco antes de su muerte en plena pandemia”.
La aparición del video de tres minutos y 47 segundos, capturado el 28 de noviembre de 2022, mostró el intento violento por parte de un grupo de herederos de adueñarse de un lote de 7.800 metros cuadrados en la entrada de Bosa, perteneciente a otro grupo familiar.
“Este predio es de once personas, no de él. Está en sucesión”, se escucha en el video, mientras otra voz acusa: “Me está agrediendo, es un hampón... la empresa no es suya, no la siga cagando”.
Jonathan Romero, entrevistado el día del asesinato de Franco Charry, aseguró al medio citado que consideraba a Franco su amigo y desconocía cualquier amenaza contra él. Sin embargo, tras la difusión del video, se rehusó a dar declaraciones alegando consejo de sus abogados.
Este giro en la trama sugiere que el conflicto familiar por el control de los activos de El Arrozal y CIA S.C.A. podría constituir un móvil detrás del homicidio de Franco, por lo que la investigación ahora se centrará en los vinculados al pleito por los predios de Romero Liévano.
La fiscalía, que ya ha detenido al hombre que transportaba al sicario en una moto, anticipa más arrestos mientras indaga los móviles y busca a los autores intelectuales del asesinato. Según informó el diario nacional, la Fiscalía estaría próxima a ordenar nuevas órdenes de captura para esclarecer el sicariato ocurrido en el norte de Bogotá hace un mes.
“Se espera dar con los autores intelectuales del caso y con las razones que hubo para ordenar el crimen”, indicó uno de los investigadores del caso.
Sin embargo, la fiscal de la Unidad de Vida de Bogotá asignada al caso continúa evaluando evidencia y testimonios, incluida la supuesta exigencia de Franco de más de 16.000 millones de pesos a la familia Romero, lo que también está bajo escrutinio como posible móvil del homicidio.
Y es que todas las pruebas involucran a la compañía arrocera, pues según confirman fuentes cercanas al caso, Franco Charry tenía agendados encuentros con representantes de la cadena de supermercados El Líder, justo antes de su muerte.
Hernán Roberto Franco Charry, propietario de la consultora CNS Colombia, prestaba servicios de asesoría a diversas compañías en el país, incluido un contrato con El Arrozal y Cía. entre 2017 y 2019. El día del crimen, Franco Charry tenía previsto discutir asuntos relacionados con posibles malversaciones fiscales y administrativas dentro de la empresa, revelando presuntas irregularidades que involucrarían desfalcos significativos.
La empresa El Arrozal y Cía., una entidad con más de cuatro décadas de historia fundada por Roberto Romero Liévano, ha sido objeto de controversia desde el fallecimiento de su fundador. Diversos conflictos familiares y legales se han presentado entre los herederos, incluyendo disputas sobre la gestión y dirección de la compañía.
Pedro Miguel Bastidas, empresario involucrado en la política regional, emergió como figura clave al adquirir una participación en la empresa, añadiendo otra dimensión a la trama de alianzas y tensiones dentro del conglomerado familiar, según información revelada por El Espectador.
Este caso de sicariato se produce en un contexto de acusaciones cruzadas y litigios entre miembros de la familia Romero y asociados de El Arrozal y Cía., incluyendo demandas sobre el manejo y la sucesión de la empresa.
Estas tensiones internas han culminado en cambios administrativos y estratégicos significativos, tales como el traslado de las oficinas de la compañía y la renuncia de figuras gerenciales clave. La muerte de Franco Charry, por tanto, se inscribe en un paisaje de conflictos familiares y financieros que plantean interrogantes sobre el futuro de la empresa y las circunstancias que rodearon su homicidio.
De momento, la investigación sobre el caso continúa, sin que hasta el momento se haya vinculado formalmente a ningún miembro de la empresa en el proceso.