José Miguel Narváez no sería el único responsable del crimen de Jaime Garzón: Mancuso habló de “crimen de Estado”

En su primera entrevista a su regreso a Colombia, luego de 15 años, nueve meses y 14 días en los Estados Unidos, Salvatore Mancuso dejó en punta un tema del que se esperaba su pronunciamiento, pero en el que no profundizó: el asesinato de Jaime Garzón, comediante y periodista que fue ultimado en la madrugada del 13 de agosto de 1999, cuando se dirigía a la extinta Radionet, al ser blanco de cinco disparos propinados por dos sicarios del paramilitarismo.

El ex jefe paramilitar, que durante el diálogo con el medio estatal RTVC dijo que su misión era contribuir a la construcción de paz, luego de pagar una pena en el país norteamericano por narcotráfico, habló del asesinato de Garzón. Además de calificarlo de crimen de Estado, que era una declaración que se esperaba desde que se cometió el magnicidio, reiteró lo que habría sido la participación de un hombre que es considerado por él como el “cerebro” de este macabro suceso.

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A diferencia de otras versiones entregadas sobre este hecho, Mancuso habló de Narváez como uno de los determinadores del asesinato, en alianza con la banda criminal La Terraza de Medellín, contactada por uno de los jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Carlos Castaño y que según las investigaciones se habría hospedado en la Brigada XIII. Pero también abrió la puerta a que existan otras mentes detrás de este hecho, al calificarlo como un crimen de Estado.

A la conocida captura del coronel Jorge Eliécer Plazas Acevedo, que fue relacionado con este asesinato en su condición de jefe de inteligencia y se acogió a la Jurisdicción Especial para la Paz, y de Rito Alejo del Río, como comandante de la brigada, se empezaron a tejer otras versiones relacionadas con el hecho. Y todo a raíz de lo dicho por Mancuso, que aunque no ahondó en sus declaraciones, sí fue enfático en manifestar en que este era una orden que venía de más arriba.

Aunque en primer lugar Narváez, que ofició como subdirector de inteligencia del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) —entidad que estuvo encargada de hacer la inteligencia y contrainteligencia en Colombia—, fue señalado como único responsable intelectual del crimen, el exmiembro de las AUC dio pie para que se tejan otras hipótesis en este sentido. En este caso fueron absueltos Juan Carlos Ortiz y Edilberto Sierra, señalados como los que ejecutaron la orden.

Entonces, además de Narváez, que es considerado uno de los principales ideólogos del paramilitarismo en Colombia, la gran pregunta es: ¿A quién más le interesaba que se ultimara a Jaime Garzón? El confeso criminal no fue específico en su declaración, pero dio algunas luces de hacia dónde apuntaría la verdad que dice tener, en lo que respecta a una muerte que hoy lamenta y de la que estaría arrepentido a juzgar por sus palabras.

“Lamentablemente, nosotros tuvimos —como autodefensas— responsabilidad en estos hechos. Directamente, no yo, pero sí las AUC, a través de las órdenes dadas por el comandante Carlos Castaño. Es un hecho doloroso, que aún hoy —20 o 25 años después— eso fue en el 98 o 99, no recuerdo con exactitud, me embarga de dolor, de pena, de luto. De un ejemplo claro de lo que no debe ser ni hacerse”, afirmó en primer lugar Mancuso.

El entrevistador, entonces, insistió: “¿El único determinador entonces fue José Miguel Narváez?”. A lo que el ex jefe paramilitar respondió: “No”. Y ante el interrogante de si este fue un crimen de Estado, la respuesta fue contundente. “Sí, fue un crimen de Estado”, con lo que quedó en punta conocer más información acerca de cómo se fraguó el asesinato de Garzón y, además de este exfuncionario, qué otros integrantes del aparataje gubernamental están involucrados.

Sobre Narváez pesan varias condenas, entre ellas la de 30 años por el asesinato del humorista y periodista, que quedó en firme en 2021 por parte de la Corte Suprema. Mientras que en 201 fue encontrado culpable de ser colaborador de grupos paramilitares, y señalado de ser el autor intelectual de crímenes de lesa humanidad; a lo que se suma una pena de ocho años por el caso de las “chuzadas”, que derivó en la liquidación del DAS.