Colombianos que practicaban procedimientos estéticos ilegales en España fueron capturados: deformaron a varias de sus víctimas

En un trabajo de inteligencia de la Guardia Civil de España, en las últimas horas se conoció de la captura de cuatro ciudadanos colombianos por su presunta participación en prácticas ilegales de cirugía estética.

Según informaron los oficiales de ese país, los dos hombres y las dos mujeres fueron detenidos gracias a una investigación adelantada desde agosto de 2023, después de recibir reportes de la realización de procedimientos clínicos no regulados en dos viviendas en Maliaño, Cantabria.

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Las pesquisas de las autoridades también permitieron identificar a al menos 13 víctimas de los colombianos, quienes se sometieron a procedimientos estéticos y resultaron con daños permanentes en su cuerpo, seis de las cuales presentan lesiones graves, y dos más tendrán que someterse a intervenciones quirúrgicas para intentar reparar los daños ocasionados.

El registro oficial cuenta que el inicio de estas detenciones fue en octubre con la captura de las dos mujeres, de 35 y 44 años, quienes presuntamente utilizaban lipoflack, un producto de fabricación colombiana para la reducción de grasa, que no está autorizado en España, así como otros fármacos prohibidos.

Sin embargo, el golpe final de los oficiales se dio en las últimas horas con la detención de dos hombres de 37 y 52 años, considerados como colaboradores necesarios en la operación. La Guardia Civil inició esta investigación tras descubrir que estas mujeres, sin la titulación requerida, promocionaban en internet tratamientos ilegales de mesoterapia y maderoterapia utilizando estas sustancias.

Durante los registros en las viviendas, los agentes se incautaron de una gran cantidad de material clínico, incluyendo lipoflack, toxina botulínica coreana ilegal, lidocaína de procedencia extranjera, ácido hialurónico, otros medicamentos y sustancias ilegales, además de material quirúrgico y plasma.

Entre los hallazgos también se encontraba una centrifugadora médica obsoleta y peligrosa, usada presuntamente para generar plasma rico en plaquetas a partir de muestras de sangre de las víctimas. Este escenario revela la magnitud y el peligro de las operaciones llevadas a cabo por la red desarticulada.

La intervención en estas viviendas no solo ha sacado a la luz la ilegalidad de los procedimientos estéticos llevados a cabo, sino también el riesgo significativo para la salud de quienes fueron sometidos a tales tratamientos.

Según comentaron los oficiales, varias de las víctimas estuvieron sometidas a inyecciones de bótox y ácido hialurónico que fueron rebajados con otros químicos que no han sido regulados por la Agencia Española del Medicamento. Incluso, una de las afectadas experimentó complicaciones graves como hematomas, deformaciones y una infección bacteriana persistente que requirió atención médica especializada y una remisión con un cirujano plástico.

La investigación también reveló transacciones financieras que vinculaban a los detenidos con envíos de dinero a Colombia, con más de 14.000 euros enviados a una cuenta a nombre de una de las mujeres arrestadas entre febrero y septiembre del año pasado. Además, durante el operativo también fueron encontrados cantidades de euros y pesos venezolanos en efectivo.

En Alcalá de Henares, cerca de Madrid, la Policía española arrestó a un hombre y a su hijo por explotación laboral de empleados colombianos en su negocio de envíos de paquetes. Los detenidos están acusados de intimidar a sus trabajadores, obligándoles a laborar jornadas de hasta 18 horas al día.

La operación policial, que tuvo lugar en un remolque de camión en Alcalá de Henares, reveló que ocho trabajadores residían en el lugar bajo condiciones deplorables. La investigación, iniciada en enero, destapó que los colombianos fueron atraídos a España con promesas de un salario de 1.600 euros mensuales, pero una vez en el país, las condiciones pactadas no se cumplieron.

En lugar de ello, los salarios eran considerablemente menores y las extenuantes jornadas laborales se extendían desde la madrugada hasta la medianoche. Además, debido a su situación migratoria irregular, los trabajadores eran amenazados con ser denunciados si se negaban a cumplir con estas demandas.

Los afectados pernoctaban en el interior de camiones frigoríficos, separados por cartones, sin acceso adecuado a luz y en constante disponibilidad para solucionar incidencias o recibir mercancías. Esta situación llevó a las autoridades a calificar los hechos como un delito contra los derechos de los trabajadores.