Medidas propuestas por el Ministerio de Minas para bajar las tarifas de energía son innecesarias, aseguró la Contraloría

La Contraloría General de la República ha manifestado su posición en contra de las medidas sugeridas en un proyecto de decreto propuesto por el Ministerio de Minas y Energía.

El decreto busca añadir disposiciones al Decreto 1073 de 2015, que es el reglamento único para el sector administrativo de Minas y Energía, con el objetivo de establecer políticas para mejorar la eficiencia en la tarificación del sector energético, de acuerdo a lo estipulado por la Ley 142 de 1994 sobre servicios domiciliarios y la Ley 143 de 1994, relacionada con el sector eléctrico.

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Según la Contraloría, las acciones propuestas por este proyecto ya están cubiertas por las normativas existentes y están siendo implementadas por entidades como la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y XM.

Además, el proyecto establece plazos de entre tres a seis meses para iniciar su aplicación, lo cual el ente de control interpreta como una dilación en la toma de decisiones que el Gobierno Nacional ya debería haber ejecutado.

La Contraloría incita a que se fortalezca la institucionalidad relacionada con la regulación energética, instando a nombrar a los miembros faltantes de la CREG para que estos puedan ejercer sus funciones y competencias.

Esto incluye la posibilidad de implementar una nueva fórmula tarifaria ajustada a los tiempos y necesidades actuales. También enfatiza la importancia de agilizar la planeación y priorizar las conexiones a proyectos de generación de energía ya disponibles.

Destaca la preocupación por la actual insuficiencia en la conformación de la CREG, señalando que de los seis comisionados necesarios, solo uno ha sido nombrado efectivamente, y la designación de un posible segundo comisionado fue impedida por no cumplir con los requisitos de edad estipulados para el cargo.

Finalmente, desde el ente de control se recordó que desde octubre del año pasado, está en espera de recibir información detallada sobre los proyectos, planes y programas que el ministerio de Minas y Energía tiene previsto implementar en el marco de la transición hacia un modelo energético más sostenible, asegurando que no se comprometa la seguridad energética del país ni las finanzas públicas. Este llamado resalta la necesidad crítica de actualizar y optimizar la regulación y gestión del sector energético en Colombia, buscando una mayor eficiencia y sostenibilidad.

Las compañías energéticas Air-e y Afinia, dos de las principales proveedoras de energía en la costa, han sido convocadas por el ministerio de Minas y Energía para una reunión el viernes 15 de marzo a las 5 de la tarde, con el objetivo de encontrar y estructurar soluciones a las pérdidas técnicas y no técnicas que actualmente se reflejan en las facturas de los usuarios de Barranquilla y Cartagena. Eduardo Verano, gobernador del Atlántico, ha interpretado esta convocatoria como un avance en las conversaciones con la cartera para abordar el problema de las elevadas tarifas de energía en la región Caribe, un aspecto que afecta negativamente tanto a la economía doméstica como a la competitividad de esta zona del país.

Verano ha hecho hincapié en la preocupación por los costos adicionales que deben asumir los usuarios debido a las pérdidas generadas por robos o deterioro en la infraestructura de estas compañías, un tema que ha sido recurrente en distintos foros, como la reciente Cumbre Energética del Caribe en Sincelejo. La actual situación, según el gobernador, recae injustamente sobre los usuarios, y se ha destacado la necesidad de que Air-e y Afinia establezcan equipos dedicados a abordar este asunto.

Durante la cumbre también se debatió sobre potenciales soluciones, incluyendo la propuesta de modificar los límites de consumo para estratos bajos en la región Caribe, con el fin de ajustar los subsidios a un umbral más acorde al consumo energético regional, que es más elevado debido a las condiciones climáticas. Verano también propuso excluir de la facturación los costos asociados a pérdidas por robos o problemas técnicos, así como las inversiones realizadas por las compañías en expansión.