Hay preocupación en Colombia por la violencia contra las mujeres, que no cesa. De acuerdo con datos entregados por el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, en el Congreso Internacional de Derechos Humanos: Género y Enfoque Diferencial, que se llevó a cabo en Barranquilla el 14 de marzo, en los dos primeros meses de 2024 ya se han registrado miles de casos de violencias basadas en género que han afectado a las mujeres y que, incluso, han causado su muerte.
Entre enero y febrero del año en curso, se documentaron 1.310 casos, de los cuales, 59 corresponden a intentos de feminicidio. En otros nueve sí se consumaron los crímenes, por lo que las familias de las víctimas están recibiendo acompañamiento.
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Según la ley colombiana, este delito se registra cuando un hombre causa la muerte de una mujer por el hecho de ser mujer, o por motivos de género. También incluye circunstancias como el haber sometido a la víctima a actos de instrumentalización sexual o de dominio, o el haber ejercido cualquier tipo de violencia contra ella en ocasiones anteriores al asesinato.
En Colombia, hay casas refugio que operan para proteger a las mujeres cuyas vidas están en riesgo por los diferentes tipos de violencias que sufren en sus entornos más cercanos. Allí, pueden permanecer con las personas que están a su cargo, como por ejemplo, sus hijos. Sin embargo, el defensor del Pueblo aseguró que no hay cobertura suficiente en todo el país.
Solo se contabilizaron siete casas en funcionamiento para 2023 y operan a nivel departamental. Esto quiere decir que más del 60% del territorio no cuenta con estos espacios seguros para las mujeres, a pesar de que hay una ley que entró en rigor hace más de 10 años, en la que se exige su creación.
Además, hay otras casas albergue y de acogida que sirven para cuidar a las mujeres, pero solo hay 11 en funcionamiento en toda Colombia, cuando hay miles de víctimas que requieren de protección inmediata.
Y, así como se tienen pocos espacios de cuidado para ellas, también hay carencia de comisarías de familia, que, entre otras cosas, brindan atención a las personas que hayan sido víctimas de distintas violencias o que estén en riesgo de sufrirlas. “Son la entrada a la justicia de muchas mujeres y las autoridades administrativas responsables de brindar medidas de protección inmediatas y coherentes a los riesgos”, detalló Camargo Assís, citado en un comunicado de la Defensoría.
Los casos de violencia contra la mujer pueden denunciarse a través de estas entidades, pero hay pocas y, además, muchas no cuentan con instalaciones dignas para atender a los ciudadanos. Requieren un fortalecimiento, según explicó el funcionario.
A todo esto se suma la constante revictimización que sufren las mujeres que están en riesgo de feminicidio y que buscan ayuda institucional, pues hay funcionarios de los entes de justicia y autoridades que ponen en duda los relatos de las víctimas y que llevan a otras sobrevivientes a abstenerse de denunciar. Además, hay desconocimiento sobre cómo actuar desde el enfoque de género.
“Como Defensoría, en el trabajo permanente que hacemos en los territorios, nos seguimos encontrando con servidores públicos que no conocen o no aplican la norma, que siguen permeados por estereotipos de género. Por eso el reto es mayor: debe haber un fortalecimiento de la presencia institucional, sanciones ejemplarizantes, no seguir justificando las violencias y que la institucionalidad en su conjunto rechace cualquier forma de agresión contra las mujeres en Colombia”, indicó el defensor del Pueblo.
Las mujeres que estén siendo víctimas de violencias basadas en género pueden poner en conocimiento sus casos en las Unidades de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía General de la Nación, a estaciones de policía, a la Defensoría del Pueblo y a Medicina Legal. También pueden acudir al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) si se involucra a personas menores de 18 años.