El exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández fue hallado culpable por el delito de celebración indebida de contratos por el juez Décimo Penal del Circuito con funciones de Conocimiento de Bucaramanga.
Ante esta situación, la defensa de Hernández ha solicitado al juez la aplicación de una medida de prisión domiciliaria para su cliente, argumentando su edad avanzada y su estado de salud.
La petición se enmarca en las disposiciones de instrumentos internacionales que abogan por la protección de las personas mayores y con discapacidad en situaciones judiciales.
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“Este defensor ruega a la magistrada justicia que al momento de dictar la sentencia, conceda, por vía de excepción, la prisión domiciliaria a mi patrocinado, haciendo alusión a los instrumentos internacionales como la convención de las personas discapacitadas y la convención de protección de las personas mayores de edad”, expresó el abogado del exalcalde.
La solicitud de la defensa enfatiza la necesidad de una consideración especial basada en el perfil del acusado y el cumplimiento de compromisos internacionales relacionados con los derechos de personas en condiciones de vulnerabilidad.
Cabe destacar que la condena a Hernández refleja un estricto seguimiento por parte de las autoridades judiciales a los casos de corrupción y mal manejo de contratos públicos, aspectos que han captado la atención nacional en varios momentos. El proceso contra el exalcalde subraya el trabajo del sistema judicial con el escrutinio de la gestión pública y el castigo de prácticas indebidas, dentro de lo cual, la petición de su defensa introduce el debate sobre el trato de personas mayores y enfermas dentro del sistema penal.
La decisión del juez respecto a la solicitud de prisión domiciliaria para Rodolfo Hernández será determinante no solo para el caso particular del exalcalde, sino también como referencia para futuras situaciones similares.
Representa una prueba de balance entre el cumplimiento de condenas y el respeto a los derechos humanos de individuos en situaciones de vulnerabilidad por edad o salud.
La justicia dará a conocer su sentencia el 13 de junio después de las 2:00 p. m. en relación a un caso jurídico en curso, en el que, a pesar de la gravedad de los cargos, no se emitirá orden de detención contra el acusado debido a su estado crítico de salud. El juez, citando el diagnóstico médico, mencionó que el procesado “padece de cáncer terminal”, una circunstancia que influye directamente en la decisión judicial.
Falta dictamen de Medicina Legal
Rodolfo Hernández permanecerá en libertad provisional mientras se espera que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses realice una valoración de su estado de salud. Este examen será determinante para que el juez encargado del caso establezca si Hernández será sometido a prisión domiciliaria, reclusión en un centro penitenciario o si se le impondrá alguna otra medida.
La sentencia se da por el escándalo de corrupción conocido como Vitalogic, relacionado con el contrato de consultoría 096 de 2016, firmado entre la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga (Emab) y el consultor Jorge Alarcón. La polémica adjudicación, que alcanzó un valor de 360 millones de pesos, se produjo en un periodo en que Hernández ocupaba, además, la presidencia de la junta directiva de Emab. Hasta el momento, la naturaleza exacta y las condiciones de la condena que podría recaer sobre el exfuncionario no han sido esclarecidas.
El caso surge en un contexto en el que las acusaciones de corrupción y los escándalos políticos han tenido una significativa trascendencia en la opinión pública colombiana. La implicación de figuras políticas en actividades ilegales ha fomentado un clima de desconfianza hacia las instituciones gubernamentales, lo que hace que casos como el de Hernández adquieran una notable relevancia en el escenario político y social del país.