Mujeres representantes de todos los partidos políticos firmaron la radicación de un proyecto de acto legislativo que busca crear una nueva jurisdicción especial en la justicia colombiana. Se trata de destinar jueces y juezas especiales para investigar y condenar casos de feminicidios y otras violencias de género.
La iniciativa es liderada por la representante Carolina Arbeláez, del partido Cambio Radical, quien junto con otras congresistas incluso del Pacto Histórico como Alexandra Vásquez y con el aval del Gobierno nacional, radicará el texto del proyecto para iniciar su discusión y trámite legislativo.
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Con esta reforma constitucional se pretende crear una Jurisdicción Especial para la Mujer adicional a los tribunales existentes como la Justicia Penal Militar y la Jurisdicción Agraria y Rural, las cuales tienen la función de asumir casos específicos para dada su competencia.
En este caso, los nuevos juzgados tendrían dedicación exclusiva para delitos cometidos en contra de las mujeres y niñas por razones de género, tanto en las que se presente un daño directo o indirecto a las víctimas. Su función sería la de investigar, sancionar y conducir hacia la reparación.
La representante Vásquez, también autora del proyecto, señaló que la iniciativa “quiere reformar la Constitución Política para crear esta jurisdicción especial autónoma con competencias exclusivas y preferentes para conocer de manera prioritaria casos de mujeres que han sido víctimas de conductas de daño directo o indirecto por razones de género”.
Las cifras de violencia contra la mujer son alarmantes. Solo durante el 2024 se han registrado 32 feminicidios, casi un caso cada dos días. A esto se suman 2.068 denuncias de violencia sexual y 12.327 de maltrato en los que las víctimas son mujeres.
Reconociendo el subregistro que puede existir para conocer la magnitud real de los casos, para las representantes autoras de la iniciativa es necesario mejorar la calidad de la justicia que reconozca los derechos de las mujeres y les brinde un acceso rápido y eficiente.
“Esta iniciativa nace de la urgencia de resolver los casos de feminicidio y de violencia sexual, hoy la justicia está en mora de implementar mecanismos para llegar a una sentencia condenatoria en delitos contra las mujeres antes de que se venzan los términos, la congestión judicial hace que estos procesos queden en la impunidad”, dice el texto del proyecto.
El proyecto inicia un trámite extenso debido a que se trata de un acto legislativo. Así las cosas deberá dar dos vueltas tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, es decir que tiene que cursar ocho debates para su aprobación, por lo que la discusión se extenderá durante todo el año.
Una vez se apruebe la iniciativa, de ser el caso, se espera que en el año siguiente se expidan las leyes correspondientes a la reglamentación y funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Mujer, con el fin de que empiece a funcionar formalmente tras dos años de haber sido aprobada.
El proyecto establece que estos juzgados especiales aborden los casos de violencia física, sexual y psicológica en los que se incluyen malos tratos, abusos sexuales, acoso, intimidación, trata de mujeres, prostitución forzada, así como aquellas que sean perpetradas o toleradas por el Estado, como lo define la ONU.
En los últimos cuatro años, según las cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal, se han registrado 329 feminicidios en el país. En el 73% de los casos los perpetradores de estos crímenes fueron la pareja o expareja de las víctimas, además fueron cometidos en la vivienda, en un 63% de los hechos, mientras que un 12% ocurrió en el espacio público.
Otro de los objetivos de la creación de la jurisdicción es que la acción penal se centre en las víctimas, bajo un enfoque de género, más que por el bien jurídico tutelado. Para las autoras de la iniciativa, eso permitirá impedir que se divida la investigación y se analice de una manera más completa la violencia cometida.
España es uno de los países que cuenta con juzgados especiales para casos de violencia de género desde el 2004, la competencia de estos es autónoma y excluyente. Además, se tienen jueces que se encargan de asumir de manera preferente los casos de este tipo para evitar la congestión judicial.