Nuevo llamado de atención a Petro por el cumplimiento de una norma que afectaría la economía de los colombianos

La modificación de la regla fiscal, la norma que establece un límite para el endeudamiento del Gobierno nacional (el límite de deuda es igual a 71% del Producto Interno Bruto -PIB- y el ancla de deuda es igual a 55% del PIB), viene generando polémica desde hace varios meses.

En diferentes ocasiones, tanto el presidente Gustavo Petro, como algunos funcionarios del Gobierno sugirieron que es necesario hacerlo para tener más capacidad de ejecución, pero expertos aseguran que esto le traería inconvenientes al país, sobre todo, en cuanto a la desconfianza de los mercados, limitaría el grado de inversión y haría que capitales salieran del país.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Incluso, la calificadora de riesgo Moody´s advirtió que el “Gobierno Petro, como en el fútbol, juega al límite”, al referirse a lo que pretende el actual mandatario. Es más, hasta el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo aceptó que tuvo desencuentros con el mandatario por esta iniciativa.

Ahora, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) de Colombia se pronunció al respecto y todo indica que no quedaron muy buenas sensaciones. En un documento reconoció que el Gobierno nacional cumplió con el déficit fiscal máximo trazado por la Ley de la Regla Fiscal para 2023 (balance total -4,3%, balance primario -0,4%, balance primario neto estructural -1,3% del PIB).

Ante esto, el Carf calcula que la deuda neta como proporción del PIB se redujo a 53,1% (4,7% del PIB menos que en 2022). El año pasado, la deuda neta cerró por debajo del ancla definida por la Ley para esta variable, de 55% del PIB.

Recordó que la regla fiscal incorpora los ciclos en el ingreso petrolero y en la actividad económica, con lo cual, entre el MFMP y el cierre de 2023 se generó espacio fiscal que permitió al Gobierno realizar gasto estructural adicional.

Así las cosas, enfatizó en que el Plan Financiero para 2024, que publicó el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, contiene proyecciones de ingreso y gasto que muestran un déficit de 5,3% del PIB para 2024. Entonces, “las necesidades de financiamiento para cubrir ese déficit y pagar las amortizaciones llevarán la deuda a 57% del PIB en 2024″.

El Carf señaló que el ministerio manifiesta que con este déficit se cumpliría la Regla Fiscal en 2024, para lo cual se ha programado un ajuste del gasto primario sin Fepc, frente al monto aprobado en el Presupuesto General de la Nación (PGN), por cerca de $20 billones.

Sin embargo, la entidad insistió en que el Gobierno todavía incluye como ingreso $10 billones por arbitramento de litigios como ingreso en el Plan Financiero para 2024, por lo que considera que estos recursos son ingresos no estructurales, porque resultan de una “desacumulación” de un activo contingente y que, por tanto, no deberían programarse para financiar gasto estructural.

“En consecuencia, para que la programación fiscal en 2024 cumpla con la regla fiscal se requiere una reducción adicional en el balance primario por 10 billones”, apuntó.

Con respecto del proceso de consolidación fiscal necesario para avanzar en la senda que prevé la transición hacia los objetivos de la regla fiscal, el Carf llamó la atención sobre el nivel de gasto primario sin Fepc para 2024, de 18,7% del PIB. Este valor solo es comparable con el gasto primario observado durante la pandemia (19,8% del PIB para el promedio de 2020 y 2021).

Con esto, se ve que según el Plan Financiero, el gasto primario sin Fepc se incrementaría 1,3% del PIB en 2024, frente a 2023, sin que haya un crecimiento equivalente por el lado los ingresos. Incluyendo el arbitramento de litigios y un monto importante por gestión y eficiencias de la Dian, los ingresos crecerían solo 0,4% del PIB.

Como resultado de lo anterior, el Carf ve que el Plan Financiero presenta valores del déficit fiscal y del déficit primario, que interrumpen las sendas decrecientes que se habían observado para estas variables desde 2020.

“El año 2024 sería el quinto año consecutivo en el que el Gobierno nacional presenta déficits fiscales mayores al 4% del PIB. El Carf hace un llamado para que se avance con la consolidación fiscal del país, se programe gasto público financiado con recursos estructurales y con ello se genere mayor confianza en la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo”, agregó.

Insistió en que para lograr la consolidación de las finanzas públicas será muy importante que el país regrese a tasas de crecimiento económico cercanas al crecimiento tendencial, y que los incrementos en el gasto primario sean financiados con aumentos de los ingresos estructurales.