La senadora del Centro Democrático y figura de oposición, Paloma Valencia, realizó una fuerte denuncia durante la moción de censura en contra del ministro de Defensa, Iván Velázquez.
Allí, la congresista uribista afirmó que la Fuerza Pública se está debilitando y señaló que para entrenamientos de ejercicios especiales los uniformados recurren a los árboles, en lugar de los helicópteros; además, Valencia resaltó que una gran cantidad del armamento está obsoleto.
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La denuncia de Valencia causó revuelo, tanto que el mismo Gustavo Bolívar, figura petrista y recién nombrado director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), usó sus redes sociales para responderle a la senadora.
“A Álvaro Uribe le faltan 5.000 muertos para ser como Mancuso y Paloma Valencia denuncia que se están venciendo las granadas por falta de uso. ¿Qué puede pensar uno?”.
Pero el asunto no quedó allí. Valencia le respondió y con contundencia al director del DPS recordándole las polémicas que giraron a su alrededor respecto a la Primera Línea durante el Paro Nacional del 2021, el nombramiento de Salvatore Mancuso como gestor de paz e, incluso, el pasado en la milicia del M 19 de Gustavo Petro.
“Cierto: unos hacemos vacas para financiar vías y otros para financiar a la primera línea. Unos extraditamos los jefes paramilitares y otros los vuelven gestores de paz. Unos metemos presos los delincuentes y otros quieren liberarlos. Unos rechazamos la representación política de los violentos y otros se sienten orgullosos de haber pertenecido a las guerrillas. Es muy claro”.
Así mismo intervino mediante su cuenta de X la senadora del Partido Comunes Sandra Ramírez; la exintegrante del las Farc y firmante del proceso de paz cuestionó la respuesta de Valencia y le indicó una serie de irregularidades de los gobiernos anteriores al del presidente Petro.
“¿Y por qué tienen que hacer vaca para financiar vías? ¿Por qué la gente tiene que pagar por la irresponsabilidad de Gobiernos anteriores? ¿Por qué no las hicieron cuando eran Gobierno? ¿Por qué al día de hoy no conocemos la verdad de la extraditación de Mancuso?”.
La senadora Paloma Valencia del Centro Democrático ha intensificado las críticas hacia la administración del Ministro de Defensa, Iván Velásquez, señalando deficiencias en el equipamiento y preparación de la Fuerza Pública de Colombia.
Valencia ha subrayado ejemplos específicos de insuficiencias, como la realización de ejercicios físicos en árboles por la ausencia de helicópteros y ha denunciado que el gobierno ha recurrido a solicitar a las compañías petroleras contribuciones para la manutención de los soldados con el fin de asegurar su protección. La polémica ha escalado tras la publicación de un video por parte de Valencia, donde un presunto exintegrante de la Fuerza Pública expone el uso de armamento anticuado y granadas vencidas entre las tropas.
Estas acusaciones surgen en medio de un intenso debate sobre la efectividad de las políticas de seguridad y defensa implementadas durante el mandato del presidente Gustavo Petro.
Valencia ha elevado esta conversación a un nivel nacional, discutiendo en el Senado y a través de redes sociales los retos y restricciones que enfrenta la Fuerza Pública, criticando su actuación en la lucha contra el narcotráfico y en la erradicación manual de cultivos ilícitos.
Además, Paloma Valencia ha abordado el tema del aumento de la criminalidad en Colombia, argumentando que el número de individuos involucrados en grupos armados ilegales se mantiene en cifras comparables a las previas al Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las Farc.
Según Valencia, bajo la actual administración, el número de combatientes en grupos ilegales ha incrementado en 3.587, una tendencia que, de no cambiar, podría elevar la cifra a aproximadamente 25.153 para el año 2025, similar a los niveles de 2008.
La senadora también ha señalado el crecimiento en la influencia territorial de grupos al margen de la ley durante el actual gobierno, atribuyendo parte de esta expansión a los ceses al fuego, que a su parecer han fortalecido a estas organizaciones. Según cifras mencionadas por Valencia, el control territorial de estos grupos ha visto un aumento significativo: las Farc, el ELN, y el Clan del Golfo han extendido su presencia a un mayor número de municipios en comparación con el año anterior.
La situación descrita por Valencia sugiere un panorama de seguridad nacional desafiante, con un aumento en la presencia y poderío de grupos ilegales en Colombia, lo que plantea interrogantes sobre las estrategias de seguridad y defensa vigentes y su eficacia para contrarrestar la expansión de estas organizaciones.