Así funcionaba la red que reclutaba venezolanas en Colombia para explotarlas sexualmente en Europa

La Policía de España desarticuló una peligrosa organización dedicada a la explotación sexual de mujeres en situación de vulnerabilidad, liberando a seis víctimas y arrestando a siete individuos vinculados a la red de proxenetas. Este grupo operaba a nivel europeo y se aprovechaba de la pobreza de mujeres provenientes de Colombia y Venezuela, forzándolas a ejercer la prostitución en condiciones deplorables.

Según la información proporcionada por las autoridades españolas al medio Antena 3 este martes 19 de marzo, la red reclutaba a mujeres vulnerables en Colombia. Desde este país, buscaban a mujeres con responsabilidades familiares y les ofrecían un supuesto viaje turístico a Europa.

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Una vez trasladadas, eran obligadas a prostituirse bajo amenazas y coacciones. De hecho, Blu Radio conoció que en la misma capital colombiana, mientras esperaban su viaje al continente europeo, las hacían prestar servicios sexuales de forma obligatoria y pagar de sus recursos los preservativos que utilizaban para cuidarse.

Además, se ha descubierto que la organización criminal contaba con una vasta red de colaboradores en Colombia y Venezuela, quienes recibían una compensación de 500 euros por cada víctima reclutada, aprovechando su situación de vulnerabilidad.

La operación policial incluyó cinco registros, cuatro en Salamanca y uno en Madrid, donde se incautaron varios teléfonos móviles, drogas, cartuchos de arma detonadora y documentos relevantes para la investigación.

Los detenidos han sido localizados en diferentes ciudades, incluyendo Madrid, Valencia, Salamanca, en España; Ámsterdam, en Países Bajos y Bogotá, en Colombia. Cuatro de ellos ya han sido enviados a prisión por orden judicial.

Según el más reciente informe del Observatorio del Delito de la Trata de Personas, del Ministerio del Interior de Colombia conocido por El Tiempo, el año 2023 registró un total de 264 denuncias por trata de personas, marcando así la cifra más alta de los últimos quince años. Este fenómeno, que continúa siendo uno de los delitos con mayor subregistro, ha generado preocupación a nivel nacional e internacional.

Uno de los datos más alarmantes revelados por el informe es el incremento del 387% en el número de niñas, niños y adolescentes víctimas de este delito en comparación con el año anterior. Durante el 2023, se recibieron 38 denuncias de jóvenes entre los 12 y los 17 años, mientras que en el 2022, esta cifra se limitaba a ocho denuncias en el mismo grupo de edad. Mientras que, en términos generales, se registró un aumento del 154% de víctimas de este delito para el año 2023 en comparación con 2020.

Las autoridades internacionales como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) han identificado que la mayoría de estas víctimas son reclutadas mediante engaños por redes de mafias internacionales con nexos y oficinas en Colombia. Posteriormente, son trasladadas principalmente a México y Europa para su explotación.

En Colombia, la trata de personas está prohibida en todas sus formas, y aquellos encontrados responsables enfrentan penas de prisión entre 13 y 23 años, según lo estipulado en el artículo 188A del Código Penal colombiano, que fue modificado por la la Ley 985 de 2005.

Se considera como un delito de este tipo cometido por cualquier persona que “capte, traslade, acoja o reciba a una persona, dentro del territorio nacional o hacia el exterior, con fines de explotación”. Esta ley establece medidas para proteger a las víctimas, incluyendo la atención en los consulados colombianos en el exterior.

Según la Unodc, el traslado de seres humanos para su explotación ocurre tanto dentro de las fronteras colombianas como en el extranjero. Se estima que un 58% de los casos de trata de personas en Colombia tienen como finalidad la explotación sexual y el trabajo o servicios forzados (20%).

Ante este preocupante panorama, las autoridades colombianas han intensificado sus esfuerzos para combatir este delito, fortaleciendo las medidas de prevención, persecución y protección de las víctimas. Sin embargo, queda claro que aún se necesita un mayor compromiso tanto a nivel nacional como internacional para erradicar este flagelo que vulnera los derechos humanos fundamentales.