Álvaro Uribe Vélez ha sido uno de los principales detractores de la llegada de Salvatore Mancuso a la Jurisdicción Especial para la Paz, y luego de que el tribunal transitorio asumiera sus situación jurídica, el exmandatario cuestionó las bases jurídicas que permitieron que el exjefe para militar pasara de ser juzgado por Justicia y Paz, a someterse ante la JEP.
Las críticas de Uribe Vélez contra la JEP crecieron y cuestionó las normas jurídicas por las cuales se creó y que le permitieron aceptar a Salvatore Mancuso con la excusa de ‘bisagra’ entre el paramilitarismo la Fuerza Pública durante el conflicto armado en el país.
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“Dejando a un lado el origen espurio de JEP se puede preguntar ¿Cuál es la norma jurídica que autoriza adoptar la teoría bisagra y la que la consagra como órgano de cierre o sustituto de Justicia y Paz?”, publicó el expresidente Uribe en su cuenta de X.
Uribe Vélez concluyó su publicación indicando que ese tipo de movimientos que desautorizan a algunos tribunales, como el de Justicia y Paz, y son actos inconstitucionales que vulneran las bases jurídicas del país. “El derecho acomodado es destrucción de la institucionalidad jurídica”, concluyó.
¿A qué se refiere Uribe con la ‘teoría bisagra’?
El 17 de noviembre de 2023 en una audiencia de la JEP, mientras Mancuso aún estaba en Estados Unidos, se aceptó su participación en el tribunal transitorio luego de que se determinara que el exjefe paramilitar cumplió un papel de articulador entre las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y los poderes políticos, así como las Fuerzas Armadas del país para promocionar y expandir el paramilitarismo en las distintas regiones del territorio nacional.
“Salvatore Mancuso Demostró en la audiencia única de verdad plena, adelantada por esta subsala especial los días 10, 11, 15 y 16 de mayo del 2023 y en el escrito presentado en complemento a la audiencia, mediante aportes presentes, efectivos y suficientes a la verdad plena que se incorporó funcional y materialmente entre los años 1989 y 2004 a la Fuerza Pública en el marco del conflicto armado interno a partir de su involucramiento como bisagra o punto de conexión entre el aparato militar y paramilitar”, dijo en su momento la magistrada de la JEP Heydi Patricia Baldosea.
En esa misma línea, el 18 de marzo, la Jurisdicción Especial para la Paz corroboró que la sala de apelaciones estableció la posibilidad de aceptar al excomandante paramilitar Salvatore Mancuso para que sea sometido a sus lineamientos jurídicos.
“La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas es la única autoridad que, luego de la aceptación de su sometimiento y en virtud de la competencia constitucional prevalente y exclusiva de la JEP, debe resolver sobre la libertad del señor Salvatore Mancuso Gómez, sobre los beneficios transicionales provisionales que solicite y sobre el ejercicio de la vigilancia del régimen de condicionalidad al que debe someterse”, agregó el tribunal transitorio.
Esa decisión generó molestia en Álvaro Uribe Vélez, que en oportunidades anteriores había cuestionado las decisiones de la JEP sobre el caso del excomandante paramilitar cordobés.
“En la JEP forzaron el argumento de que Mancuso era el contacto (la bisagra) con el Ejército para incluirlo en los beneficios de esta jurisdicción. El abuso mínimo de la JEP es la publicidad de declaraciones de Mancuso, no corroboradas, que afectan el derecho fundamental de la honra de muchas personas. Y ahí me cuento”, aseveró el exmandatario colombiano a través de un comunicado de prensa el 4 de marzo del año en curso.
Según Uribe Vélez, la llegada de Mancuso a la JEP es con el objetivo de inculparlo en la creación de as autodefensas y el financiamiento de las mismas en todo el territorio nacional.