Cancillería, a la espera de los conceptos jurídicos para tomar decisión sobre licitación de pasaportes

Durante el debate ante la comisión segunda del Senado de la República, el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, abordó las preocupaciones surgidas en torno a la suspensión del segundo proceso licitatorio para la producción de pasaportes en el país, de acuerdo con una publicación de la emisora colombiana W Radio.

Murillo enfatizó que el Gobierno no pretende dilatar el proceso, sino asegurar su correcto desarrollo en beneficio del país y en línea con los principios anticorrupción establecidos por el presidente Petro y su administración. Explicó las medidas adoptadas para garantizar la legalidad y transparencia del proceso.

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En primer lugar, el canciller encargado solicitó opiniones jurídicas a diversas entidades gubernamentales para unificar criterios. Asimismo, remitió las actuaciones del ex secretario general del Ministerio a la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, y solicitó el acompañamiento preventivo de la Procuraduría y la Contraloría.

Ante las inquietudes de los senadores sobre el futuro del proceso licitatorio y el suministro de pasaportes, Murillo aseguró que actualmente existe un contrato vigente para la expedición de pasaportes tanto en el territorio nacional como en el exterior, garantizando su continuidad sin contratiempos.

El canciller encargado expresó su compromiso de avanzar en el proceso licitatorio una vez se cuenten con los conceptos jurídicos solicitados y se revisen todas las observaciones. Subrayó la importancia de conducir el proceso con seriedad y apego al marco jurídico, sin tolerar ningún indicio de favorecimiento o corrupción.

Enfatizó que el Gobierno defenderá los intereses del Estado en los ámbitos administrativo y penal si fuera necesario, y reiteró su determinación de restaurar la normalidad en el funcionamiento de la Cancillería para abordar temas de política exterior y diplomacia de manera efectiva.

En resumen, Murillo busca superar la situación actual para que la Cancillería pueda centrarse en asuntos fundamentales y fortalecer las instituciones del sector sin verse obstaculizada por controversias.

en la mañana de este martes 12 de marzo, la sala de juzgamiento ordinaria de la Procuraduría ha confirmado la continuación de este proceso, a pesar de los intentos de la defensa por solicitar una nulidad por presunta vulneración de los derechos de defensa del ministro Leyva.

El Ministerio Público, haciendo caso omiso a los argumentos de la defensa, ha decidido continuar con la investigación disciplinaria contra uno de los escuderos de Gustavo Petro, alegando que la conducta del canciller Leyva al declarar desierta la licitación y decretar una urgencia manifiesta sin causales justificables, constituyen faltas disciplinarias gravísimas llevadas a cabo con dolo.

“No hay ambigüedad en los cargos”, afirmó el ente al recalcar la claridad de las presuntas conductas irregulares del ministro, lo que ha llevado a su suspensión por un periodo de tres meses.

“El disciplinable (Álvaro Leiva) participó en la etapa precontractual en la licitación pública cuando reasumió la competencia para redirigir el proceso y se declaró desierta la licitación pública”, confirmó la Procuraduría.

Según la Sala Disciplinaria de Instrucción, la actuación de Leyva pudo haber transgredido los principios que rigen la contratación estatal, dejando sin adjudicar la licitación 001 de 2023, lo que lejos de seguir un proceso objetivo, puso en riesgo la rectitud, lealtad y honestidad que se esperaría en el ejercicio de sus funciones.

“El organismo de control profirió cargos al ministro por supuestamente decretar la urgencia manifiesta durante el desarrollo del trámite contractual sin que, al parecer, existieran causales para adoptar esa determinación”, señaló la Procuraduría, enfatizando la participación directa de Leyva en los hechos cuestionados.

La defensa de Leyva argumentó que se estaba vulnerando el derecho a la defensa del canciller al no especificar de manera clara las circunstancias de tiempo, modo y lugar de las supuestas faltas, una posición que la Procuraduría rechazó firmemente. “Se le hace reproche por una conducta”, indicó el organismo, evidenciando su perspectiva sobre la adecuada imputación de cargos.

Ernesto Espinosa, procurador delegado, ha sido una figura clave en la ratificación del proceso disciplinario contra Leyva. Frente a la decisión, la defensa del canciller ha anunciado planes de impugnar, manteniendo una postura de desacuerdo ante lo que consideran una acusación basada en especulaciones.