
La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) aceptó de manera exclusiva el sometimiento del excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) Salvatore Mancuso, con lo cual asumirá todas las investigaciones por sus crímenes cometidos como líder paramilitar en el periodo entre 1989 y 2004.
De esta forma, queda en manos del tribunal de justicia transicional la decisión de dejar en libertad o no al exparamilitar para que cumpla con el rol de gestor de paz, asignado por el presidente Gustavo Petro, con el fin de que busque acercamientos con el Clan del Golfo o las Autodefensas Libertadores de la Sierra.
El Tribunal Superior de Barranquilla había negado la libertad de Mancuso y había dicho que su designación como gestor de paz es inconstitucional. Pero ahora, dicha decisión quedaría sin efecto, puesto que la JEP asume la competencia sobre su caso.

Esta determinación tiene lugar luego de que la defensa del exparamilitar apelara la decisión del pasado 17 de noviembre con la que lo habían aceptado solo parcialmente, bajo un papel de bisagra o conexión entre las Fuerzas Armadas y las AUC para cometer múltiples delitos. Según manifestó en su momento el abogado defensor, un sometimiento así significaba para su defendido inseguridad jurídica.
Por eso, Mancuso expresó en una carta que “esta apelación surge no solo por la inseguridad jurídica en la que me sitúa sino como un debate profundo sobre la facilidad de operar dos sistemas de justicia transicional para un único conflicto armado, así como la urgencia de establecer un tribunal de cierre que garantice la conclusión justa y definitiva de estos procesos”.
La Sala de Apelaciones de la JEP aceptó su recurso y por eso el tribunal asumirá su caso de manera completa, lo que significa que llevará a cabo todas las investigaciones en su contra y también definirá su libertad.

“La calidad de comandante paramilitar es inescindible de la de sujeto bisagra. Así, una lectura estricta de los precedentes consignados en los autos TP-SA 1186 y 1187 de 2022 impediría dividir la condición de paramilitar de la de sujeto bisagra, ya que, de permitir tal dualidad de condiciones y su procesamiento por dos jurisdicciones se fragmentaría la competencia prevalente y exclusiva de la JEP para enjuiciar y sancionar las conductas relacionadas con el CANI”, detalla la resolución del tribunal.
A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro celebró la decisión y argumentó que “debe existir un solo tribunal de cierre de la verdad”.
“Me parece excelente esta decisión. Debe existir un solo tribunal de cierre de la verdad. Los procesos investigativos judiciales no se pueden fragmentar en diversas unidades investigativas porque eso lleva a la impunidad. La verdad es la antesala de la reconciliación nacional”, escribió.
Y agregó: “La paz y la seguridad implican derrotar definitivamente la impunidad no a través de la venganza sino a través de establecer la verdad”.

En uno de los apartes de la decisión, la JEP le pide a Mancuso que “concrete sus compromisos con el Sistema Integral de Paz en lo relativo a la indemnización y la satisfacción integral de los derechos a las víctimas, a la verdad, justicia y reparación y no repetición”.
Si el exlíder paramilitar, que se encuentra recluido en la cárcel La Picota desde el 27 de febrero pasado, no cumpliera con esos compromisos, se expondría a “su exclusión definitiva de los procedimientos transicional y su retorno a la justicia penal ordinaria”.
La Sala de Situaciones Jurídicas del tribunal será la encargada de definir la libertad del exlíder paramilitar, al igual que “los beneficios transicionales provisionales, y vigile inicialmente el cumplimiento del régimen de condicionalidad en los términos de la presente decisión”.
Por su parte, la Sala de Verdad y Responsabilidad será la encargada de llevar a cabo “la supervisión de su régimen de condicionalidad a partir del momento que seleccione, si es del caso, al compareciente como posible máximo responsable de las conductas cobijadas en los macrocasos 03, 04, 06 y 08″.
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