Cuál será el salario de Luz Adriana Camargo como nueva fiscal General: esto dice la ley

El martes 12 de marzo la Corte Suprema de Justicia eligió a Luz Adriana Camargo como fiscal general de la Nación, en reemplazo de Francisco Barbosa, quien salió de la dirección de la cartera el 12 de febrero del 2024.

Desde la fecha no había consenso para definir quién llegaría al cargo, aunque luego de cuatro jornadas de votación logró 18 votos de los magistrados.

La elección se desarrolló entre controversias, una de estas, relacionado con la cantidad de votos que recibió cada una de las ternadas en las primeras jornadas de votación, a su vez la renuncia de Amelia Pérez quien era la favorita para llegar al cargo y el cambio hecho por el presidente de una de las candidatas iniciales, Amparo Cerón, e incluyendo a quien hoy se consolida como la fiscal.

Ahora Luz Adriana Camargo llega a dirigir el órgano investigativo y surgen una serie de preguntas, entre estas el salario que va a recibir, teniendo en cuenta que recientemente quedó en firme el decreto que fijó el aumento del salario a los servidores públicos del país.

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Según el decreto 0290 de 2024, se establece que el salario que tendrá la fiscal general de la Nación, a partir del 1 de enero de 2024, “será de diecinueve millones trescientos cincuenta y seis mil doscientos cuarenta y nueve pesos ($19.356.249)”.

Este dinero se distribuye de la siguiente manera: concepto de asignación básica: seis millones novecientos sesenta y ocho mil doscientos cincuenta y cuatro pesos ($6.968.254). Por concepto de gastos de representación: doce millones trescientos ochenta y siete mil novecientos noventa y cinco pesos ($12.387.995).

Además, el decreto puntualiza que el fiscal general del país “únicamente tendrá derecho a disfrutar de la prima de Navidad, la cual se cancelará conforme lo establecen las normas legales vigentes”. Lo que quiere decir que para esta fecha, la nueva fiscal recibirá su sueldo de $19.356.249 y una prima adicional por el mismo valor ($38.712.498 en total).

La norma indica que la fiscal general de la Nación, tendrá derecho a la prima especial de servicios a que se refiere el artículo 15 de la Ley cuarta de 1992, que sumada a los demás ingresos laborales iguale a los percibidos en su totalidad por los miembros del Congreso de la República, sin que en ningún caso los supere.

El artículo señala que la prima especial equivaldrá al 30% de la remuneración mensual fijada y no constituirá factor salarial para ningún efecto. “No tiene carácter salarial y no se tendrá en cuenta para la determinación de la remuneración o haberes de otros funcionarios o empleados de cualquiera de las ramas del Poder Público, Fuerzas Militares, organismo o entidad del Estado (...)”, cita el decreto 10 de 1993.

Con todas las cifras anteriores, anualmente la fiscal se ganará $253.721.713, lo que se traduce en un promedio mensual de $21.143.476.

Graduada en derecho por la Universidad de La Sabana, ha acumulado una amplia experiencia en diversas áreas del derecho penal y criminología, ámbito en el que tiene una especialización de la Universidad Libre. Su papel como fiscal delegada ante la Corte Suprema, donde investigó a funcionarios públicos aforados entre 1992 y 2004, le otorgó un reconocimiento significativo en el sistema judicial.

Su influencia se extendió más allá de las fronteras colombianas. Entre 2014 y 2017, desempeñó un papel crucial como jefa de Investigación y Litigio en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Para esta fecha, trabajó en importantes investigaciones relacionadas con la corrupción y la parapolítica en el país, lo que la llevó a la captura de al menos cincuenta congresistas implicados en estos casos. La vinculación laboral de Camargo con el actual ministro de defensa, Iván Velásquez, durante su tiempo en la Cicig, también ha sido un tema relevante.

A pesar de que Camargo posee una vasta experiencia en los ámbitos legal y político, su estrecha colaboración con el actual ministro a suscitado críticas de la oposición. Ambos han trabajado conjuntamente durante más de dos décadas en diversos casos, incluida la investigación sobre la parapolítica en Colombia desde la Corte Suprema.

Tuvo un papel consultivo para el Equipo de Seguimiento Especial de la Cidh en la supervisión de investigaciones penales en Ecuador y Colombia. En particular, su labor se centró en el caso de los periodistas del diario El Comercio, víctimas del grupo armado Frente Oliver Sinisterra de las disidencias de las Farc.