Operativos contra la extorsión: autoridades encontraron “encaletados” en cárceles 20 celulares y 25 tarjetas sim

La extorsión se ha convertido en un dolor de cabeza para los colombianos, especialmente para los pequeños y medianos comerciantes que han sentido el crecimiento exponencial de esta modalidad de crimen.

Precisamente en medio de las labores para contrarrestar este delito la Policía Nacional realizó un operativo dentro de una cárcel en la que encontraron una serie de elementos para operar un call center dedicado al crimen tras las rejas.

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La situación se presentó concretamente en Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Media Seguridad de Ibagué La Picaleña (Coiba), allí cerca de cincuenta uniformados de la Policía durante casi ocho horas revisaron aproximadamente cien celdas del patio 32, bloque 5, donde encontraron varios elementos prohibidos.

En total habrían sido veinte dispositivos celulares de varias gamas, 25 tarjetas sim, cuarenta elementos para los teléfonos, entre cargadores y auriculares, y 17 armas cortopunzantes, las que fueron incautadas por los uniformados en La Picaleña.

Al respecto mencionó de las incautaciones el comandante del Gaula Policía Tolima, mayor Oscar Mauricio Rojas Varela, que las denuncias fueron un factor fundamental para identificar este complejo de llamadas criminales que estaba operando en el pabellón del centro penitenciario.

“Es gracias a la información y denuncia de la ciudadanía, que logramos adelantar las labores investigativas para sustentar las actividades técnicas que desarrollamos con nuestros hombres Gaula, actividades que nos permitieron identificar que las señales de comunicación, eran provenientes del patio 32 de Coiba Picaleña”.

Esta acción se enmarca en la campaña Cortémosle la conexión a la extorsión, con la cual las autoridades pretenden disminuir el número de denuncias que reciben de comerciantes y ciudadanos alertando casos de extorsión.

La implementación de bloqueadores de señal en las cárceles, con el fin de evitar actividades ilícitas como las extorsiones perpetradas desde el interior, es un tema complejo que aborda diversas consideraciones técnicas, legales y presupuestarias.

Desde la perspectiva técnica, la instalación de estos sistemas requiere de una infraestructura adecuada y de tecnología especializada para bloquear efectivamente las comunicaciones celulares sin afectar las señales en áreas adyacentes al penal, lo cual puede resultar tecnológicamente desafiante.

Adicionalmente, existen consideraciones operativas y de seguridad, como la necesidad de mantener líneas de comunicación abiertas para situaciones de emergencia y la operatividad interna de las cárceles. Esto requiere soluciones que permitan bloquear comunicaciones no autorizadas, sin interferir con los sistemas de comunicación esenciales para la administración penitenciaria y la respuesta a emergencias.

En resumen, aunque la implementación de bloqueadores de señal puede ser una medida efectiva para prevenir las extorsiones desde las cárceles, su adopción implica enfrentar retos técnicos, legales, presupuestarios y operativos que deben ser cuidadosamente considerados y gestionados por las autoridades competentes.

La fundación Paz y Reconciliación (Pares) publicó un estudio detallado sobre la extorsión en Colombia, mostrando un incremento significativo en los últimos años. En 2023, los casos reportados ascendieron a 10.560, marcando un aumento del 7,9% en comparación con el año anterior. Un aspecto alarmante es que el 40% de estas actividades delictivas se orquestan desde prisiones, utilizando principalmente llamadas telefónicas. Antioquia y Bogotá lideran las estadísticas nacionales con la mayor cantidad de casos reportados.

El informe también señala la presencia de diversos grupos criminales como responsables de estos delitos en diferentes ciudades, aumentando la preocupación por la seguridad ciudadana. El estudio sugiere la implementación de inhibidores de señal en centros carcelarios como medida potencial para combatir la extorsión, aunque reconoce desafíos asociados a esta propuesta. Este análisis resalta la necesidad urgente de acciones por parte del Gobierno para abordar este creciente problema.