Justicia por mano propia: estas son las ciudades en Colombia donde más se acude a esta práctica

Un reciente estudio reveló la percepción negativa de la población sobre la eficacia del sistema de justicia para resolver casos de corrupción.

Según el informe Justicia Cómo Vamos, realizado por entidades como la Fundación Bolívar Davivienda, Fundación Corona, Red de Ciudades Cómo Vamos, y la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), un 90% de los ciudadanos opina que la justicia no ha estado a la altura frente al flagelo de la corrupción.

Además, este análisis destaca la disposición a denunciar hechos corruptos, aunque revela un escaso conocimiento sobre cómo y dónde realizar dichas denuncias.

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La investigación muestra que un 67% de la población estaría dispuesta a denunciar casos de corrupción. Sin embargo, solo un 40% sabe que puede acudir a la Fiscalía y un minoritario 19% tiene conocimiento de que la Procuraduría es otra instancia para tales fines. Esta brecha de información sugiere un importante obstáculo en la lucha contra la corrupción en el país.

“La gran mayoría de la población encuestada considera que los jueces y fiscales son influenciables por circunstancias y factores externos tales como el poder, el dinero, los políticos y los medios de comunicación”, señala el documento, poniendo el foco en la percepción de la influencia indebida sobre el sistema de justicia.

El estudio va más allá al examinar los factores que según los encuestados más probablemente afectan la transparencia o independencia de jueces y fiscales. Aquí, el poder o dinero (72,2%), la política (67,9%) y los grupos religiosos (39,8%) fueron identificados como las principales influencias. Específicamente, en ciudades como Tuluá, Armenia, e Ibagué, se percibe mayormente esta influencia, con índices que oscilan entre el 78 y el 80%.

Por otro lado, el documento revela que frente a la solución de conflictos, un 53% de los consultados manifiesta estar de acuerdo en usar la defensa propia ante situaciones de agresión o amenaza.

Este dato es particularmente relevante en Pereira (59%), Tuluá (58%) y Bogotá (54%), donde se observa una mayor tendencia a adoptar esta postura. Este aspecto del informe pone de manifiesto la desconfianza hacia las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y hacer justicia, empujando a los ciudadanos a considerar medidas propias frente a la delincuencia.

Además, el estudio reveló una marcada desaprobación hacia la violencia y la justicia por mano propia en el país, con un 54% de los ciudadanos oponiéndose a tales prácticas. Paralelamente, un significativo 83.67% de la población evita recurrir al sistema de justicia para atender sus necesidades legales, prefiriendo otros medios para la resolución de conflictos. Entre los géneros, los hombres mostraron una mayor inclinación hacia la autodefensa con un 57%, mientras que el 50% de las mujeres también respaldaron esta alternativa.

La investigación fue más allá al evaluar el desempeño del sistema judicial, señalando que el 45% de la población lo considera ineficiente. Este juicio crítico se hace a pesar de que el problema no parece originarse por escasez de recursos financieros, ya que se reportó un sobrante fiscal en el presupuesto asignado al sector justicia. Durante el año 2020, el 16.43% del presupuesto destinado al sector se repartió entre inversiones (5.67%) y operaciones (94.33%), evidenciando un uso desbalanceado de fondos hacia gastos corrientes en vez de mejoras estructurales.

La congestión judicial en el sistema de justicia durante los años de pandemia ha experimentado fluctuaciones significativas, influida directamente por las restricciones sanitarias y el avance tecnológico hacia la virtualidad. El estudio reveló que, pese a una leve mejora en el manejo de los procesos judiciales en 2021 comparado con 2020, la rama judicial aún enfrenta retos significativos para alcanzar los niveles de eficiencia previos a la pandemia.

El análisis detalla cómo, durante el 2020, hubo una disminución en la cantidad de procesos judiciales en comparación con 2019, atribuida principalmente a la reducción en la demanda de servicios judiciales. Sin embargo, en 2021, aunque se observó un incremento en el número de casos resueltos respecto al año anterior, estos aún no alcanzan las cifras registradas en 2019, evidenciando un desfase notable en la gestión de casos.

Particularmente impactante es el hecho de que, aunque en 2020 la cantidad de nuevos procesos disminuyó drásticamente —un 33% menos que en 2019—, el inventario de casos pendientes al final de 2021 aumentó en 174.434 procesos en comparación con el cierre de 2020. Este aumento se da a pesar de una mejora en la cantidad de casos evacuados durante el año 2021, reflejando un esfuerzo por parte de la rama judicial por adaptarse a las circunstancias y mejorar su rendimiento.

La congestión judicial y su impacto en la eficiencia del sistema de justicia son de particular relevancia, especialmente en un contexto post pandémico. Estos hallazgos subrayan la importancia de continuar adoptando medidas que permitan a la justicia superar los desafíos presentes y adaptarse a las nuevas realidades para garantizar un servicio eficiente y oportuno a la ciudadanía.

El estudio puso de manifiesto la necesidad de reformar la política penitenciaria y criminal en el país, señalando la importancia de focalizarse en la prevención del delito y la resocialización de los delincuentes. La investigación subraya cómo estas medidas podrían ser más efectivas que simplemente endurecer las penas o introducir nuevos delitos en el código penal. “Esto implica, entre otras, priorizar aspectos como la prevención del delito y la resocialización, más allá del endurecimiento de las penas y la introducción de nuevos tipos penales”, destaca el documento.

Dicho estudio también enfatiza la relevancia de incrementar la cobertura de servicios de justicia mediante la expansión del Programa Nacional de Casas de Justicia y Convivencia Ciudadana. Esta iniciativa permite a las entidades territoriales ampliar significativamente el acceso a la justicia para los ciudadanos, creando una ruta más directa y accesible hacia la resolución de conflictos y la búsqueda de asistencia legal. “Ampliar el alcance del Programa Nacional de Casas de Justicia y Convivencia Ciudadana, pues a través de estos modelos de atención las entidades territoriales tienen un margen potencial para seguir aumentando la cobertura de servicios de justicia”, detalla el informe.

Otro punto crítico que resalta el informe es la importancia de fomentar el empoderamiento legal de los ciudadanos. Sugerencias específicas indican la necesidad de realizar campañas pedagógicas que alienten a los individuos a denunciar actos delictivos y a utilizar asertivamente los recursos legales disponibles para defender sus derechos. “Promover el empoderamiento legal de los ciudadanos para que puedan identificar la oferta institucional disponible y utilicen asertivamente las diferentes rutas de acceso a la justicia, de acuerdo con los distintos tipos de necesidades”, explica el documento.

Los expertos detrás del informe sostienen que mediante la implementación de estas recomendaciones, el país podría no sólo mejorar la eficiencia y accesibilidad de sus servicios de justicia, sino también avanzar significativamente hacia la erradicación de la criminalidad mediante una estrategia de prevención y de atención integral a las causas subyacentes del delito.