Procuraduría negó nulidad del proceso contra Álvaro Leyva por licitación de pasaportes: irá a juicio disciplinario

Sigue el drama para el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, que se encuentra en el centro de una investigación por parte de la Procuraduría General de la Nación debido a irregularidades en el proceso de licitación para los pasaportes, involucrando a la empresa Thomas and Greg.

De hecho, en la mañana de este martes 12 de marzo, la sala de juzgamiento ordinaria de la Procuraduría ha confirmado la continuación de este proceso, a pesar de los intentos de la defensa por solicitar una nulidad por presunta vulneración de los derechos de defensa del ministro Leyva.

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El Ministerio Público, haciendo caso omiso a los argumentos de la defensa, ha decidido continuar con la investigación disciplinaria contra uno de los escuderos de Gustavo Petro, alegando que la conducta del canciller Leyva al declarar desierta la licitación y decretar una urgencia manifiesta sin causales justificables, constituyen faltas disciplinarias gravísimas llevadas a cabo con dolo.

“No hay ambigüedad en los cargos”, afirmó el ente al recalcar la claridad de las presuntas conductas irregulares del ministro, lo que ha llevado a su suspensión por un periodo de tres meses.

“El disciplinable (Álvaro Leiva) participó en la etapa precontractual en la licitación pública cuando reasumió la competencia para redirigir el proceso y se declaró desierta la licitación pública”, confirmó la Procuraduría.

Según la Sala Disciplinaria de Instrucción, la actuación de Leyva pudo haber transgredido los principios que rigen la contratación estatal, dejando sin adjudicar la licitación 001 de 2023, lo que lejos de seguir un proceso objetivo, puso en riesgo la rectitud, lealtad y honestidad que se esperaría en el ejercicio de sus funciones.

“El organismo de control profirió cargos al ministro por supuestamente decretar la urgencia manifiesta durante el desarrollo del trámite contractual sin que, al parecer, existieran causales para adoptar esa determinación”, señaló la Procuraduría, enfatizando la participación directa de Leyva en los hechos cuestionados.

La defensa de Leyva argumentó que se estaba vulnerando el derecho a la defensa del canciller al no especificar de manera clara las circunstancias de tiempo, modo y lugar de las supuestas faltas, una posición que la Procuraduría rechazó firmemente. “Se le hace reproche por una conducta”, indicó el organismo, evidenciando su perspectiva sobre la adecuada imputación de cargos.

Ernesto Espinosa, procurador delegado, ha sido una figura clave en la ratificación del proceso disciplinario contra Leyva. Frente a la decisión, la defensa del canciller ha anunciado planes de impugnar, manteniendo una postura de desacuerdo ante lo que consideran una acusación basada en especulaciones.

La Procuraduría General de Colombia ya había confirmado la continuación de la suspensión de Álvaro Leyva en relación con el proceso disciplinario iniciado por supuestas irregularidades en el proceso de licitación de pasaportes con la empresa Thomas Greg & Sons.

Según informó el Ministerio Público, esta medida se mantiene sin posibilidad de recurso alguno para evitar la repetición de las conductas que motivaron dicha suspensión, que comenzó el 24 de enero y podría extenderse por tres meses más, conforme a la legislación colombiana.

El caso contra Leyva surge tras la decisión de la Cancillería colombiana de declarar desierta la licitación para la fabricación de pasaportes, un contrato previamente gestionado por Thomas Greg & Sons. La Procuraduría cuestiona la base fáctica, jurídica y técnica de Leyva para tomar tal decisión, así como por la posterior declaración de urgencia manifiesta por parte de la Cancillería, al considerar que existía al menos una empresa que cumplía con los requerimientos estatales para adjudicarse el contrato.

Desde el pasado 6 de marzo se retomó el proceso disciplinario contra el exfuncionario, quien sostiene que su intervención en la licitación estuvo alineada con las normativas nacionales, especialmente después de la orden dada por el presidente Gustavo Petro, quien prohibió cualquier contratación a un único oferente.

Sin embargo, el Ministerio Público argumenta que la actuación de Leyva pudo haber vulnerado los principios que rigen la contratación pública en Colombia, tanto en la suspensión de la licitación original como en la declaración de emergencia sin justificación aparente.