Condenaron a un excomandante paramilitar por el asesinato de un activista de la Unión Patriótica

Durante la mañana del miércoles 20 de marzo, la Fiscalía General de la Nación confirmó la condena contra Jhon Fredy Manco Torres, alias Alberto o El Indio, como responsable del homicidio de un integrante de la Unión Patriótica (UP), en hechos ocurridos en zona rural del municipio de Dabeiba (Antioquia).

La decisión fue ratificada por el Tribunal Superior de Antioquia, que valoró las pruebas aportadas por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, en las cuales quedó en evidencia cómo Manco Torres, en su calidad de líder del bloque Elmer Cárdenas de las extintas AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), permitió que se cometiera el asesinato de Marco Aurelio Osorio Manco.

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Adicional a lo anterior, el Tribunal Superior destacó que El Indio sabía con antelación lo que ocurriría con Osorio Manco. El hecho se perpetró el 17 de junio de 2002, momento en el que la víctima iba abordo de una motocicleta junto a un adolescente.

Hombres armados detuvieron el automotor e hicieron bajar a las dos personas y al final se llevaron a Osorio Manco hacia una finca, lugar en el cual le propinaron varios impactos con arma de fuego y posterior a esto arrojaron el cuerpo de la víctima a las aguas del río Sucio, de donde lo sacaron siete días después de cometerse el crimen.

El crimen estuvo motivado debido a que la víctima perteneció a la Unión Patriótica. Por considerarlo un opositor en contra de la organización criminal fue que el bloque Elmer Cárdenas, de las AUC, ordenó su homicidio.

En consecuencia, tanto lo familiares de Osorio Manco como los del adolescente que iba junto a la víctima del crimen en la motocicleta, tuvieron que recoger lo poco que pudieron y dejar sus tierras de inmediato ante el riesgo que esto generó. Es así como tuvieron que empezar de cero y buscar un nuevo hogar en Medellín y otras poblaciones.

Debido a esto, El Indio deberá purgar una pena de 35 años y 6 meses de prisión por los delitos de homicidio en persona protegida, secuestro simple y desplazamiento de población civil.

Además de la condena, Manco Torres también tendrá que pagar una multa de 3.900 salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo cual equivale a más de 5 mil millones de pesos.

Luego que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) condenó al Estado colombiano por su responsabilidad en el exterminio del antiguo partido político Unión Patriótica (UP), el 29 de enero de 2023; ya pasó más de un año desde esta histórica decisión, la cual puso fin a un pleito de más de 30 años, pero en la práctica todo parece seguir igual.

Como parte del fallo internacional emitido por la Cidh, el 30 de enero de 2024 la Fiscalía General de la Nación publicó la sentencia en la cual se determinó que el Estado desconoció desapariciones forzadas, intentos de homicidio, desplazamientos forzados, amenazas, hostigamientos y asesinatos en masa.

Sin embargo, a comienzos de febrero de 2024 las más de 6.000 víctimas de la UP que dejó esta ola de violencia seguían a la espera que el Gobierno nacional cumpla con lo que dictaminó la Cidh.

“Las sentencias de la CIDH deben ser cumplidas integralmente por el estado colombiano según nuestra constitución y la ley, pero aún hay secciones del estado que se niega a hacerlo. Esta sentencia debe ser publicada en todos los medios de comunicación del país”, indicó en su momento el presidente Gustavo Petro, luego que la Fiscalía publicó la sentencia.

Frente a esta situación, la directora de la Corporación Reiniciar, Stella Aponte, aseguró en ese momento en entrevista con W Radio que “a un año, pues prácticamente la única medida que se ha cumplido se cumplió ayer, que es la publicación de la sentencia en algunas de las páginas oficiales de algunos ministerios y de la Fiscalía, que la publicó al final de la tarde de ayer, luego de una presión porque no quería publicarla”.

Frente a esto, las víctimas esperan que el Gobierno realice las acciones correspondientes, ordenadas por la Cidh, como establecer una comisión especial para la identificación de las víctimas y familiares de los miembros de la UP, la construcción de un monumento en memoria de las víctimas, la colocación de placas conmemorativas, la elaboración y difusión de un documental sobre la violencia y estigmatización contra la UP, y la realización de actividades de sensibilización en escuelas y universidades.