Empresario dejó quebrar su textilera en Colombia pero pagó más de 5 millones de dólares por un apartamento en Miami

La empresa textil Encajes S.A. Colombia solicitó acogerse a la ley de insolvencia empresarial Ley 1116, tras declarar dificultades financieras que amenazan su capacidad de cumplir con sus obligaciones en el próximo año.

La Superintendencia de Sociedades confirmó la recepción y admisión de la solicitud, que pone en pausa las deudas de la empresa para permitirle continuar operando. Este hecho ha sido reportado por el portal Primera Página el 19 de marzo.

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Encajes S.A., proveedora de marcas como Victoria’s Secret, Calvin Klein, Tommy Hilfiger y Leonisa, ha enfrentado una dramática caída en la demanda de sus productos, con una reducción de ventas de más del 56 % a septiembre del año pasado.

La empresa, fundada por Marco Bibas en 1978 y posteriormente evolucionada por su hijo León Bibas, ha sido golpeada también por la inflación y un incremento en los costos financieros, lo cual atribuyen a las dificultades actuales. Según la información, estos contratiempos se ven agravados por la expectativa de reformas gubernamentales en Colombia, que podrían aumentar los costos laborales.

“Este proceso de reorganización tiene por objeto llegar a un acuerdo con los acreedores, para así preservar empresas viables y normalizar sus relaciones comerciales y crediticias, mediante la reestructuración de sus activos y pasivos”, aseveró la SuperSociedades en un comunicado, según la W Radio.

La posición financiera de Encajes S.A. contrasta con las adquisiciones recientes de los empresarios Bibas, incluyendo un apartamento de $5.5 millones en el Turnberry Ocean Club en Miami, como informó el portal The Real Deal. La empresa, que se había posicionado como el principal exportador de encajes de Colombia y mantenía oficinas en Nueva York, Miami, Hong Kong y China, ahora busca un alivio bajo la Ley 1116 por sus dificultades financieras.

“Se encuentra en incapacidad de pago inminente, teniendo en cuenta circunstancias en el mercado que afectarán en forma grave el cumplimiento normal de las obligaciones dentro de los próximos 12 meses”, dice el argumento del documento de solicitud, mostrado en la Supersociedades por Encajes S.A, según Primera Página.

La solicitud presentada ante la Superintendencia de Sociedades por Encajes S.A. detalla un escenario de inminente incapacidad de pago debido a circunstancias de mercado adversas, una reducción significativa en las ventas tanto locales como de exportación, y una presión creciente sobre los gastos y costos debido a una inflación persistente. Este conjunto de factores pone en evidencia los desafíos que enfrenta la empresa en el actual clima económico.

A finales de febrero, la Superintendencia de Sociedades ha impuesto una medida de intervención sobre los bienes y empresas de María Francisca Medina de Rocha, madre del conocido promotor de un esquema piramidal en el ámbito ganadero, Felipe Rocha. Esta decisión se produce tras identificar la implicación de Medina de Rocha en la gestión de Achury Viejo, una compañía utilizada para realizar actividades de recaudación no autorizadas.

Según revelan las investigaciones, Achury Viejo desempeñó un papel fundamental en el desarrollo y expansión de la red ilícita dirigida por Rocha, que captó inversiones bajo condiciones contrarias a las normativas financieras de Colombia. Esto ha sido interpretado como un caso grave de manipulación de fondos y abuso de confianza hacia los inversores. Se ha determinado que Medina de Rocha debía ejercer control sobre el flujo financiero de Agropecuaria Achury Viejo, supervisando el origen y destino de los fondos, implicándola directamente en la operativa ilegal de la red.

La responsabilidad de Medina de Rocha en estas operaciones ilegales y su vínculo con las actividades de su hijo, quien previamente fue señalado como cabeza de la estructura piramidal, han llevado a las autoridades a tomar medidas decisivas. La intervención incluye la toma de posesión de los activos, negocios y patrimonio de Medina de Rocha, asignando a Mónica Alexandra Macías Sánchez como la representante legal para la administración de los bienes intervenidos.