La Procuraduría General de la Nación inició una investigación preliminar en relación con un contrato otorgado a Alfredo Rafael Saade Vergel por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que revelarían una serie de anomalías en el proceso.
Dentro de las irregularidades señaladas está la presentación de información falsa por parte de Saade para justificar la contratación. Este hecho ha generado preocupación, ya que aparentemente, se reciclaban reportes de actividades previamente realizados por otro contratista, en un intento de legitimar las acciones cumplidas bajo la tutela de la Ungrd y, de este modo, asegurar el pago del contrato.
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El escándalo cobró notoriedad cuando el concejal de Bogotá Daniel Briceño sacó a la luz en una entrevista con La W, documentos que cuestionaban la legitimidad de los honorarios, ascendiendo a más de 275 millones de pesos. Las acusaciones señalan que Saade y otro contratista, Andrés Esquivel “escribieron informes iguales”, lo que insinúa no solo un uso indebido de recursos sino también un vacío en la efectiva verificación de los entregables por parte de la entidad.
Además, se destaca que el contrato, inicialmente establecido para un periodo de doce meses, fue disuelto a tan solo tres meses de su inicio. “Con la apertura de la indagación, el Ministerio Público busca establecer si se presentaron posibles irregularidades en el desarrollo del bilateral e identificar al posible autor de la conducta”, señaló la Procuraduría.
Ante las denuncias del concejal de Bogotá, el Ministerio Público le solicitó a la Ungrd que en un plazo máximo de 15 días, hagan llegar la copia del contrato del político y pastor Saade Vergel para determinar los pormenores de la vinculación a la entidad.
Entretanto, el pastor usó su cuenta de la red social X, antes Twitter, para referirse a la decisión de la Procuraduría, atacando a los medios de comunicación y asegurando que todo se trata de una persecución en su contra, a pesar de las pruebas presentadas por Briceño.
“La persecución por parte de los medios de comunicación en mi contra por apoyar al presidente Petro no tiene precedente alguno. Aquí estoy de pie como siempre. No le temo a una procuraduría que no tiene moral para investigar a nadie ya que sobre ella recaen señalamientos gravísimos de presunta corrupción de sobrecostos de más de 10 mil millones de pesos en la compra de una propiedad. Levántate Colombia”, comentó recientemente, asegurando que no ha sido notificado del fallo.
Asimismo, el concejal Daniel Briceño fue uno de los primeros en celebrar la apertura de investigaciones a Saade y a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, entidad que se encuentra en el ojo de la opinión pública por el escándalo que generó la compra de carrotanques para suministrar agua a las poblaciones indígenas de La Guajira.
“Luego de mi denuncia la Procuraduría abre investigación contra el señor Alfredo Saade por presuntas irregularidades en su contrato con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Las corbatas deben acabarse. Los impuestos de los colombianos deben respetarse”, señaló.
De momento, la Procuraduría dispuso de un plazo de seis meses para determinar quién o quiénes son los responsables del reporte duplicado, mientras que se intentará comprobar cuáles de las labores registradas fueron realmente cumplidas por Saade, además de determinar cómo fueron los planes de supervisión a las actividades del pastor.
“La Procuraduría solicitó copia del contrato suscrito por Saade Vergel con la UNGRD, los estudios previos elaborados, la dependencia a la cual se encontraba adscrito, así como los informes de actividades rendidos y los de supervisión de la ejecución de los trabajos”, señala el comunicado del Ministerio Público.