Felipe Rocha, acusado de estafa con la llamada pirámide ganadera, fue enviado a la cárcel La Modelo

El Juez 80 penal municipal con función de control de garantías ordenó el envío a la cárcel La Modelo de Bogotá a Felipe Rocha, líder de una operación piramidal relacionada con la industria ganadera.

Esta decisión llega después de que se efectuara la legalización de su captura. La medida responde a las investigaciones que señalan a Rocha como el principal promotor de esta estafa, que ha afectado a numerosos inversores en el sector agropecuario.

Según lo informó La W Radio, la detención de Felipe Rocha y su posterior envío a prisión están dentro de la lucha de las autoridades colombianas contra las estructuras financieras ilegales. La modalidad de pirámide ganadera ha causado considerables pérdidas económicas entre personas que buscaban rentabilizar sus inversiones en el campo de la ganadería. Este tipo de fraude consiste en captar dinero bajo promesas de altos retornos en corto plazo, sin que exista una verdadera operación comercial que sustente dichas ganancias.

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Felipe Miguel Rocha Medina, que se define a sí mismo como un destacado empresario del sector ganadero, es el principal implicado de orquestar una estafa masiva mediante un esquema de pirámide relacionado con la ganadería.

Este fraude, según documentación judicial, resultó en pérdidas millonarias para los inversionistas. Tras ser emitida una orden de arresto en su contra, Rocha optó por entregarse voluntariamente a las autoridades en las instalaciones del búnker de la Fiscalía General de la Nación.

Los cargos que enfrenta Rocha, según la orden emitida por la juez 79 Penal Municipal con Función de Control de Garantías, incluyen estafa agravada y falsificación de documentos privados. La decisión de la juez de dictar prisión preventiva apunta al riesgo que Rocha podría significar para la comunidad y la gravedad de sus actos. La audiencia, celebrada el lunes 11 de marzo, concluyó con la orden de mantener a Rocha en custodia mientras avanza el juicio por los diversos delitos de los que se le acusa.

El modus operandi de Rocha, tal como recogen los informes de la investigación, consistía en atraer a inversores de la alta sociedad con la promesa de rentabilidades extraordinarias en proyectos ganaderos ficticios. Más de sesenta víctimas han sido identificadas hasta la fecha, según informaciones de la Fiscalía General de la Nación. Jaime Lombana, abogado representante de algunas de las familias afectadas, ha detallado el engaño sufrido por sus clientes, destacando la elaboración de documentos falsos y la presunta conspiración entre Rocha y sus asociados para perpetuar el fraude.

En un esfuerzo por compensar a los afectados, las autoridades han procedido a la incautación de bienes pertenecientes a Rocha. Aunque se contempla que sea recluido en la cárcel La Modelo de Bogotá, será el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) quien determine finalmente su ubicación. Los hechos resaltan no solo el impacto económico sobre las víctimas sino también la manipulación y aprovechamiento de confianzas dentro del sector elite del país.

Previamente, la jueza 79 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá decidió que Felipe Rocha deberá continuar su proceso legal bajo prisión, a pesar de las solicitudes de su defensa para evitar la detención domiciliaria o cualquier medida privativa. La magistrada sostuvo que, aunque Rocha no tiene antecedentes penales, considera “necesaria” la medida propuesta por la Fiscalía, basándose en la presunta continuidad de su conducta delictiva durante casi una década.

La defensa de Rocha argumentó que, al no contar con condenas previas, debía descartarse la necesidad de medidas restrictivas y propuso que el acusado se presentara periódicamente asegurando una buena conducta.

Sin embargo, la jueza resaltó la aparente persistencia de Rocha en implicarse en actividades ilícitas, lo que, a su juicio, demuestra la insuficiencia de la vigilancia o reportes de conducta para asegurar la protección de la comunidad.

La jueza también mencionó el supuesto aprovechamiento de Rocha de personas en condiciones económicas acomodadas para perpetrar sus acciones, lo que subrayó la importancia de impedir que tales conductas se repitan.

El caso gira en torno a las acusaciones contra Rocha de engañar y elaborar planes con el fin de beneficiarse ilegalmente de individuos con un nivel de vida privilegiado. Este enfoque en el “derecho penal del acto” y no en el “autor”, según refirió la jueza, resalta la relevancia de juzgar las acciones específicas del acusado más allá de su perfil personal o histórico legal. La referencia al principio establecido por la Corte Constitucional acerca de prevenir la repetición de actos ilícitos fundamenta la decisión de mantener la medida cautelar para Rocha, enfatizando el peligro que sus acciones representarían para la sociedad en general.