Comisionado de Paz y el ministro de Defensa irán a debate de control político

Ante la difícil coyuntura de seguridad en diversas regiones del país, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes aprobó un debate de control político dirigido al ministro de Defensa, Iván Velásquez, y al comisionado de Paz, Otty Patiño.

El debate, programado para el jueves 11 de abril, busca que los funcionarios (El ministro de Defensa y el comisionado de Paz) respondan por las deficiencias en el proceso de implementación del programa ‘Paz Total’ en los territorios afectados.

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El representante Juan Daniel Peñuela expresó la preocupación de la comisión por el deterioro del orden público y la violencia en comunidades del Pacífico colombiano y el departamento de Nariño. “Este debate tiene como objetivo urgente llamar la atención del Gobierno sobre estas comunidades vulnerables”, señaló.

La convocatoria se produce en medio de la ruptura del cese al fuego acordado entre el Gobierno Nacional y las disidencias de las Farc, lideradas por alias ‘Iván Mordisco’, en Valle del Cauca, Nariño y Cauca.

Peñuela destacó que en el año 2023, Nariño registró altos índices de desplazamiento forzado y un aumento en la cantidad de hectáreas de cultivos de coca, que casi alcanzan las 60.000. Además, señaló la presencia de diversos grupos armados en la zona.

Por su parte, el representante Óscar Campo denunció la falta de respuesta del Estado frente a las denuncias y alertas de riesgo en el Cauca. “Los organismos no pueden ignorar las advertencias y permitir que la gente sea asesinada sin recibir atención”, enfatizó.

Campo hizo énfasis en la necesidad de llevar la presencia militar a las montañas del Cauca, pero también destacó la importancia de acciones sociales como la sustitución de cultivos ilícitos, el acompañamiento de organizaciones sociales y la recuperación de la infraestructura vial en la región.

El presidente Gustavo Petro ordenó, con el Decreto 0385 del 2024, suspender el cese al fuego con las disidencias de las Farc comandas por alias Iván Mordisco —el autodenominado Estado Mayor Central—, en los departamentos de Cauca, Nariño y Valle del Cauca, luego del ataque a tres indígenas en una vereda de Toribío (Cauca), el 16 de marzo. Desde la Cámara de Representantes, el 20 de marzo, varios congresistas firmaron una carta dirigida al presidente solicitando que la suspensión del cese al fuego sea en todo el territorio nacional.

“Respetuosamente, nos permitimos solicitar al Gobierno nacional se extienda la suspensión del cese al fuego con el Estado Mayor Central de las Farc-EP para que se abarque la totalidad del territorio nacional, ya que este grupo al margen de la ley ha cometido acciones armadas similares en diferentes departamentos del país afectando a la ciudadanía que se encuentra amedrentada y en muchos casos recluida en sus propios territorios”, se lee en la carta, redactada por el representante Julio César Triana (Cambio Radical), que fue respaldada por 25 representantes del Partido Conservador, del Partido Liberal, de Cambio Radical y del Centro Democrático.

Entre los argumentos de los representantes, además del ataque del frente Dagoberto Ramos del 16 de marzo, en Cauca, están los incrementos en los indicadores de seguridad en el país, como el aumento de casos de extorsión o secuestros extorsivos.

“Mientras a nivel nacional el aumento de la extorsión es del 12%, en las regiones este delito ha presentado un incremento que llega casi al 40%. En cuanto al secuestro extorsivo, se ha venido incrementando de manera acelerada: el 2023 cerró con 219 casos, mientras que en 2022 la cifra fue de 141 casos, lo cual representa un incremento del 55,3%. Lo anterior evidencia que el cese al fuego no solo está siendo utilizado por los grupos al margen de la ley, sino por la delincuencia común, quienes se amparan en las negociaciones de paz para delinquir sin que la fuerza pública pueda actuar”, se lee en el documento.