Así funcionaba la banda criminal que ayudaba a la fuga de presos peligrosos en Colombia

Durante una investigación realizada por la Fiscalía General de la Nación se estableció como una organización delincuencial ayudaba el traslado de internos entre cárceles de Colombia a cambio de grandes sumas de dinero.

Entre los integrantes de la banda hacían parte abogados, funcionarios del Inpec (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario) y personalidades jurídicas, que tramitaban de manera ilegal a reclusos con un alto perfil criminal a nuevos centros penitenciaros, donde en varias ocasiones lograron fugarse.

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La red criminal operó entre 2015 y 2017 y las cárceles que más recurrían enviar detenidos estaban ubicadas en los municipios de Miranda, Guapi, Florida, Yotoco, y Vijes, departamentos del Cauca y Valle del Cauca.

A través de un comunicado de prensa, el ente investigador afirmó que en estas cárceles: “Donde tuvieron condiciones menos restrictivas, se fugaron o cumplieron las penas en medio de beneficios y comodidades”.

El sábado 16 de marzo de 2024, se informó de la condena en Cali (Valle del Cauca) de Mario Muñoz Bolaños, a una pena de 5 años y 11 meses de prisión por un juez penal, tras ser encontrado culpable de diversos delitos relacionados con el traslado ilegítimo de presos.

Además, se le impuso una multa equivalente a 134 salarios mínimos legales mensuales vigentes, como parte de un preacuerdo con la Fiscalía, donde aceptó su responsabilidad en los cargos imputados.

Un juez penal de conocimiento de Cali declaró responsable a Muñoz Bolaños de los delitos de concierto para delinquir, prevaricato por acción en calidad de interviniente, falsedad en documento privado, falso testimonio y fraude procesal.

Su modus operandi consistía en presentar declaraciones falsas ante varias notarías, donde alegaba conocer a las personas privadas de la libertad y afirmaba, engañosamente, que estos residían en los municipios a los cuales serían trasladados.

Este engaño formaba parte de una estrategia más amplia para facilitar el movimiento ilegal de prisioneros dentro del sistema penitenciario colombiano.

De esta manera, la Fiscalía indicó que el hombre aceptó haber participado de una banda criminal que se dedicaba a gestionar de manera irregular el traslado de presos de centros carcelarios de alta y mediana seguridad a establecimientos de baja seguridad, a cambio de importantes sumas de dinero.

En la madrugada del jueves 23 de febrero, un policía perdió la vida y otro resultó herido durante la fuga de 13 reclusos del Centro de Traslado por Protección (CTP) de la Minorista.

“Se presentan disparos en la huida de estos hombres”, relató el coronel Richard Fajardo, subcomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, al dar a conocer el evento. Los dos oficiales al intentar contener la situación fueron alcanzados por los disparos. En consecuencia, Denis Morales, uno de los uniformados, falleció a causa de las heridas sufridas, mientras que su compañero fue trasladado de urgencia a una clínica para recibir atención médica especializada.

El alcalde de Medellín, Federico ‘Fico’ Gutiérrez, confirmó este acto violento resaltando el sacrificio del policía caído en el cumplimiento de su deber y reconociendo el estado crítico de su colega. Según los datos que reveló el mandatario local, entre las personas que escaparon del Centro de Traslado por Protección hay ocho ciudadanos venezolanos y cinco colombianos.

“A las 0:20 se presenta una situación delicada de orden público. Huyen 13 personas detenidas en el CTP de la Minorista. Son 8 de nacionalidad Venezolana y 5 Colombianos. Luego de la huida atentan contra 2 de nuestros policías con arma de fuego. Por la gravedad de las heridas fallece el Intendente Denis Morales en el centro asistencial. Nuestra solidaridad con su familia y con nuestra Policía Nacional”, informó el alcalde Fico Gutiérrez.