Suspensión de cese al fuego con las Farc puso en alerta máxima a 17 municipios de Nariño

Tras la orden del presidente Gustavo Petro de suspender el cese bilateral al fuego con las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), subestaciones y estaciones de Policía Nacional en 17 de los 64 municipios del departamento de Nariño fueron declaradas en estado de máxima alerta.

Esta medida afecta a municipios como Cumbitara, Policarpa, El Rosario y Leiva, bajo influencia de la presencia del grupo guerrillero liderado por alias Iván Mordisco. Cabe mencionar que el anuncio se produce tras la reactivación de acciones militares contra la guerrilla, intensificando la seguridad en zonas estratégicas para prevenir ataques contra la Fuerza pública y proteger a la población civil.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

De igual forma, el incremento en las operaciones de seguridad forma parte de una estrategia amplia para enfrentar la amenaza de ataques sorpresa por parte de grupos armados, según declaraciones de Wilson Siza, comandante de la policía en Nariño, que habló con Blu Radio.

Asimismo, la decisión de fortalecer las medidas de seguridad incluye el despliegue de fuerzas adicionales a través del departamento, enfocadas en salvaguardar la vida de los civiles y los uniformados. La inteligencia policial ha venido identificado sitios estratégicos donde se implementarán planes específicos dirigidos a mitigar cualquier intento de agresión.

Es de anotar que en medio de este escenario de tensión, líderes comunitarios y sociales de las áreas afectadas han expresado, bajo condición de anonimato, su preocupación por el alto riesgo que enfrenta la población civil debido a la suspensión unilateral del cese al fuego por parte del Gobierno.

Estos líderes han hecho un llamado a las Fuerzas militares, la Policía y a los grupos armados para que excluyan a la comunidad de este conflicto. Además, han resaltado la importancia de que los diálogos entre el Gobierno y los grupos armados incorporen las voces de la comunidad para evitar que sean infructuosos:

“El Gobierno nacional podrá dialogar con todos los grupos armados ilegales, pero si no tiene en cuenta a la comunidad, estos diálogos van a ser un fracaso”, indicó una habitante de la comunidad, quien a su vez aseguró que en la zona de la cordillera se han registrado varios patrullajes tanto de la fuerza pública como de los grupos armados ilegales, hecho que causa alarma entre los locales por temor a posibles enfrentamientos.

Igualmente, la región ha visto un aumento en el número de desplazados, que supera los 7.000 en municipios afectados por la presencia de actores armados, como por ejemplo: Magüí Payan, Cumbitara, Policarpa, Leiva, El Rosario, Samaniego, La Llanada y Los Andes Sotomayor.

Finalmente, la comunidad afectada por el conflicto en Nariño hizo un apremiante llamado al Gobierno nacional y a los grupos armados para que retomen los diálogos y se adhieran a los protocolos del cese al fuego, con el fin de reducir el creciente número de desplazados y garantizar la seguridad de los habitantes.

En una operación militar e interinstitucional dirigida por el Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (Conat) y la Tercera División del Ejército Nacional, en colaboración con la Fiscalía, se logró la identificación y destrucción controlada de un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína ubicado en una zona rural del municipio de Santacruz de Guachavés, Nariño.

Durante el operativo se incautaron más de 300 kilogramos de clorhidrato de cocaína, junto con una cantidad significativa de precursores químicos y equipo especializado para la producción de este narcótico. Entre los materiales confiscados se encontraban 4.000 galones de acetona, compresores, equipos de filtración y destilación, prensas hidráulicas, y otros implementos esenciales para la operación de un laboratorio de esta magnitud. Este golpe al narcotráfico afectó directamente las finanzas de la estructura GAO ELN, compañía José Luis Cabrera Ruales, calculando un impacto económico aproximado de $2.200 millones.