Viceministro de Trabajo agitó el debate de la reforma laboral: “Serán sancionados hasta con 5.000 salarios mínimos”

En el cuarto “Encuentro Laboral” convocado por el Colegio de Abogados del Trabajo de Colombia, diversos expertos y personalidades del ámbito laboral se congregaron para discutir temas de relevancia para el país. Entre los asistentes, la figura que destacó fue la del viceministro de Relaciones Laborales, Edwin Palma, cuyas palabras resonaron en el auditorio y capturaron la atención en diferentes sectores.

El tema central de la discusión giró en torno a la polémica reforma laboral que ha estado en el centro del debate público en los últimos meses. Palma, en su intervención, hizo hincapié en la importancia de esta reforma y en las posibles implicaciones que tendría su aprobación o rechazo.

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En sus declaraciones, el viceministro Palma señaló que, de no aprobarse la reforma laboral, se aplicarían medidas más estrictas para garantizar el cumplimiento de las leyes laborales existentes. En particular, destacó la circular emitida por el Ministerio de Trabajo que establece criterios para identificar situaciones de discriminación en el ámbito laboral, así como acciones colectivas que tengan como objetivo socavar los derechos de los trabajadores.

En palabras del funcionario, “si no pasa la reforma, si no pasa la demanda, pues nos seguiremos a la circular, que señala unos indicios cuando hay discriminación, pactos colectivos que tengan fines antisindicales que no se negocian como dice el código de trabajo, que tengan fines de acabar un sindicato, de debilitar un sindicato (...) serán sancionados hasta con 5.000 salarios mínimos”.

Es importante destacar que la eliminación de los pactos colectivos es una de las iniciativas propuestas por el Ministerio del Trabajo como parte de la reforma laboral, la cual también busca fortalecer la actividad sindical en Colombia.

Durante su intervención, el viceministro Palmas hizo hincapié en la importancia de abordar los casos de discriminación antisindical que se han identificado en el país. Informó que hasta la fecha se tienen registrados 342 casos, de los cuales 74 corresponden a situaciones de pactos colectivos que presentan indicios de este tipo de discriminación.

“Ya tenemos de estos 342, 74 pactos colectivos identificados que tienen indicios de discriminación antisindical, entonces se alimentarán las investigaciones, se hará el debido proceso, y donde haya que imponer las acciones, se aplicarán las sanciones conforme a la ley”, señaló el viceministro.

Esta declaración generó un intenso debate entre usuarios de redes sociales, que expresaron diversas opiniones sobre la propuesta de reforma laboral y las medidas anunciadas por el alto funcionario. Algunos manifestaron su apoyo a las medidas propuestas, bajo el argumento de que son necesarias para proteger los derechos de los trabajadores y garantizar un ambiente laboral justo y equitativo.

Gloria Inés Ramírez, en la cabeza del Ministerio del Trabajo, destacó un cambio significativo en la política laboral del país. Una de las principales iniciativas de la administración es la adopción de medidas destinadas a proteger y fortalecer los sindicatos, reconociendo su importancia en la defensa de los derechos de los trabajadores.

Una de las áreas prioritarias de acción ha sido el control de los pactos colectivos en las empresas. El objetivo es asegurar que esta forma de negociación laboral, protegida por la Constitución, no se convierta en una herramienta para debilitar a los sindicatos.

El viceministro de Trabajo explicó que estas acciones están en línea con las normativas internacionales, destacando las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el gobierno canadiense para eliminar los pactos colectivos que socavan el derecho a la asociación sindical.

“Estamos trabajando en varios frentes. Uno de ellos es la reforma laboral, donde realizamos cambios para evitar el abuso de esta figura. También estamos llevando a cabo inspecciones en empresas como Alpina, con sanciones anunciadas recientemente”, comentó Palma.

A pesar de que los avances pueden parecer modestos, con solo tres procesos relacionados con posibles violaciones a los pactos colectivos entre 2022 y 2023, con multas que superan los $110 millones, el ministerio resaltó que entre 2017 y 2021 no se tomó ninguna acción al respecto.