En una reciente entrevista, Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, abordó el tema de la seguridad en los estadios de fútbol, y explicó por qué este deporte no financia su propia vigilancia, como se ha debatido desde hace unos años en Colombia.
El dirigente deportivo aseguró que “habría muchos muertos” en los estadios y este cambio terminaría acabando el fútbol tal como lo conocemos en Colombia.
Jesurún señaló los altos costos asociados con el alquiler de instalaciones, como el Estadio El Campín, cuyo arriendo puede ascender entre setenta y ochenta millones de pesos, y cuestionó la viabilidad de prescindir de la presencia policial durante los eventos deportivos.
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Jesurún: “Si nos quitan la policía, se acaba el fútbol colombiano”
En este debate sobre si la Policía debe o no prestar la seguridad en los estadios de fútbol, Jesurún insistió en la importancia de contar con fuerzas del orden para prevenir incidentes violentos que podrían ser catalizados por la delincuencia y por los fanáticos agresivos.
“Porque si no hay policía, ¿qué hacemos con la delincuencia y con las barras? Pedimos a la policía para que no pase nada. Cuando quiten a la policía de los estadios, no quiero ser ave de mal agüero, pero los muertos que vamos a tener son muchos y el fútbol se va a acabar. Nosotros no tenemos armas, bolillo, algo que inspire respeto. Eso no sirve para la conducta que hay en el fútbol”, afirmó Jesurún.
A Bogotá le tiró un ‘palo’
En estadios de equipos de alta magnitud, la presencia es masiva y aseguró que Bogotá tiene un estadio muy pequeño para querer considerarse la casa de la selección Colombia. Con un tono sarcástico respondió sobre este debate que sigue abierto.
“El Campin es un estadio depreciado, porque se construyó hace 60-70 años y es poco lo que le han hecho y están con una APP (Alianza Público-Privada) dizque para 45 mil personas, me da risa eso ¡45 mil personas el nuevo estadio El Campin! Entonces no pidan Selección Colombia nunca, no pude ser que la capital de la república tenga un estadio tan pequeño cuando Lima tiene 4 estadios de 60 mil personas”, sentenció Jesurún.
Cali paga seguridad privada
El Cali, un club de fútbol colombiano, es pionero en la contratación de seguridad privada para sus partidos, lo cual significó una inversión de aproximadamente sesenta millones de pesos en cada encuentro durante el último año.
Esta suma incluye tanto la logística asociada a la seguridad como el costo de transporte de los agentes de seguridad desde municipios adyacentes al estadio del club. Así lo informó Alberto Sinisterra, gerente general de la institución.
Según se ha reportado, los próximos días serán claves para definir el futuro de esta medida en el fútbol colombiano. Se esperan conversaciones entre los directivos de los clubes, el Ministerio del Interior y la Policía, con el fin de discutir la viabilidad y alcance de continuar o modificar esta práctica, la cual está programada para ser revisada y potencialmente aplicada de manera más extensa el próximo año.
Debate abierto: ¿Se debe retirar a la policía de los estadios de Colombia?
El general William Salamanca, director de la Policía Nacional, ha generado controversias al anunciar durante su toma de posesión que propondrá un replanteamiento en el modelo de seguridad actual en los estadios de fútbol en Colombia. Su iniciativa busca retirar gradualmente al personal policial de estas labores para focalizar su presencia en las calles, mejorando la seguridad ciudadana.
Salamanca argumenta que la seguridad en los eventos deportivos debe ser reconsiderada para evitar desviar recursos esenciales de la protección en los barrios hacia un único evento.
“Estoy convencido de que esos eventos deben ser replanteados y no debemos quitarle seguridad a los barrios para concentrarla en un evento y para que los hinchas no se peleen”, expresó el director.
La propuesta será presentada ante la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), buscando apoyo para implementar nuevas estrategias de seguridad en los estadios que involucren en menor medida al cuerpo policial.
El cambio sugerido por Salamanca implica una revisión profunda de las políticas de seguridad en eventos deportivos, lo que podría conllevar a una mayor inversión en infraestructura de seguridad privada o tecnologías avanzadas para la vigilancia y control de multitudes.