Golpe al Clan del Golfo: incautan 3.500 millones de pesos en drogas en la ruta Barranquilla-Santa Marta

En un operativo de control en la ruta que une Barranquilla con Santa Marta, cerca al Puente Pumarejo en Palermo (Sitionuevo), las autoridades confiscaron 1.750 kilogramos de marihuana tipo creepy. La detección de esta sustancia ilícita se llevó a cabo por miembros de la Policía de Tránsito y Transporte en el marco de inspecciones rutinarias a vehículos.

Con base en los informes revelados por las autoridades, durante la revisión los uniformados interceptaron una camioneta tipo furgón que escondía 70 paquetes del narcótico, lo que dio lugar a la aprehensión del conductor del vehículo.

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“El hallazgo se produjo cuando los uniformados detuvieron un vehículo tipo furgón para una inspección de rutina. Al revisar el interior del automotor, encontraron 70 paquetes envueltos en bolsas negras con un peso de 1.750 kilogramos que contenían la sustancia estupefaciente lista para ser distribuida en el mercado ilegal”, detalló la Policía de Santa Marta.

Este decomiso, efectuado en el kilómetro 5 de la mencionada vía representó un golpe significativo contra el tráfico ilícito de drogas y afectó económicamente a organizaciones criminales que operan en la región, como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidas como el Clan del Golfo.

Según la autoridad policial, el valor comercial de la droga incautada se estima en unos $3.500 millones de pesos colombianos, evidenciando el impacto financiero de la operación policial sobre las redes de narcotráfico.

Por su parte, el coronel Jorge Andrés Bernal, comandante (e) de la Policía de Santa Marta, resaltó la importancia del operativo al señalar que la intervención permitió no solo la captura del individuo implicado, sino también iteró sobre el procedimiento estándar de detención e inspección como mecanismo efectivo para combatir el delito de tráfico de narcóticos.

“Como resultado de la acción policial, el conductor del camión fue capturado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes”, indicó Bernal.

La incautación es un testimonio del trabajo continuo y la vigilancia ejercida por las fuerzas de seguridad en las carreteras del país, especialmente en zonas conocidas por ser corredores de tráfico ilícito. Este significativo golpe contra estructuras delictivas subraya la capacidad de respuesta de las autoridades colombianas frente a la amenaza que representan estas organizaciones para la seguridad y estabilidad de la región.

Grupos paramilitares estarían impactando negativamente en la industria turística de Santa Marta, según se reveló una investigación de La FM. Estas organizaciones criminales, identificadas como Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada y Clan del Golfo, están presuntamente involucradas en actividades de extorsión a turistas, lancheros, vendedores de paquetes turísticos, y propietarios de hostales y hoteles en la región. Amenazas, extorsiones y asesinatos se han convertido en una preocupante realidad para quienes operan dentro de este sector, afectando gravemente la economía local y la seguridad de los visitantes.

La práctica de estos grupos consiste en imponer cobros indebidos a los visitantes, incrementando de manera ilícita el costo de servicios turísticos como la alimentación, el transporte marítimo y el alojamiento. La Fiscalía confirmó la operación de estas bandas en Santa Marta y el Magdalena, lo cual aporta una perspectiva más clara sobre el alcance de su influencia y las estrategias de intimidación empleadas contra el sector turístico. Cotelco Magdalena estima una afluencia de 120.000 turistas durante las temporadas altas, destacando el impacto financiero negativo que estas actividades ilícitas tienen en la región.

Fuentes locales y testimonios recabados por La FM ilustran la magnitud del problema. Entre ellos, destaca el relato de un denunciante anónimo que describe cómo los grupos armados exigen pagos de extorsión a cambio de permitir operaciones turísticas. La presión sobre los operadores turísticos no solo socava la viabilidad económica de sus negocios, sino que también pone en riesgo la seguridad y la experiencia de los visitantes, quienes, muchas veces sin saberlo, terminan financiando actividades criminales.